Chile: Derechamente machista

Francisco Ramírez

Un estudio de la Corporación Humanas a los parlamentarios a la hora de votar leyes relacionadas para incrementar la protección del género femenino, reveló una postura común y conjunta de la derecha política del país. Las conclusiones fueron sintetizadas en el estudio “Mapa de actores del Poder Legislativo.

Las leyes tienen como misión regular la convivencia social y sancionar a quienes las infringen. Pero lo que sucede en las salas parlamentarias donde son discutidas y aprobadas generalmente no es de conocimiento público. ¿Qué dicen los parlamentarios al apoyar u oponerse a las iniciativas que evalúan?

Con el fin de conocer cuál era la posición de los parlamentarios con respecto a normativas emblemáticas en la defensa de los derechos de la mujer, la abogada Camila Maturana y la socióloga Mariela Infante, ambas de la Corporación Humanas, organismo consagrado a la defensa de los derechos humanos y la justicia de género, realizaron un estudio en torno a las leyes de acoso sexual y violencia intrafamiliar con el fin de identificar qué parlamentarios resultaban claves como defensores o contrarios en la materia, consignando también si su pertinencia partidaria influía en su votación.

De sus conclusiones se desprende que la Concertación y la Alianza por Chile no son lo mismo en materia moral y valórica y que por estos días si bien se puede vocear mucho sobre estar motivado en los valores del “humanismo cristiano”, predicar no es igual que practicar.

No con elástico

El estudio de la Corporación Humanas es categórico al indicar quiénes se destacaron por un verbo contrario a la causa de la mujer en la tramitación de la Ley de Acoso Sexual, promulgada por el Presidente Lagos el 8 de marzo de 2005. El proyecto de ley tomó más de diez años en ser aprobado, tipificando el acoso sexual como delito.

Pero en el Congreso no todas las posturas fueron similares, como subraya el estudio. Quienes registraron mayor cantidad de argumentos desfavorables a la defensa femenina en el debate fueron la diputada María Angélica Cristi (UDI) y el senador institucional Fernando Cordero y aquellos que argumentaron al menos dos veces de manera contraria sin “registrar ninguna intervención como aliados” serían la diputada Marcela Cubillos (UDI), los diputados Rodolfo Seguel (DC), y René García (RN) y los senadores designados Julio Canessa y Fernando Cordero.

“Nadie puede aceptar que en el futuro una mujer, aprovechando la causal del acoso sexual, la utilice para obtener beneficios económicos de un empleador que no ha tenido la menor intención ni ha ejercido el más mínimo acto constitutivo de acoso sexual”, pronunció ante sus pares el diputado RN Maximiano Errázuriz el 8 de noviembre de 2000.

No fue el único.“Aquí estamos estimando que tocar el hombro y dar un apretón a la secretaria cuando uno llega en la mañana es acoso sexual. Me siento feliz de saludar de esa manera a mi secretaria. Nunca he acosado a alguien…. En consecuencia, debe ser frustrante que no les digan lo bien que se ven y que pasen inadvertidas como mujeres. Lo digo derechamente: debe ser atroz para una mujer que nadie se fije en ella, que no la miren y que sea una persona chantada en una oficina”, señaló el diputado RN René Manuel García en 2000.

“Estamos metidos en un zapato chino porque el acoso sexual es un tema complejo, un problema de la vida en el que intervienen factores instintivos, naturales de la mujer y del hombre que son la base de nuestra supervivencia”, sintetizó por su parte el senador institucional Ramón Vega, en 2004.

La diputada UDI María Angélica Cristi también tuvo una curiosa argumentación: “Cuando una mujer dice ‘no’ con elástico, va a ser víctima de acoso. El ‘no’ con elástico se manifiesta frente a una insinuación, a una invitación, diciendo: ‘Bueno, hoy no puedo porque debo llegar a mi casa temprano; hoy no puedo porque me duele la cabeza; hoy no puedo porque debo estudiar’, con lo cual, a lo mejor, deja abierta la posibilidad para otro día. En esas circunstancias, esa mujer ya dio el paso para que quien la acose tenga la posibilidad de volver a molestarla”.

