Las potenciales víctimas

Los estudios internacionales demuestran que el modus operandis en la captación de las victimas suele ser similar en los distintos países y obedece a las siguientes características:

• Se reclutan mujeres que nunca han ejercido la prostitución en sus países de origen, lo que les asegura el silencio de las víctimas, producto de la vergüenza y el miedo al rechazo familiar y social al que pueden verse expuestas una vez devueltas a su lugar de origen.

• Son mujeres que presentan grandes carencias económicas y desprotección social que ven una oportunidad de salir adelante en países más desarrollados.

• En la mayoría de los casos se les ofrecen trabajos engañosos. Una vez en el país de destino, se les informa que el trabajo no resultó y que deben prostituirse para pagar la deuda contraída con quienes les financiaron el viaje, deuda que se traduce finalmente en cifras millonarias.

• La mayoría de las veces, las mujeres son llevadas a países cuyo idioma les es desconocido, lo que les provoca un mayor grado de vulnerabilidad y hace casi imposible el acceso a centros de ayuda especializados.

Campaña de sensibilización

Tras las denuncias de las dos mujeres en contra de Anita Alvarado, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) de mujeres de Chile emitieron una declaración pública.

En ella expresan que, más allá de las denuncias sobre una red de tráfico de mujeres que estaría operando desde a Chile a Japón, “el comercio sexual de mujeres es un problema de derechos humanos: un reflejo de que en esta sociedad todavía persisten ‘estructuras’ que mantienen sometidas a las mujeres a prácticas absolutamente atentatorias a los derechos universalmente reconocidos”.

Acerca de las informaciones y juicios que tienden a culpabilizar y responsabilizar a las mujeres reclutadas para el comercio sexual, las ONG son enfáticas al señalar que “el tráfico de mujeres es una de las formas más agresivas de violencia de género: se las despoja de sus documentos de identidad, se las retiene como prisioneras, son constantemente vigiladas y castigadas físicamente ante la más leve sospecha de rebeldía. Por lo tanto, las mujeres son y serán siempre víctimas de este delito ¡Basta de responsabilizar a las mujeres de la violencia que se ejerce en su contra!”

Finalmente, las ONG señalan que más allá de la labor que debe realizar la policía y la justicia para combatir el tráfico de personas, “es fundamental que se desarrollen políticas desde el Estado destinadas a prevenir este delito”.

Las ONG firmantes son, hasta ahora, el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM), la Corporación La Morada, DOMOS, Fundación Instituto de la Mujer, FLACSO, MEMCH, PROSAM, e Isis Internacional.

Fuentes: Mujereshoy, La Morada, Instituto de la Mujer.