Bolivia/República Dominicana. Las cosas del amor

Helen Alvarez Virreira. Mirta Rodríguez Calderón

www.cedhsinaloa.org.mx

Las historias de amor de la vida real no acaban como en las telenovelas. En el Día Internacional “No Más Violencia contra las Mujeres” presentamos dos relatos que muestran en todo su dramatismo, el lado siniestro de muchas relaciones de pareja marcadas por la violencia.

(Especial de SEMlac). Las historias provienen de dos países diferentes pero que tienen un común denominador: la violencia en las relaciones de pareja. Fueron recogidas por las corresponsales de Bolivia y República Dominicana de la Agencia de Noticias SEMlac.

Bolivia: Condenada a 20 años de cárcel por querer dejar a su marido

Rita Castrillo está de paso en un “pueblito” hacinado y convive con decenas de mujeres, niños y niñas. Ella espera que pronto pase el bus que la llevará de retorno a su casa para ver a sus dos hijos, su hija y su nieto y a sus hermanos.

Esa es la fantasía que vive a diario esta mujer para sobrellevar el infierno en que se ha convertido su vida desde el 27 de octubre de 2006, cuando fue detenida y acusada de intento de asesinato en contra de su marido Édgar Gutiérrez Mercado, alias “Chichote”.

Como pocas veces ocurre en Bolivia, donde lo normal es la retardación de justicia, el 17 de septiembre de este año, el Tribunal de Sentencia de la Corte Superior del Distrito de La Paz la condenó “a sufrir la pena privativa de libertad de 20 años de prisión, que deberá cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes”.

El “pueblito” en que ahora vive Rita está atravesado por infinidad de pasillos donde se encuentran pequeñas y precarias habitaciones, si se las puede llamar así. Niñas y niños, que soportan el encierro junto con sus madres, corretean y juegan despreocupados.
Es día de visita y Rita está acompañada de su prima y de su sobrina. Al verla es difícil encontrar en ella desesperanza o resignación; por el contrario, tiene la sonrisa a flor de labios y mucha entereza, porque está segura de que se hará justicia y conseguirá la absolución y su libertad, ya que apeló la sentencia basada en las innumerables irregularidades del proceso.

Además, demandó a la fiscal Aleyda Camacho por incurrir en tráfico de influencias para favorecer a Gutiérrez, y el Ministerio Público inició un proceso contra la fiscal.

“Fue un juicio del ‘dice que’”. Incluso el policía investigador asignado al caso estuvo dispuesto a atestiguar que él nunca pudo siquiera ver alguno de los indicios presentados como prueba; sin embargo, el juez no se lo permitió.

Peligroso amor

Todo comenzó como una historia de amor hace más de tres años, cuando Rita conoció al “Chichote”, un hombre acaudalado que amasó su fortuna durante la dictadura del coronel Hugo Bánzer, en la década del setenta, al adjudicarse la construcción de importantes obras. En esa época, Gutiérrez también fue nombrado Embajador de Bolivia en España.

Era un hombre encantador, recuerda Rita, quien quedó totalmente conquistada, casi un año después de conocerlo. Ella le presentó a sus hermanos mayores, de 54 y 45 años, ambos con discapacidad y a quienes adora. “Son lo mejor que me dejó mi mamá y él los trataba incluso con ternura”, dice.

El 11 de noviembre de 2005, Rita dio el sí en una sencilla ceremonia, a pesar de que su hija, de 25 años, y los dos varones de 23 y 18 se opusieron, al igual que su familia más cercana. “Ellos veían lo que yo no veía”. Pero ese mismo día Rita comenzó a ver.

En tono de broma, Gutiérrez la amenazó con golpearla “si se portaba mal” y los hijos del “Chichote” también ironizaron sobre acusaciones de envenenamiento. Y es que antes, él había culpado a su primera esposa de intentar envenenarlo para quedarse con su fortuna, también a su nuera y a uno de sus hijos, y después a su medio hermano.