Culpa del adulterio

La Ley sobre Violencia Intrafamiliar fue promulgada el 22 de septiembre del año 2005 por el Presidente Ricardo Lagos y comenzó a regir el 3 de octubre con la entrada en vigencia de los Tribunales de Familia. Fueron las diputadas María Antonieta Saa y Adriana Muñoz (PPD) las que presentaron en 1999 una moción para reemplazar la ley vigente (1994) sobre la materia con el fin de aumentar la sanción a los hechores y la protección a las víctimas. Efectivamente, la normativa amplió el rango del concepto de violencia intrafamiliar al tipificar como delito el maltrato habitual en tanto ejercicio reiterado de violencia física o síquica sancionándolo con pena de 61 a 540 días.

La discusión a veces se tornó agria y en el Parlamento se escucharían planteamientos singulares, venidos fundamentalmente de la derecha, en defensa de victimarios que podrían sentirse vulnerados al verse sindicados como agresores y otros que aludirían a factores culturales propios de nuestra sociedad que explicarían la violencia intrafamiliar pero reduciéndola casi a mal endémico nacional.

Las investigadoras de Corporación Humanas se hicieron presentes en Valparaíso justamente para apuntar el discurso de los parlamentarios y determinar si la votación concordaba con sus posturas. Para ello se abocaron a las discusiones generales y particulares del proyecto de ley en su paso por la cámara baja y el Senado, además de su discusión mixta, entre 2003 y 2005.

Tal como en el acoso sexual, tomaron como variantes de análisis causas, definición, penalización y concepto de familia en que sustentaba la legislación.

En los diputados concertacionistas advirtieron un discurso claro en torno a que el maltrato a las mujeres está entramado en la cultura machista del país basada en la supremacía del hombre sobre la mujer, saliendo igualmente con fuerza al paso de algunos legisladores de oposición para quienes el hombre puede agredir frente a un engaño de su pareja. Plantearían también como inadecuado el establecimiento de acuerdos reparatorios al no haber, a todas luces, un diálogo entre partes iguales. Fundamental en sus concepciones sería la penalización de la violencia sexual en la ley, así como la necesidad de aumentar las sanciones contra los autores de violencia intrafamiliar, la que debía ser calificada llanamente como delito en vista de los numerosos casos de mujeres agredidas hasta la muerte por sus parejas.

Si bien Corporación Humanas da cuenta que hubo legisladores de oposición que adhirieron a algunas directrices, igualmente registra que otros esgrimieron argumentos negativos para la protección de la mujer.

“La causa más importante de la violencia intrafamiliar sigue siendo el adulterio; es decir, la falta de fidelidad de los compromisos matrimoniales. Obviamente, el adulterio provoca en el cónyuge engañado una reacción que lo incita a la violencia”, argumentó en la ocasión el diputado UDI Gonzalo Ibáñez (2 de julio de 2003).

“Muchas veces la prisión del alimentante, desafortunadamente, lo hace perder su trabajo, con lo que se generan más problemas en el núcleo familiar”, reflexionó el diputado UDI Manuel Rojas en la misma discusión.

“Se tipifican como delito los actos de violencia intrafamiliar, lo cual no me parece razonable, ya que si bien un acto de esa naturaleza es inmoral, no siempre constituye delito”, sostuvo la diputada Rosa González (UDI) en junio de 2005.

Tras clasificar el discurso parlamentario, se determinó que las diputadas que argumentaron más contundentemente a favor de los derechos femeninos fueron María Antonieta Saa (PPD), Alejandra Sepúlveda (DC), Isabel Allende (PS), Ximena Vidal (PPD), María Eugenia Mella (DC) y Lily Pérez (RN).

