Guatemala. Feminicidio: Justicia en crímenes contra las mujeres

Alba Trejo

La Cámara de Representantes en los Estados Unidos condenó, a través de una resolución aprobada por unanimidad en el Senado, los asesinatos de mujeres en Guatemala e instó al gobierno de este país centroamericano a apoyar a las familias de las víctimas en su búsqueda de justicia.

Esta resolución hace hincapié en el continuo secuestro y asesinato de las mujeres y la creciente brutalidad perpetrada contra las víctimas, las cuales son halladas con señales de torturas, quemaduras y algunas veces con los cuerpos mutilados.

De acuerdo con el informe 2006 de Amnistía Internacional, en Guatemala se socava la vida de mujeres de cualquier edad y condición social. Desde los 13 años en adelante, pueden correr esta suerte amas de casa, estudiantes o profesionales.

La oficina de Washington Office on Latin América (WOLA) señala que, desde 2001, más de 2.500 guatemaltecas fueron brutalmente asesinadas y en 2006 se reportaron 600 víctimas del feminicidio. Durante el primer trimestre de 2007, el número sobrepasó las 150 mujeres que fueron encontradas sin vida en algún terreno baldío, un barranco e incluso en sus viviendas.

Adriana Beltrán, titular del Programa de Violencia contra la Mujer de WOLA, indicó que la resolución de la Cámara de Representantes urge al Gobierno guatemalteco a que haga responsables a aquellos funcionarios judiciales y de la policía que, por negligencia, omisión o abuso, han provocado que los asesinatos permanezcan impunes.

En esa situación está el Ministerio Publico: de los 2.500 casos que investiga, sólo ha podido llevar a juicio a 20. Las autoridades de esa entidad aducen que muchas de las víctimas pertenecían a las pandillas, estaban involucradas en el narcotráfico o la prostitución.

La ministra de Gobernación, Adela Torrebiarte, quien se hizo cargo de la seguridad del país en los primeros días de abril, indicó que para ella no existen prejuicios en los asesinatos y aclaró que uno de sus objetivos es apoyar al Ministerio Público en la resolución de estos crímenes.

De acuerdo con testimonios de los familiares de las víctimas, entre los obstáculos que impiden esclarecer los hechos están la escasa protección de la escena del crimen y la vulnerabilidad de la cadena de custodia por parte del Ministerio Público. Ha ocurrido, por ejemplo, que los forenses devuelven la ropa de las víctimas a los familiares, aun cuando las prendas de vestir tienen manchas de sangre o cabellos que podrían determinar el ADN de los victimarios. Algo así ocurrió en el asesinato de la estudiante Claudina Velásquez, de 20 años, ultimada en 2005 de un tiro en la sien.

Los investigadores no le tomaron a la joven las huellas dactilares en el lugar del crimen y se presentaron en la capilla donde su cuerpo era velado para realizar la diligencia, “porque habían obviado ese paso criminalístico”, apuntó el padre de la víctima.

La resolución exhorta al gobierno de Guatemala a adoptar medidas para garantizar que las instituciones encargadas de la investigación cuenten con los recursos necesarios y personal adecuadamente capacitado.

Tras una visita a Guatemala en 2006, un informe de la Relatoría Especial para los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que una de las razones de las fallas en estas investigaciones está en la falta de recursos del personal, en cuanto a infraestructura, equipos y presupuestos para llevar adelante la pesquisa y persecución del delito.

La resolución aprobada por la Cámara de Representantes fue introducida en enero de 2007.

Fuentes: SEMlac, mayo 2007.