El trato cambió radicalmente. Siempre estaba malhumorado y la insultaba, y más de una vez le había propinado sendas bofetadas. Además bebía con frecuencia, pese a que por su diabetes no podía hacerlo, lo que le provocaba descompensación de la enfermedad.

En febrero de 2006, Rita viajó durante un mes para atender a su hija que había dado a luz a su primer nieto. A su retorno, la situación empeoró.

En dos ocasiones, Rita despertó con todo el cuerpo adolorido, incluido el cuero cabelludo, y extraños moretes en los senos y las entrepiernas. En ambas oportunidades, ella le había aceptado a su marido pastillas para dormir, pues padecía de insomnio. A la tercera, fingió que las tomaba y lo que vivió luego aún la estremece.

Transcurrido un tiempo, Gutiérrez comenzó a sacudirla para comprobar que dormía profundamente, debido a los narcóticos; después, agarrándola de los cabellos, la hizo caer al suelo y la desnudó. Luego trajo del baño un estuche que contenía varias pinzas. Al imaginarse lo que sucedería, Rita lo empujó contra la pared y decidió irse, seis meses después de su matrimonio, pese a la advertencia de que “al ‘Chichote’ ninguna mujer lo deja”.

"Me di cuenta de que me casé con un depravado", indica. Sin embargo, nunca lo denunció. “Hice lo que como mujer tanto había criticado, quería esconderlo, no quería que nadie lo supiera y menos mis hijos”.

En agosto, mediante un colega, supo que había una acusación contra ella por asociación delictiva y se presentó a la justicia para averiguar de qué se trataba, pues nunca le había llegado una notificación.

Su marido denunció ante la justicia que ella había cambiado los medicamentos que tomaba para matarlo y que incluso lo obligaba a tomar otras pastillas. Los únicos testigos fueron sus dos mayordomos que trabajan desde hace años con él.

Cuando el juez leyó el fallo, la familia y los amigos y amigas que acompañaron a Rita no pudieron evitar el llanto. Pero ella no derramó una lágrima. Y así se mantiene, positiva y fortaleciendo su mente y su espíritu cada día.


República Dominicana: Mujeres solidarias con otras mujeres

Si todavía vive, Martina (la llamaremos así) andará por los 35 ó 36 años de edad. Hace dos años ella era una de varias mujeres que esperaban ser atendidas por el médico legista en la Fiscalía del Distrito Nacional, en la capital dominicana. En lo visible, la mujer tenía un ojo amoratado, un brazo en cabestrillo y caminaba con dificultad.

No era su primera visita a esta dependencia donde –también más de una vez– le habían certificado las lesiones causadas por la brutalidad del marido que, en los últimos tres años, le había robado los enseres domésticos comprados con el trabajo de ella, incluido el refrigerador; le había fracturado una pierna, forzado a tener sexo con muchísima frecuencia y le dejó rotas las puertas de su humilde casita en un barrio semi marginal de Santo Domingo.

Martina vivía aterrada y también decepcionada: “Esta batalla no la gana ninguna mujer. A ellos los protegen y se protegen. Una no tiene quién la defienda ni dinero para pagar los papeles, los pasajes y todo lo que hay que hacer para que a un hombre así lo metan preso. Y yo tengo miedo de que me mate, como ha dicho que lo va a hacer…”

Ella sabía lo que decía. En República Dominicana, con cerca de nueve millones de habitantes, el número de feminicidios hasta finales de septiembre fue de 108 y más de 10.000 las querellas por malos tratos presentadas sólo en la capital y sus barrios por mujeres violadas, golpeadas, ofendidas, robadas, chantajeadas económicamente, que, efectivamente, no han tenido quienes las defiendan.

El Código Procesal Penal protege a los infractores

La situación podría cambiar en la medida en que avance la labor de voluntariado de una Red de Abogadas Defensoras –y también algunos abogados– que se ha conformado para defender a las mujeres.

El Código Procesal Penal aprobado el pasado año en República Dominicana, muy controversial y discutido, pero en vigencia, establece que los acusados deben tener defensores, privados o de oficio.