En el vértice opuesto están los opositores más reiterados: diputados Manuel Rojas (UDI) y Pedro Araya (DC), quienes junto a María Angélica Cristi (UDI) “registran la mayor cantidad de argumentaciones negativas”, según el estudio.

Lo que dijeron las urnas

El trabajo parlamentario se desarrolla usualmente mediante votaciones “en bloque”, práctica que no escapó a esta legislación. La situación es relevante porque lo que se votaba incidiría en la integridad física y sicológica de las mujeres maltratadas. De todas formas y según el estudio, el posicionamiento unitario fue transversal al registrarse “consistencia al interior de los partidos políticos a la hora de votar; es decir, la mayoría de los parlamentarios de una colectividad se alinean en torno a una postura”.

Para registrar el parecer parlamentario en materias fundamentales desde el punto de vista punitivo para restringir la impunidad del maltrato a la mujer, las investigadoras seleccionarían el voto de dos artículos particulares.

El primero fue respecto a la restricción de beneficios para los victimarios (artículo 15), que arrojaría que la UDI en bloque -salvo el diputado Felipe Salaberry- mostraría su disconformidad con la normativa “ausentándose de la sala y absteniéndose mayoritariamente”, mientras que RN sí manifestaría aprobación salvo los diputados Pablo Galilea y Maximiano Errázuriz, como lo harían también las tiendas del gobierno, sin contar a los legisladores Enrique Jaramillo (PPD) y José Pérez (PR).

En la otra arista se abordó la tipificación como delito de la violencia intrafamiliar (artículo 8), estableciéndose un escenario en que la Concertación votó favorablemente en conjunto, registrando como ausentes a tres miembros del radicalismo; mientras que Renovación Nacional se mostró ambivalente pues casi en igual porcentaje sus representantes aprobaron la norma como estuvieron ajenos a la tramitación. Maximiano Errázuriz fue la única abstención de la colectividad.

Pero la UDI marcó la diferencia ya que “ninguno de sus parlamentarios votó favorablemente. Este partido expresó su oposición con la abstención de todos los diputados que estaban presentes”.

Derecha alineada

La derecha hoy se alinea en torno a Sebastián Piñera, pero son harto conocidas sus disputas históricas, originadas, entre otras razones, en la diferencia de radicalidad del discurso de su par de partidos. Por ello resulta pertinente contrastar los resultados del estudio aquí presentado con ciertas referencias de contexto.

Si bien fue en 1983 cuando la UDI se forma como partido político contando en su comité directivo a Jaime Guzmán, Sergio Fernández y Pablo Longueira, entre otros, fue en el Congreso Doctrinario de 1991 en que se sentaron las bases doctrinarias y programáticas de la colectividad al establecerse como destino “emular a nuestro lidero y mártir Jaime Guzmán”.

¿Qué subyace en el discurso de este partido? Sirvan estas palabras del fallecido jefe gremialista (“Mi hermano Jaime”, Rosario Guzmán Errázuriz, 1991): “Pienso que aunque la mujer tiene el derecho a realizarse integralmente como persona, proyectándose hacia tareas de orden político-social, por ningún motivo puede descuidar su obligación de madre a causa de actividades ajenas al hogar”.

Tal es la fuerza valórica matriz de la alianza que aspira a llegar a la primera magistratura, apelando a que el país necesita un cambio. Pero para la socióloga Mariela Infante (coautora del estudio) esta transformación resulta secundaria frente a la oportunidad histórica del electorado en las próximas elecciones presidenciales. “La verdadera alternancia en el poder no sólo se basa en las opciones de la Concertación y la Alianza por Chile sino que radica en que por primera vez en nuestra historia sea una mujer la que ocupe el sillón presidencial y pase así a representar a todo un país de hombres y mujeres con los mismos derechos”.

Fuentes: Fuente: La Nación, Chile. Enero 2006