(México) Aunada a una deficiente procuración y administración de justicia, particularmente en los casi 300 asesinatos de mujeres, Ciudad Juárez, Chihuahua, enfrenta serios problemas generados por las condiciones de atraso y marginación de una parte importante de la población.

Falta de agua potable, serias limitaciones de suelo y deficiente infraestructura vial y de transporte marcan a esta ciudad fronteriza con El Paso, Texas y Sunland, Nuevo México.

Considerada como una de las mayores zonas urbanas de la frontera con Estados Unidos, Ciudad Juárez se ubica a mil 229 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Tiene una población cercana a los dos millones de habitantes y registra un intenso intercambio comercial, social y cultural.

Un diagnóstico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señala que Ciudad Juárez confluyen problemáticas que imprimen un matiz específico a la ciudad, como son el narcotráfico, la migración ilegal y la trata de mujeres, entre otras.

El organismo, integrante del Comité Promotor de la Campaña ¡Alto a la Impunidad: Ni Una Muerta Más!, revela que la población urbana creció en los 10 años pasados a un promedio de del 3,7 por ciento anual, mientras que la población rural permaneció prácticamente sin cambio.

La CMDPDH señala que, en términos generales, Ciudad Juárez tiene una clara diferenciación en el perfil socioeconómico: en el poniente se asienta la población de menores ingresos. Por su parte, salvo algunas colonias del oriente, los estratos medios y altos de la población habitan en el resto de la ciudad.

En la zona poniente vive alrededor del 50 por ciento de la población de Juárez, casi 600 mil habitantes con niveles de bienestar particularmente bajos.

Existen en el sector únicamente una escuela preparatoria y seis secundarias oficiales, grandes áreas carecen de los servicios básicos de agua potable y drenaje; ahí se registra el mayor índice delictivo de la ciudad y probablemente del estado.

Los servicios relacionados con la salud pública son prácticamente inexistentes, se carece de fuentes de trabajo y la población que labora debe efectuar grandes recorridos para desplazarse ya que las vías de comunicación son escasas y deficientes, agregó la comisión.

Esas condiciones, aunadas a la dinámica que imponen las cientos de empresas maquiladoras nacionales y extranjeras que ahí se establecieron, parecen haber contribuido a elevar en extremo los niveles de violencia en la ciudad, agrega el reporte.

En tanto, las autoridades estatales y municipales están inmersas en una constante pugna por el poder, especialmente entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), lo que no ha favorecido corrupción entre las autoridades, incluso al más alto nivel, concluyó el análisis.