El Consejo Directivo Central (Codicen) de Uruguay se propone que la educación sexual llegue, por fin, para quedarse. Este organismo creará una comisión asesora amplia y plural para elaborar un plan que se aplicaría a partir de 2007 en todos los niveles del sistema educativo público.

(Mujereshoy) En abril pasado, profesionales de diversas disciplinas constituyeron un grupo de trabajo con el objetivo de aportar técnicamente a las autoridades responsables de elaborar una política pública consistente que, según encuestas de opinión pública, contaría con el 90 por ciento de apoyo. Un documento presentado el 6 de octubre en el Palacio Legislativo, inclusivo de propuestas concretas de acción, se inscribe en esa línea.

“Dado que la sexualidad es un aspecto inherente al ser humano, a su cotidianeidad, a las diferentes etapas y ámbitos que transita a lo largo de toda la vida, a sus formas de vincularse, de hacer, sentir y pensar, y que existe en todas y todos sin exclusión de ningún orden, la convierten en una dimensión que requiere ser legitimada y valorada en el ámbito público, rompiendo la dicotomía público-privado”.

Así comienza el documento elaborado por el interdisciplinario Grupo de trabajo en educación sexual que integran Yannine Benítez Villar, Gastón Boero, Stella Cerrutti, Andrés Flores Colombino, Teresa Herrera, Darío Ibarra, Juan José Meré, Sergio Meresman y Mara Saráchaga.

“Educación sexual se denomina al proceso educativo continuo vinculado profundamente a la formación integral de niños y jóvenes que les aporte información científica y elementos de esclarecimiento y reflexión para incorporar la sexualidad de forma plena, enriquecedora, responsable y saludable en los distintos momentos y situaciones de la vida”, definen las y los profesionales que no dudan en calificar a la sexualidad humana como un derecho humano fundamental, universal e indivisible, incluyendo en su perfil los aspectos afectivo, procreativo, placentero, ético, comunicacional y creativo.

En tal marco conceptual, la educación sexual contribuye a mejorar la calidad de vida, promoviendo la salud integral; permite “formar ciudadanos autónomos con capacidad de optar, reconoce la libertad de la persona y contribuye a liberarla de prejuicios, mitos y errores que inevitablemente se asumen como consecuencia de la socialización y la educación formal”.

Costos de la omisión estatal

La omisión del Estado en su instrumentación “no es neutra”, afirman, ya que “promueve y sostiene un orden preestablecido”.

También tiene altos costos que se miden en el crecimiento de la epidemia de VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual (en los últimos cinco años su prevalencia pasó del 0,23 por ciento al 0,43 por ciento, afectando preferentemente a jóvenes de entre 15 y 34 años); en el incremento del embarazo adolescente discriminado según nivel socioeconómico (un cuarto de los partos atendidos en el Hospital Pereira Rossell corresponden a adolescentes de entre 12 y 19 años, mientras que en la asistencia privada el porcentaje oscila entre un 4 y un 5 por ciento); en iniciación sexual cada vez más temprana (de 14 a 17 años en promedio) como desinformada, con bajos niveles de anticoncepción y altos de disfunciones sexuales.

“La sexualidad ha constituido uno de los escenarios privilegiados de dominación hacia las mujeres y sus cuerpos desde el sistema patriarcal, otorgándoles un rol ligado a mitos como la mujer-madre, el placer ligado a la reproducción, la pasividad sexual y la dependencia como inherente a la feminidad, la necesidad de protección masculina, etc. Estos paradigmas sostienen modelos de dominación, antidemocráticos, sobre los que se configuran las identidades sociales y de género, en condiciones propicias para su naturalización, legitimación e invisibilidad de la violencia simbólica que se ejerce sobre las y los actores sociales”, advierte el documento.

En Uruguay muere una mujer por violencia doméstica cada nueve días; en un tercio de los hogares de Montevideo y Canelones esta violencia está presente, y en uno de cada diez las mujeres están sometidas a violencia sexual, según un estudio de prevalencia del problema realizado por Teresa Herrera y Asociados, del que también surge que 8 por ciento de las encuestadas fue abusada sexualmente de niña, y que en los hogares constituidos por jóvenes de entre 15 y 21 años la prevalencia de la violencia doméstica triplica la de los hogares adultos.

Estos costos no son ajenos a la ausencia de educación sexual, que se reclama constante, sistemática e involucradora de la participación de diversos actores sociales.

Propuestas desde la experiencia

El diseño de una política pública en la materia no partiría de cero: hay una rica experiencia acumulada en el desarrollo de programas y acciones.

Desde esta perspectiva, el Grupo de trabajo sobre educación sexual evalúa que “hay mayores probabilidades de incorporar la educación sexual (formal, informal y no formal) si esta va vinculándose a los programas y servicios existentes de tal manera de potenciar las acciones, evitar la superposición de esfuerzos y administrar eficientemente los recursos disponibles a través de intervenciones integrales e integradas”.

Así, en escuelas, liceos, establecimientos de formación docente, debería asociarse con el proceso de transformación educativa. En la Universidad de la República puede avanzarse incorporando los estudios sobre sexualidad, género y derechos sexuales y reproductivos en el currículo de la formación de grado.

Paralelamente, habría que impulsar estrategias de educación informal y no formal orientadas a las poblaciones excluidas del sistema educativo formal, sin olvidar a niños y niñas con necesidades especiales.

Desde una perspectiva cultural amplia, se proponen campañas educativas masivas a través de los medios de comunicación, que promuevan el ejercicio pleno y responsable de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos.