Brasil y Colombia pasaron a liderar la batalla continental por la despenalización y legalización del aborto. Mientras en esos países hay procesos judiciales y legislativos en marcha, en el resto del continente las aguas tampoco están mansas, como por ejemplo en Argentina y Uruguay. En Chile y Venezuela, en tanto, algo se mueve.

(Mujereshoy) Si el mapa del continente americano reflejara la situación del aborto en cada país, sería difícil terminar de dibujar las fronteras. Cuando una línea parece estabilizarse, en otra región hay que empezar el trazado de nuevo.

Así fue desde el 2004 y siguió durante el 2005. Un geólogo diría que estamos en una fase de movimientos de la tierra, algunos más profundos y otros más superficiales, pero las capas están moviéndose en un ondular que tiende, salvo excepciones, a la despenalización.

Si a fines del 2004 parecía que el proceso continental era liderado desde el Cono Sur por Argentina y Uruguay, en este momento los ejemplos continentales son Colombia y Brasil, fundamentalmente este último, señala en su artículo la periodista Sandra Chaher, de Artemisa Noticias.

La batalla recién empieza

El pasado 27 de septiembre entró al Parlamento brasileño un proyecto de ley que prevé la despenalización del aborto en todos los casos. Elaborado por una comisión tripartita convocada desde el Poder Ejecutivo, el proyecto de Ley Nº 1.135/91 propone que el embarazo pueda ser interrumpido hasta la decimosegunda semana de gestación; en caso de “violencia sexual” hasta la semana 20; y también podrá ser interrumpido en cualquier momento en caso de riesgo de vida para la mujer, una anomalía encefálica grave en el feto o si se manifestara incompatibilidad con la vida.

Apoyado por la Secretaria Especial para los Derechos para las Mujeres, la médica Nilcea Freire –quien convocó a fines del 2004 a la comisión tripartita que se encargaría de revisar la legislación punitiva sobre el aborto–, el proyecto cuenta también con el respaldo de varios ministros y, fundamentalmente, con el del presidente Ignacio Lula Da Silva.

Lula ya había dado señales de su compromiso en defensa de los derechos sexuales y reproductivos cuando, en marzo del 2005, dictó una norma que permite que las mujeres violadas exijan que se les practique un aborto en las instituciones públicas tomando en cuenta su palabra, sin necesidad de denuncia policial.

Actualmente, el aborto en Brasil sólo está permitido en casos de violación y cuando está en riesgo la vida de la mujer. Sin embargo, es la cuarta causa de muerte materna, y se calcula que anualmente se realizan entre 700 mil y un millón de abortos.

Si bien, como era previsible, la Iglesia ya manifestó su disconformidad, y se prevé una dura batalla parlamentaria, son muchos los sectores de la sociedad que apoyan la iniciativa del Ejecutivo. Desde el movimiento de mujeres hasta la Asociación de Abogados y miembros de la Corte Suprema de Justicia, además de algunos medios de comunicación que el pasado 8 de marzo dieron una cobertura extraordinaria al Día Internacional de la Mujer dedicando la mayoría de las notas al tema del aborto.

Boca de dama

En Colombia las aguas también están siendo agitadas por mujeres. Lina Moreno, la esposa del presidente Álvaro Uribe, acaba de sumarse a la polémica que atraviesa el país desde comienzos de este año declarando que está a favor de la despenalización “en casos especiales”: si hay violación o riesgo de muerte de la madre o el bebé.

Sus declaraciones sorprenden por varias razones: provienen de una primera dama que hasta ahora se había mantenido prescindente sobre temas políticos; fueron argumentadas con datos y en el marco de una relajada entrevista; y… contradicen las opiniones de su marido, el presidente (ver link interno, Primera Dama de Colombia a favor de despenalizar el aborto).

En agosto de este año, después de que Colombia ratificara el Protocolo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, el presidente Álvaro Uribe debió salir a declarar que no estaba a favor de la despenalización del aborto ni lo promovería, ya que la ratificación del convenio internacional había generado malestar en diferentes actores sociales que especulaban que el próximo paso del gobierno sería impulsar un cambio en la legislación punitiva.

