Un dictamen de la Comisión de la Mujer del Congreso peruano, desconociendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ha causado indignación en las organizaciones de mujeres que ven detrás de esta medida la mano de la Iglesia Católica, cuya máxima autoridad pertenece al Opus Dei.

(Mujereshoy) En una sesión realizada el 5 del presente, cinco congresistas mujeres, algunas del Partido Perú Posible de Alejandro Toledo, votaron a favor de modificar el inciso “f” del artículo 7 de la Ley de Igualdad de Oportunidades, que garantizaba el derecho a salud integral, y en especial la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos. Este punto ya había sido motivo de controversia al interior de la Comisión de la Mujer en otras ocasiones.

Algunas integrantes de la Comisión sostuvieron que los derechos sexuales y reproductivos no estaban reconocidos como tales. Otras, como Anel Towsend, figura de gran peso político y del entorno más cercano a Toledo, insistió que estos derechos forman parte de los derechos humanos de las mujeres. Debido a esta discrepancia, la Comisión acordó solicitar la opinión del Ministerio de Salud (MINSA), del Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Influencia del Opus Dei

Tanto el FNUAP como la OPS ratificaron la validez de los derechos sexuales y reproductivos, salvo el MINSA que expresó una opinión contraria. Finalmente, la Comisión decidió someter a voto este punto, ganando por mayoría.

No es de extrañar la posición del Ministerio de Salud. Existe una fuerte presencia de integrantes del Opus Dei en altos cargos del gobierno de Alejandro Toledo. Un claro ejemplo es el actual Ministro de Salud, Fernando Carbone, quien es un conspicuo miembro de esa organización religiosa, conocida por sus posiciones fundamentalistas frente al aborto y los métodos anticonceptivos.

Desde que Carbone asumió la dirección de ese Ministerio ha venido obstaculizando la entrega de anticonceptivos a los hospitales públicos. Recientemente se negó acatar una resolución emitida en 2001, que autoriza la distribución de la pastilla anticonceptiva de emergencia.

La medida más reciente de establecer un registro de niños por nacer en los hospitales públicos, es la gota que colmó el vaso, dicen las feministas. De acuerdo con esta medida del Ministerio, ginecólogos/as y obstetras tendrán que reportar, a un registro abierto en todos los hospitales públicos, los embarazos detectados en las consultas médicas.

Organizaciones de mujeres y del gremio médico consideran que este registro constituye una violación a la intimidad de las mujeres. “Es como registrar cuánto comemos o cuánto respiramos. Es como meterse bajo las sábanas de una mujer”, dijeron.

Susana Chávez, activista del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, a cargo del programa Derechos Sexuales y Ciudadanía de esa ONG, opina que la medida del Ministro Carbone no tiene ningún asidero técnico o científico. “Responde únicamente a sus posiciones éticas y morales. Según la interpretación particular del Ministro, el concebido existe desde la unión del óvulo y el espermatozoide, sin embargo la Organización Mundial de la Salud reconoce al concebido desde que se aloja en el útero”.

La ofensiva fundamentalista de Opus Dei, como la llaman las feministas y sectores progresistas, se extendió la semana pasada, a la televisión. En la mira del Ministro Carbone está el programa Barra de Mujeres, producido y conducido por integrantes del Movimiento Manuela Ramos. Este espacio que se transmite por Canal N, ha venido criticando las medidas de Carbone respecto a la anticoncepción de emergencia.

Las productoras de Barra de Mujeres denunciaron públicamente las maniobras del Ministerio de Salud para cerrar el programa. En una conferencia de prensa, acusaron a Carbone de ordenar a una de sus funcionarias el envío de una carta para pedir al Congreso de Estados Unidos que suprima los fondos a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución que auspicia el programa.

Aunque el Ministerio negó rotundamente la existencia de esa carta, cuyo facsímil fue reproducido por el diario Correo de Lima, el Movimiento Manuela Ramos obtuvo copia de esa carta por parte de un periodista. Pero hizo más. Para verificar su autenticidad, solicitó, mediante carta notarial dirigida al Ministro Carbone, copia de la misma, amparándose en el Art. 2, inciso 5 de la Constitución del Estado y en el Art. 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública N° 27806.

En este punto, las feministas consideran de mucha gravedad la actitud del Ministro Carbone, por tratarse de un atentado a la libertad de prensa, por el grosero intento de censurar un programa de televisión. En tal sentido, se han dirigido a la Defensoría del Pueblo y al Congreso de la República para poner en conocimiento de estas instituciones este hecho.

La actitud del avestruz

Refiriéndose a la votación de la Comisión de la Mujer, Anel Townsend, del grupo en minoría, dijo que “retirar de las iniciativas legislativas cualquier terminología que aluda o dé a entender cuestiones relacionadas con el género o la sexualidad es tener la actitud del avestruz, que intenta escapar de la realidad”.

Anunció que presentará un dictamen en minoría para subsanar estas ausencias y así expresar “en el Pleno del Congreso la importancia que tiene la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer dentro de un sistema democrático”.

Townsend añadió que el dictamen de la Comisión de la Mujer, que deja de lado a los derechos sexuales y reproductivos, está en contradicción con los compromisos asumidos por el Perú después de la IV Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, respecto a implementar políticas y programas eficaces dirigidas terminar con la discriminación de las mujeres.

Por su parte, las organizaciones feministas peruanas preparan una estrategia para lograr que se revierta la decisión de la Comisión de la Mujer y hacer frente a la ofensiva fundamentalista del Opus Dei.