La situación presentada por la invasión estadounidense y fuerzas aliadas al pueblo de Irak, además de indignarnos, nos mantiene en vilo bajo pena de olvidar las cosas que están pasando en nuestro (¿?) territorio nacional, cuyo gobierno es ahora “aliado” de la masacre en Medio Oriente y en su propio nombre, claro, acepta la posibilidad de enviar dominicanos y dominicanas “de buena voluntad” para ir a reconstruir a Bagdad.

Y mientras “nos bombardean” con la versión de una guerra inevitable, santa y salvadora, los medios de comunicación repiten las noticias coladas y escogidas por el Departamento de Estado de la administración Bush, con algunos tamices a veces en árabe, de noticias coladas y escogidas por la administración Saddam, este pueblo nuestro sólo piensa y opina sobre el tema de los buenos (blancos) contra los malos (árabes).

La ocasión permite, entonces, que los acontecimientos nacionales se sigan desarrollando, con una débil cobertura y con mucha menos atención. Y eso es bien peligroso, porque en estos días se han tomado decisiones que nos afectan sin que pudiéramos rebelarnos, comentar, protestar o reclamar.

Una de esas decisiones, son las reformas que se realizan a los Códigos Penal y Civil, cuyos proyectos están en la agenda legislativa y en comisiones, recorriendo los caminos de un proceso que, al final, en el caso de las mujeres, nos sorprenderá y nos aplastará.

Y esto está sucediendo, no sólo en contravención a los compromisos internacionales firmados en eventos realizados en grandes ciudades, en el marco de cumbres y comilonas de “apaga y vámonos”, sino también en violación a los derechos de la mitad del pueblo dominicano: las mujeres, que somos el objeto de esos compromisos y que, por lo demás, decidimos con nuestro voto que gobernantes y equipos de poder nos engañarán. Así de simple.

Existen las Comisiones de Revisión y Actualización del Código Penal y del Código Civil, y teniendo en cuenta que ambas leyes afectan de manera directa los intereses de las dominicanas, absolutamente ninguna reforma debe plantearse sin la participación de una representación sólida de mujeres que conformen una Comisión especializada para intervenir en las reformas pertinentes. Nos referimos a técnicas de la Secretaría de Estado de la Mujer, del Movimiento Social de Mujeres y de la Comisión de Mujeres Legisladoras.

Cada proyecto de reforma, civil o penal, debe contar con el aporte de mujeres preparadas en género: juristas, sociólogas, educadoras, médicas... que sean quienes decidan por consenso con sus respectivas bases institucionales, las cosas que hay que modificar, quitar o integrar a estas normativas, que nos integren más al ejercicio de la ciudadanía plena a la que tenemos derecho como dominicanas.

Los hombres de las comisiones creadas, y algunas mujeres, no tienen visión de género, por lo tanto desechan la variable y reciclan un derecho normado que nos sobregeneralizará dentro de grandes códigos masculinizados que no responden a la realidad que vivimos. (Es lamentable este lapsus del poder, porque en el país hay especialización en género a través del Centro de Estudios de Género, del Intec, desde hace años, con la seguridad de que allí, existen referencias de especialistas).

Cuando se trata de la obligación democrática de integrar a las mujeres a los procesos de reformas, los hombres poderosos suelen argüir: “¡Que se preparen y después hablamos!”. Pues bien, queridos hermanos, ya estamos preparadas, por lo tanto, hablemos.