Helen Álvarez Virreira

Con el nacimiento de radio Deseo, la primera radioemisora feminista boliviana, surgieron dos espacios de denuncia permanentes: la Galería de padres irresponsables  y la Lista de machos cobardes.

Las mujeres reciben esta iniciativa con sorpresa, les gusta, pero muchas no se animan a difundir los nombres de sus ex parejas o parejas agresoras, porque temen represalias, cosa que no ha ocurrido. El espacio es gratuito durante el tiempo que sea necesario.

En ambos casos, la decisión es voluntaria, lo que implica un acto de fortaleza, pues los listados no tienen carácter coercitivo, sino que se apoyan en la presión social que pueda ejercer el entorno del padre irresponsable y del hombre violento al escuchar su nombre en la radio.

“Es un instrumento con el que las mujeres podemos contar para luchar contra la violencia de la cual somos víctimas, no sólo física, no sólo psicológica, no sólo sexual, no sólo económica, sino de todo tipo”, sostiene Paola Gutiérrez, responsable del área social de Mujeres en Busca de Justicia, el servicio legal gratuito que presta el movimiento feminista boliviano Mujeres Creando.

Delia Álvarez, encargada del área jurídica, dice que esta es una acción directa que funciona.

Radio Deseo es parte de la Virgen de los Deseos, la casa autogestionaria de Mujeres Creando.

La “Galería”

Con la canción “Hombres malvados”, de Paquita la del Barrio (cantante mejicana) como cortina musical, la cuña radial de la Galería de padres irresponsables se emite tres veces al día de lunes a viernes y dos, el fin de semana. La lista llegó a tener 27 nombres, pero ahora son 25, todos documentados, porque dos ya están cumpliendo, al menos, con la responsabilidad económica de su paternidad. 
 
Rosa anotó en la lista a su ex pareja, que la dejó cuando ella tenía un mes de embarazo, y ahora ya recibe pensiones para su niña de dos años. A través de radio Deseo, se dirigió a las mujeres para decirles que no se resignen y que no se dejen amedrentar. Comentó que ella pensó encarar sola su maternidad y lo hizo, pero luego comprendió que así fomentaba la irresponsabilidad paterna. 
 
La hija de cinco años de Janeth también tiene su pensión desde hace tres meses, su papá es policía y no se había hecho cargo de su manutención. Pero apenas le avisaron que su nombre estaba en la lista, el hombre acudió a Mujeres en Busca de Justicia, indicando que “hubiera bastado con que su ex pareja le pida el dinero”, cosa que ella hizo desde que la niña nació. 
 
Machos cobardes

Los nombres de los agresores impunes también se hacen públicos en radio Deseo, así como los lugares donde trabajan. La lista ha sido más bien corta, dos casos, pero con buenos resultados. 
 
El primero fue Kevin Gutiérrez, funcionario de una entidad financiera, que golpeó a su novia y le provocó ocho días de impedimento. La denuncia fue puesta por la mamá y el tío de la joven. Se llegó a un proceso que derivó en conciliación con resarcimiento por daños y perjuicios. 
 
El protagonista del segundo caso es el capitán de Policía Franco Arancibia que golpeó a su esposa y le causó 15 días de impedimento; tras semanas de difusión del aviso, el Comando Nacional de la Policía hizo conocer su retiro indefinido y el agresor enfrenta ahora dos procesos, uno interno en la Dirección Nacional de Responsabilidad Profesional y otro en la justicia ordinaria. Está latente su baja definitiva de la institución. 
 
Las actividades de Mujeres en Busca de Justicia comenzaron en febrero de 2007 y hasta diciembre se atendieron 648 casos de mujeres que sufren violencia; de ese total, más de 300 casos tuvieron que ver con denuncias por incumplimiento de la asistencia familiar. 
 
Algunas mujeres pedían que los nombres de sus ex parejas se hagan públicos, cansadas de siempre aparecer ellas como víctimas, cuenta Paola Gutiérrez, que es trabajadora social. 
 
Burocracia, dejadez y complicidad

Gutiérrez sostiene que uno de los grandes problemas para el pago de la asistencia familiar es la burocracia estatal, ya que cada trámite tarda meses; por eso, mientras se homologan los acuerdos firmados por Rosa y Janeth con sus ex parejas, a pedido de ellas, ambos hombres realizan el depósito del dinero en las oficinas de Mujeres en Busca de Justicia. 
 
La abogada Delia Álvarez, por su parte, explica que el monto mínimo de asignación familiar es del 20 por ciento del ingreso, pero actualmente hay pensiones que equivalen a menos de siete dólares al mes y aún así no pagan. 

El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, que apoya la iniciativa por tratarse de un asunto público “de afectación de derechos” y porque ayuda a acabar con la impunidad, sostiene que hay deficiencias en las instancias judiciales, pues no existen mecanismos para indagar sobre la solvencia de los padres irresponsables. 

Los jueces exigen a los hombres pruebas de capacidad económica, pero éstos “no dejan huellas de su solvencia”. Por eso, lo normal es que se asignen montos bajos que no alcanzan para cubrir necesidades mínimas. 

Ese también es el criterio de la viceministra de género del Ministerio de Justicia, Evelyn Ágreda, quien considera que con esta iniciativa se está rompiendo un círculo en el que “las mujeres éramos las primeras en avergonzarnos de ser víctimas de violencia y de lo que se trata es que se avergüence el agresor”. 

Además, ella reconoce que “hay una alianza muy fuerte entre hombres cuando se trata de la asistencia familiar”. 

Poco que esperar del Estado

Paola Gutiérrez considera que el Estado debía garantizar la responsabilidad paterna, incluyéndola en el nuevo texto constitucional que irá a referéndum, cosa que no ocurrió, porque el cambio que se pregona en el país no contempla asuntos tan profundos y cotidianos como éste o el de la violencia contra las mujeres. 
 
Por lo pronto, es largo el camino para que el Estado brinde una respuesta a las mujeres. La viceministra informó que entre las tareas fundamentales planteadas en este tema está la revisión del Código de Familia y del Código Penal, el diseño de programas que fomenten la responsabilidad paterna y el impulso a las reformas judiciales; para ello, además de trabajar con el sistema judicial, se ha previsto un intercambio de normativas entre los países andinos. 
 
Ágreda no descarta, al menos, considerar que se pueda replicar en Bolivia la experiencia del Perú, país que, desde el 22 de enero, cuenta con el Registro de Deudores Alimentarios creado por el Poder Judicial. 
 
Cuando se le hizo la consulta, lanzó una carcajada: “habría que empezar por casa y si empezamos por casa, realmente se afectarían muchos intereses”, indicó refiriéndose a autoridades en ejercicio y otras personalidades que también son padres irresponsables. 
 
El Defensor sostiene que es importante asumir un conjunto de medidas coercitivas contra los padres que eluden sus obligaciones. “El Congreso tendría que hacerlo, pero las instituciones pueden hacer la propuesta bajo la iniciativa ciudadana”. 
 
Lo concreto por ahora es que Rosa y Janeth han dejado de ser y de sentirse víctimas, y que dos agresores están rindiendo cuentas ante la justicia y ante la sociedad. 
 
Editado por Mujeres Hoy

Fuente: Especial de SEMlac, marzo 2008.