Nicaragua. Noticias que violentan

Reina Isabel Velásquez (*)

Portada Chicos Abuso Sexual y tratamiento.

¿Qué sucede cuando la cobertura noticiosa sobre un caso de abuso sexual es enfocado desde ángulos sensacionalistas, poniendo en duda la veracidad del hecho? En la siguiente crónica, la autora analiza críticamente el papel de la prensa y su responsabilidad social.

Los medios de comunicación tienen un rol, una responsabilidad y el reconocimiento de la sociedad ante la situación de derechos humanos que viven las niñas, niños y adolescentes. Los periodistas, para ejercer su profesión, necesitan acceder libremente a la información, para dar seguimiento a aquellas situaciones que violentan los derechos humanos.

Una noticia bien enfocada sobre el abuso sexual puede propiciar solidaridad con las víctimas y mostrar responsabilidades del Estado, la familia y la comunidad y pistas para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual.

En el reportaje periodístico sobre la denuncia de una nueva situación de abuso sexual en contra de la adolescente “Rosa”, la redacción de los reportajes:

Pone en duda la justeza de la denuncia realizada en 2002 y con ella la palabra de la niña. En las noticias se reafirma el concepto de que las niñas y niños abusados sexualmente mienten, cuando se sugiere que el abuso sexual por parte de una persona de Costa Rica no ocurrió.

Se hace referencia a la situación y no a las consecuencias del abuso sexual a corto, mediano y largo plazo en la vida de las niñas, niños y adolescentes, especialmente la indefensión y la disociación, lo que denota una falta de investigación de estas aristas con especialistas.

El enfoque noticioso deslegitima la medida de protección especial (aborto terapéutico) para preservar la vida de la niña.

No se responsabiliza de manera contundente al agresor. Esto evidencia que el interés superior de la niña no es referente en nuestra sociedad y particularmente en la cobertura periodística.

En Nicaragua el 74% de los hogares donde la jefa de familia es una mujer, las niñas y niños viven en extrema pobreza. Muchas mujeres son obligadas a ejercer solas la maternidad debido a la irresponsabilidad paterna o por la violencia. Ellas son también vulnerables ante la figura masculina que supuestamente ofrece protección a ellas y a sus hijos y muchas por su historia tienen limitaciones para reconocer factores de riesgo. En el artículo no se visibilizan las consecuencias del abuso sexual en las familias y en la madre de “Rosa”.

Frente a la situación de abuso sexual que ha vivido la adolescente “Rosa” y otras niñas, el medio omite referirse a la responsabilidad del Estado, encargado de brindar protección especial. A pesar de que en abril de 2006 se aprobó la Política de Protección Especial a Niñas, Niños y Adolescentes, el Estado nicaragüense no ha destinado los recursos necesarios para atender a 600 mil niñas y niños que según la Codeni necesitan medidas de protección especial para el resguardo de su integridad física, psicológica y sexual. La propuesta de inversión del Grupo Alianza establece que el garante debe destinar unos 25 millones de dólares para la aplicación de medidas de protección especial.

La noticia responsabiliza a la Red de Mujeres contra la Violencia y a las organizaciones de la sociedad civil de los hechos actuales, sin un enfoque de exigibilidad de la protección especial y la responsabilidad social compartida entre el Estado, garante de los derechos de la niñez, la sociedad civil, la familia y la comunidad.

No se analizan los aportes realizados por las diferentes organizaciones que trabajan a favor de las mujeres y la niñez que acompañan y atienden a niñas, niños y adolescentes en situación de abuso sexual en todo el territorio nacional, así como los esfuerzos que se han realizado para hacer visible la problemática de violencia sexual, las consecuencias de ella en la vida de las personas y las pistas para su pertinente abordaje por parte de los medios de comunicación.

El periodista no es autocrítico sobre el impacto que este tipo de cobertura periodística pudo haber tenido en la vida de la adolescente “Rosa” y las niñas que viven abuso sexual.

