Traficantes de mujeres

Por otra parte, Shirley Anibale Guerra, religiosa y coordinadora de la Pastoral Movilidad Humana, de Honduras, reconoce la existencia de esta problemática, misma que se agudiza por organismos que trafican con las mujeres, que bajo la promesa de llegar a Estados Unidos, van a parar a Japón o Canadá.

En ese sentido, Guerra sostuvo que sería necesario que México y los países centroamericanos busquen mecanismos reales de cooperación para combatir la corrupción y terminar con la explotación sexual de miles de mujeres, además de impedir el tráfico ilegal de personas, que lamentablemente cada vez se combina más con el narcotráfico.

Destacó que el tráfico de personas es el segundo negocio más rentable del mundo, sólo superado por el narcotráfico y seguido de la prostitución, pornografía y tráfico de armas. Se estima que cada año al menos unas 50 mil personas son víctimas de fraude, coerción o secuestro.

Tal como sucede en México y Guatemala, Costa Rica es un polo de atracción para muchos migrantes nicaragüenses que bajo condiciones de explotación se emplean para la cosecha de café, caña de azúcar y otros productos que ofrece la nación centroamericana, cuya frontera no es la excepción de la regla.

En la frontera que conforman estos dos países, el comercio sexual se nutre de mujeres con cuerpos de niñas, caras bien pintadas para disimular los pocos años, explica Delfilia Dávila Ruiz, de Pastoral Social de Costa Rica, quien afirma que esta situación es resultado de la utilización de políticas migratorias cada vez más severas.

En Costa Rica, añade la entrevistada, las nicaragüenses no sólo son explotadas sexualmente, ya que su precariedad las obliga a tomar trabajos como empleadas domésticas en malas condiciones, discriminación, intensas y extensas jornadas de trabajo, maltrato físico y verbal, salarios bajos, acoso y hostigamiento sexual.

Situación similar viven las trabajadoras domésticas en Tapachula, Chiapas, donde, según un estudio de la Casa del Migrante Tecún Umán, de San Marcos Guatemala, el 90 por ciento son guatemaltecas, algunas salvadoreñas y otras hondureñas, cuyos salarios no superan 400 pesos mensuales.

Además, enfrentan violaciones a sus derechos laborales como despidos injustificados, retención de salarios, falta de prestaciones sociales, jornadas excesivas de trabajo, hostigamiento, maltrato, calumnias, acoso sexual, maltrato físico o verbal y discriminación racial.

Lejos de todo... hasta de Dios

En esa misma ciudad del sur de México, mujeres de entre 14 y 24 años son trabajadoras sexuales: 40 por ciento viene de Guatemala, 35 por ciento de Honduras, 25 por ciento de El Salvador; sólo el uno por ciento es de otra nacionalidad, pero todas se enfrentan al abuso de autoridades sanitarias, así como a la violencia sexual de los dueños de bares y los clientes.
Asimismo, existe alta práctica de abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de estas mujeres.

Casualmente, y a pesar de los muchos testimonios, las cifras sobre violencia sexual no está documentada en las fronteras, lo que sí se sabe es que en Guatemala se cometieron hasta el 58 por ciento de los actos antijurídicos contra migrantes en el primer semestre de 2002, y que fueron Chiapas, seguido de Oaxaca, las entidades mexicanas donde también se violaron con más frecuencia los derechos de las y los migrantes.

Se documentan de igual manera como delitos más comunes el abuso de autoridad y el robo agravado, además de citar que fueron individuos desconocidos los que más actos delictivos cometieron contra migrantes, seguidos de las policías judicial, municipal y del Instituto Nacional de Migración, así como elementos del ejército y la policía de la vía férrea.

Lo cierto, quizá lo único cierto de esta realidad, como asegura el padre Pedro Pantoja Arreola, es que ni el gobierno, la sociedad y ni siquiera la iglesia han podido detener el grito desesperado, la cárcel o la muerte de las y los migrantes en la olvidada frontera sur de México.


Fuente: Cimacnoticias.com