El Dr. Alejandro Angulo Fontiveros, coordinador del equipo de abogados (mayoría mujeres, por cierto) que redactó el proyecto de Código Penal que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acaba de apoyar y que pronto será analizado en la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional que prepara las propuestas que se discutirán eventualmente en cámara plena, tiene razón: la gente que en Venezuela apoya al aborto está pasando agachada de nuevo. No quieren perder los financiamientos a sus organizaciones o crear disturbios en su relación de pareja o familiar o con sus patronos. No quieren decir que han pagado a un médico para detener el embarazo no deseado de una hija, de una hermanita o de la novia o esposa. Les dejan el paquete a los legisladores y a los magistrados. Pero en ninguna parte del mundo se ha legislado sobre el aborto sin la participación activa y masiva de las mujeres, las primeras si no las únicas interesadas en que se les garantice el que debería ser un derecho inalienable como seres humanas.

En los años sesenta la lucha de las feministas del mundo era por el aborto libre y gratuito. Se pedía gratuito para que la mayoría de mujeres pobres y jóvenes con un embarazo no deseado, resultado de la ignorancia o de la falta de dinero para acceder al dispositivo intrauterino o a las pastillas preventivas, pudieran solicitarlo en los hospitales públicos. Se llamaba libre, para ratificar que, puesto que para la sociedad tener un bebé es responsabilidad exclusiva de la mujer, pues si no tenía ni el deseo de ser madre ni la manera de criar a un hijo no deseado, podía interrumpir el proceso antes de que se cumplieran tres meses.

Pero la moralina que se acentúa con las décadas fue quitándole la fuerza a la consigna libertaria. No fue el Vaticano sino la fuerza de la autocensura lo que nos hizo dejar de hablar de aborto libre y gratuito y ponernos a hablar de despenalización del aborto, supuestamente para que las derechas se lo tragaran mejor, lo cual no ha pasado. De 1981 fue la resolución de la Asamblea de la Federación Médica Venezolana (FMV), entonces presidida por el Dr. Rosendo Castellanos: proponer la despenalización del aborto en caso de malformación congénita del feto, peligro de vida de la madre, violación e incesto. La iglesia chilló y el Parlamento negó su consideración en la Ley del Ejercicio de la Medicina que se aprobó. Veinticinco años después, el proyecto Angulo ratifica la propuesta de 1981 y apenas agrega un “aborto libre” que, como ya se ha dicho por ahí, no tiene que estar, puesto que el mismo artículo precisa otras cuatro posibilidades. Fue metido ahí por alguna o algún miembro de la comisión que, seguramente, recordó nuestras razones para solicitar aborto libre y gratuito en los años sesenta. O es libre y gratuito o es por las razones de 1981 que dio la FMV.

La interrupción voluntaria del embarazo es una necesidad por razones de salud pública. No es un asunto de las iglesias sino de las mujeres a quienes la ciencia no ha logrado crearles un anticonceptivo cien por ciento seguro, pero que aún en el caso de que estuvieran dispuestas a usar el más seguro de los anticonceptivos, carecen de la institución sanitaria que se los suministre gratuitamente. Eso en el mejor de los casos, pues la experiencia demuestra que un alto porcentaje de las mujeres de las mayorías pobres desconocen que no sólo se puede tener sexo seguro y sin obligación de procrear, sino que desconocen la existencia del Citotex, muy popular en los sectores medios; o de la pastilla del día siguiente, que es legal en Venezuela según las Normas sobre Salud recientemente aprobadas por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y se llama Postinor 2.

Los días pasan y todo parece indicar que las mujeres terminaremos apoyando en la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional la propuesta de Angulo que es la misma de Castellanos en 1981, en lugar de radicalizar la propuesta de un aborto libre y gratuito como hicieron las mujeres organizadas del planeta en los años sesenta. No será porque es la mejor posición a favor de las mujeres, no nos engañemos. Sólo será la más cómoda, porque apenas significará plegarnos a la de los magistrados y legisladores de la mayoría en la Asamblea Nacional.

Martes 12 de octubre de 2004.