Esto sucedió en el marco de un gran debate nacional sobre el tema que comenzó en abril de este año, cuando la abogada Mónica Roa pidió a la Corte Constitucional de su país declarar inconstitucional el artículo 122 del Código Penal que considera que abortar es un delito en cualquier circunstancia. Roa alegó que castigar a una mujer por interrumpir su embarazo cuando se encuentra en peligro su vida o su salud, cuando el embarazo es el resultado de una violación, y/o cuando el feto sufre una malformación incompatible con la vida extrauterina viola el derecho a la igualdad, a la vida, a la salud, a la dignidad y al desarrollo de las mujeres.

Las reacciones contra el gesto de Roa fueron bastante lejos, aún para quienes están acostumbrados a las avanzadas de la Iglesia Católica. Fue amenazada de muerte, alguien entró a su casa y le robó la computadora y la agenda electrónica, y fue acusada de ser “enviada de las multinacionales de la muerte y promover el genocidio de niños”.

Y para que realmente escarmentara, en un foro realizado en Bogotá, cuyo auditorio y panel estaban compuestos mayoritariamente por defensores de la penalización, muchos de los presentes llevaban chupetes de bebé colgados del cuello y sus dos colegas en la disertación utilizaron fotos de fetos en formación para explicar cómo con el aborto se acababa una vida humana…

Unos meses después de la acción judicial de Roa, en agosto, el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, hizo un pedido similar al de la abogada también ante la Corte Constitucional. Los argumentos de Maya fueron que la tipificación y sanción del aborto es inconstitucional cuando se encuentra en peligro la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo se produce sin consentimiento de la mujer, cuando es producto de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentida, y cuando existe grave malformación o enfermedad en el feto. Todo esto argumentado por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia vida.

En medio de uno de los debates más acalorados que se recuerdan en Colombia, la Corte Constitucional deberá decidir antes del 12 de diciembre si despenaliza el aborto en casos extremos. Si lo hace, el país dejaría de estar entre el 0,4 por ciento de naciones con una legislación tan restrictiva. En América, sólo Colombia, Chile y El Salvador tienen leyes que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia.

La promesa rioplatense

La gran promesa que fue Uruguay en el 2003, cuando la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de Ley de Defensa de la Salud reproductiva que despenalizaba la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación –y cuando el Ministerio de Salud dictó las normas que permiten a los médicos de la maternidad más importante de Montevideo asesorar sobre la interrupción del embarazo con medicamentos–, se transformó este año en un gran signo de interrogación.

Poco después de esos logros, el Frente Amplio ganó las elecciones nacionales y la efervescencia inicial hizo pensar a muchos que el proyecto se transformaría en ley. Pero quienes sabían cuán católico era el futuro presidente Tabaré Vázquez no albergaban tantas esperanzas. Poco después, el nuevo presidente en ejercicio anunció que vetaría cualquier resolución legislativa que despenalizara el aborto y que, como mucho, estaba dispuesto a aceptar un referéndum sobre el tema.

Las feministas que integran el Frente Amplio no se muestran completamente escépticas y dicen que el secreto es dejar la discusión por el aborto para el 2006, después que el gobierno haya salido del trance de discutir el presupuesto quinquenal (ver link interno, Uruguay: ¿Qué va a pasar con el aborto?).

Desde otros sectores sociales, las percepciones sobre lo que sucede hoy en Uruguay, van desde visualizar la actual calma como el caldo de cultivo en el que se están sembrando los votos para la discusión en el Parlamento, hasta considerar que se trata de un estancamiento de la movilización popular que en el 2003, en plena discusión legislativa, se había mostrado en un 70 por ciento favorable a la despenalización.

Argentina, otro país que prometía a comienzos de este año, mantiene el estado deliberativo, pero sin novedades.