El derecho a acceder a la justicia es otra de las aristas que el periodista no aborda. Uno de los grandes problemas que enfrentan las víctimas de violencia sexual es la falta de este acceso. El análisis en el Poder Judicial de 1,077 sentencias sobre casos de violencia intrafamiliar arrojó que el 94.65% de las víctimas de orden sexual son mujeres y niñas. Los delitos más denunciados son violación (62.62%), lesiones físicas (44%), lesiones psicológicas (25.28%, abusos deshonestos (15.54%), homicidio (15.12%) y estupro (14%)[2]. Otra investigación realizada por el Centro de Mujeres Ixchen enfatiza que el 99% de los casos de violencia sexual quedan en impunidad porque el jurado declaró inocentes a los imputados. Una de las críticas realizadas por la ciudadanía en años anteriores es que cuando había sospechas o denuncias de abuso sexual en las escuelas, se trasladaba a los maestros abusadores a otras escuelas, sin pensar en la protección especial de la niñez.

Un enfoque noticioso que no demuestra estos aspectos genera en las víctimas de abuso sexual una profundización de la indefensión, baja autoestima y del valor que se necesita para hacer denuncias. También produce un incremento del temor a que su testimonio no sea creído, las expone a la estigmatización, a sentirse solas y sin apoyo social.

Los medios de comunicación y periodistas deben centrarse en el interés superior de “Rosa” y las niñas y adolescentes que han vivido situaciones de abuso sexual. Por interés superior de la niña entendemos todo aquello “que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral cultural, social, en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su máximo grado”.

Las y los periodistas y los medios de comunicación tienen una oportunidad en el marco de este contexto de visibilizar los roles y responsabilidades del Estado, la familia y los vecinos para garantizar que las niñas, niños y adolescente no vivan situaciones de violencia sexual.

Es necesario darle seguimiento a los casos de abuso sexual, para fiscalizar si el Estado y particularmente el Ministerio de la Familia propician medidas de protección especial y si están trabajando articuladamente para dar respuestas. En su mayoría, las situaciones de abuso sexual que viven las niñas, niños y adolescentes del país ni siquiera llegan a los medios de comunicación. Las chavalas y chavalos que viven violencia señalan que les genera sentimientos de temor, inseguridad y daño “porque nos pueden golpear o abusar”, “estoy con ganas de quitarme la vida”, “triste, afligida me siento como si no fuera persona” son sólo algunas de las opiniones expresadas en una consulta realizada por Codeni.

El responsable de la situación de abuso sexual a la que ha estado sometida la adolescente “Rosa” es su agresor. El Estado debe realizar las investigaciones y gestiones necesarias que permitan establecer las sanciones penales a los agresores sexuales de las niñas, niños y adolescentes.

Las niñas, niños y adolescentes que están sometidos por personas adultas a situación de abuso sexual se están quedando solos y en silencio sufriendo las consecuencias de la violencia sexual. Las niñas, niños y adolescentes en situación de abuso sexual requieren atención especializada. La niña “Rosa” requiere un equipo multidisciplinario que le acompañe en el proceso de atención y reconstitución de su ser.

Las organizaciones que trabajan a favor de la niñez y las mujeres deben utilizar un lenguaje concreto y específico para señalar las medidas que se deben propiciar para la restitución de derechos de “Rosa” y las niñas víctimas de abuso sexual; y propiciar una corriente de opinión en los medios de comunicación que desde un enfoque educativo e informativo aborde la situación de abuso sexual, poniendo en el centro a las niñas y los niños.

Esta situación que viven miles de niñas y niños en nuestro país debe servir para hacer reflexionar a las organizaciones de la sociedad civil, Estado, vecinos, madres y padres acerca de la necesidad de actuar desde una posición de respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes en un marco ético y de responsabilidad social compartida.


(*) Reina Isabel Velásquez. Psicóloga nicaragüense y subdirectora del Centro Dos Generaciones.


Editado por Mujeres Hoy.

Fuentes: “Caso Rosa: lo que no se dijo en la cobertura de noticias sobre abuso sexual”. Puntos de Encuentro. 2007.