El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, el Movimiento Manuela Ramos y diversas organizaciones de la sociedad civil consideraron inconstitucional, centralista y discriminatorio el anteproyecto de Ley General de Salud. Éste constituye un repliegue de la responsabilidad estatal en materia de salud reproductiva.

(Lima, Milenia Radio) Las organizaciones mencionadas indicaron que muchos contenidos del proyecto evidencian graves retrocesos en materia de derechos humanos; además, no responden a la Constitución, a la Ley General de Población ni a los consensos políticos alcanzados en el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad. Asimismo, cuestionaron que para su elaboración no se haya establecido canales de consulta con entidades especializadas ni involucrado a organizaciones de la sociedad civil.

Precisaron que el mencionado proyecto de ley vulnera los derechos constitucionales a la salud e inviolabilidad de domicilio, y amenaza la intimidad y libertad personales. Refirieron que en su artículo 18, la propuesta legal faculta al Ministerio de Salud a hacer inspecciones a cualquier bien mueble o inmueble, inclusive con el concurso de la fuerza pública. De otro lado, el artículo segundo señala que una persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico sin su consentimiento previo “cuando la no intervención suponga riesgo para la salud pública”.

Del mismo modo, indicaron que el anteproyecto de ley constituye un repliegue de la responsabilidad estatal en materia de salud reproductiva, al omitir toda mención sobre el derecho de la población de acceder a información y servicios para decidir libremente sobre su fecundidad.

Esta situación cobra especial gravedad en nuestro país, donde alrededor de la mitad de mujeres en edad reproductiva no acceden a métodos anticonceptivos y una muy baja proporción de hombres pueden controlar su fecundidad, lo que produce embarazos no deseados, que generalmente derivan en abortos clandestinos, y por lo tanto en mayor muerte materna.

Una de las principales observaciones de las organizaciones de la sociedad civil al anteproyecto de Ley General de Salud se relaciona con lo establecido por el artículo III del Título Preliminar, donde se asevera que el inicio de la vida de una persona comienza desde su concepción, es decir la fecundación del óvulo por el espermatozoide.

Al respecto, diversos especialistas opinaron que se trata de una definición arbitraria y dogmática, basada en la fe antes que en la ciencia, y que podría ser usada para vetar los métodos anticonceptivos, particularmente la anticoncepción oral de emergencia, recomendada por las sociedades científicas nacionales e internacionales.

La Organización Mundial de la Salud y diversas agrupaciones científicas se basan en la evidencia orgánica de la implantación del óvulo fecundado en el útero para considerar el inicio del embarazo.

Se sabe que sólo el 45 por ciento de óvulos fertilizados llegan a término y el 55 por ciento restante se pierde espontáneamente por razones diversas. Por lo tanto, no tendrían mayor asidero políticas públicas que no se fundamenten en la evidencia científica del embarazo.

Asimismo, el anteproyecto recorta la posibilidad de las personas a recurrir a los avances científicos en materia de fertilidad, y de procrear mediante técnicas de reproducción asistida.

Esa situación se produce porque el texto en mención elimina los artículos 6 y 7 de la Ley General de Salud actual, que reconocen el derecho de toda persona a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, a recurrir a tratamientos frente a problemas de infertilidad y a procrear mediante técnicas de reproducción asistida. De ese modo se desconoce el derecho a la maternidad y paternidad, puesto que, si se aprobara esa norma, las ciudadanas y ciudadanos no podrían demandar esos servicios en los establecimientos públicos de salud.