El movimiento de mujeres sigue batallando y, para el 25 de noviembre, Día de Acción contra toda Violencia hacia la Mujer, está prevista una Marcha Federal en todo el país por la despenalización del aborto como cierre de la primera etapa de la Campaña por el Derecho a un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Pero desde el Ejecutivo y el Legislativo, las voces de apoyo se llamaron a silencio en los últimos meses ante la inminencia de las elecciones legislativas del pasado 23 de octubre. Si bien fue un tema que estuvo presente en la campaña política fue por insistencia de los medios de comunicación y no porque los candidatos –salvo contadísimas excepciones– lo tomaran como bandera. Y desde el Ejecutivo nacional y provincial, que había dejado escuchar voces de apoyo varias veces a lo largo de este año, también decidieron callar para no generar rispideces con la Iglesia Católica.

En Argentina, el aborto es la primera causa de muerte materna, se realizan entre 500 mil y un millón de abortos clandestinos por año, y no está penalizado sólo cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando es producto de una violación, o cuando es el resultado de “un atentado al pudor” de una mujer idiota o demente.

Señales

Venezuela y Chile son dos casos de pequeña movilización. No están sucediendo grandes cosas, pero algo se está moviendo.

En Venezuela, donde el aborto es permitido sólo cuando está en peligro la vida de la mujer, las organizaciones de mujeres presentaron un proyecto de reforma del Código Penal en diciembre del 2004. El argumento utilizado para apoyar la despenalización es que resolvería los problemas generados por el incesto o el embarazo producido por una violación. Y, para lograr su sanción, vienen realizando diversas manifestaciones en lo que va del año frente a la Asamblea Nacional (el Parlamento).

En Chile, donde el aborto es la primera causa de muerte materna no hay excepciones en la ley: la interrupción del embarazo está prohibida en todos los casos. Pero, a diferencia de otros países, se trata de una medida relativamente nueva: hasta 1989 se permitía el aborto terapéutico, excepción que fue prohibida por la dictadura de Pinochet.

Sin embargo, una encuesta realizada este año muestra cierta liberalización en la opinión pública favorable a la despenalización, sobre todo entre las mujeres más jóvenes. El estudio, realizado por el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile a instancias de la Corporación Humanas, dio como resultado que un 67 por ciento de las chilenas apoyan la interrupción del embarazo en caso de que la salud de la mujer corra grave riesgo.

El apoyo disminuye a medida que se proponen otras circunstancias consideradas habitualmente “menos graves”, como las malformaciones fetales que hagan imposible la vida extrauterina del feto (58 por ciento de apoyo) o una violación (55 por ciento).

La encuesta se realizó a más de mil mujeres de todo el país y de todos los sectores sociales, y los datos para realizarla fueron sacados de los registros electorales, cuyas inscritas se declaran católicas en un 74 por ciento de los casos.

A contramano

La tendencia mundial es hacia la liberalización de las puniciones sobre el aborto: porque se realizan muchos abortos clandestinos con consecuencias negativas para la salud física y psicológica de las mujeres; porque muchos terminan directamente con la vida de las mujeres; porque la atención hospitalaria de las que llegan con un aborto mal hecho representa un alto costo para el sistema sanitario; porque la experiencia de los países donde se lo despenalizó o legalizó es que la cantidad de abortos disminuyó, además de realizarse en condiciones que no ponen en riesgo la vida de las mujeres; y porque es un derecho de las mujeres decidir qué quieren hacer con su cuerpo y sus vidas.

Estados Unidos es el único país del continente, y quizá también del mundo, que está yendo a contramarcha de esta tendencia generalizada.

Allí el aborto está legalizado desde 1973. En 1992, el Parlamento sancionó una ley que prohibía el aborto si la gestación estaba avanzada, pero el entonces presidente demócrata Bill Clinton lo vetó. En octubre del 2003, el Congreso volvió a sancionar la ley y esta vez se encontró con todo el respaldo del presidente republicano y conservador George W. Bush.