Cuando una mujer consigue que un abusador sea llevado a juicio, éste tiene defensor. Pero no es así para ella que, aunque se haya querellado, nadie la acompaña en el proceso. Muchas veces, “la mujer se cansa y abandona la acusación, vuelve junto al hombre menos empoderada y más abatida”.

La reflexión pertenece a Clara Luna, una abogada que se desempeña como jefa de Defensoría de la Secretaría de Estado de la Mujer, quien ha sido inspiradora de esta Red. Ella empezó su carrera en una provincia donde vio “de todo” pero, en particular, el desamparo de las congéneres.

“Yo quisiera trabajar en la voluntad de todos aquellos que estamos comprometidos en este proceso, porque vale mucho la sensibilización para evitar que una mujer muera. Lo siento como si fuera algo mío, porque yo puedo ver lo fácil que matan a una mujer”, dijo a SEMlac.

“Desde este cargo, yo puedo palpar cómo las mujeres viven con mucho miedo, sufren la violencia, dependen de un marido para que mantenga a los hijos, qué deben soportar, porque carecen de mecanismos para librarse de esas personas que las agraden, que las están haciendo sentirse menos que nada, porque no están empoderadas ni económica ni psicológicamente”, comenta.

Clara sostiene el criterio de que la violencia no ha aumentado, sino la conciencia de las que están rompiendo el silencio, acudiendo a querellarse y a someter al agresor a la justicia. Tengan o no razón, lo cierto es que las congéneres agredidas no poseen recursos económicos ni información, ni habilidades para incoar las querellas.

Otra parte del mismo problema es que aún cuando la mujer lleve su denuncia hasta el final y eventualmente el individuo sea sancionado de acuerdo con las estipulaciones de la Ley 24-97 contra la violencia intrafamiliar, ella “no tiene quien le de seguimiento a su caso y la acompañe”.

Insuficiencias y suficiencias

Razones hay unas cuantas: la violencia contra la mujer –no obstante la existencia de la Ley–, no es prioridad de la nación. La Secretaría de Estado de la Mujer carece de presupuesto para estimular el funcionamiento de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia, grupo que debería hacer coincidir a todos los organismos interesados en el problema y a segmentos de la sociedad civil.

Se agrega a eso que las propias mujeres viven en pánico, que la difusión de sus derechos y posibilidades es insuficiente, y que la pobreza de la inmensa mayoría las limita.

Algunas de esas dificultades podrían eliminarse o reducirse si esta Red de Abogadas logra lo que quiere: “Queremos llevar al Congreso una Ley que iguale a las mujeres violentadas con respecto a los derechos que le asisten a los agresores, de manera que ellas tengan también quien las represente y las defienda”.

El comentario pertenece a Ilkania Ramírez, una de las entusiastas promotoras de la Red de Abogadas Voluntarias. Trabaja en el área Este de Santo Domingo, una zona con muchas carencias y conflictos, donde las golpizas son la primera razón por las que ellas buscan ayuda, inmediatamente seguida de la necesidad de forzar a los padres de sus hijos para que proporcionen manutención a sus descendientes, con frecuencia abandonados.

La tercera figura delictiva es el incesto: “Hace unos días tuvimos que someter a un padre que se llevaba a sus dos niñas a moteles para tener sexo con ellas. Dijo que él así las enseñaba. La madre lo sospechaba, pero no se atrevía a denunciarlo. El hombre está preso”.

El problema es grande

Es grande también el esfuerzo que se viene realizando. En los días próximos al 25 de noviembre se abrirá en la capital una segunda casa de acogida, refugio para que las mujeres agredidas y con sus vidas amenazadas puedan ir, con sus hijos e hijas, y ser socorridas y orientadas.

La aspiración de Clara Luna es que, cuando la mujer esté en condiciones de dejar ese lugar, haya también casas de recuperación con las condiciones para que ellas vuelvan a tomar en sus manos la conducción de sus vidas.

En República Dominicana, además, hay una Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer, responsabilidad que ostenta la joven magistrada Roxanna Reyes, quien se inició como fiscal y lleva ya 10 años lidiando con un sistema judicial que no siempre acompaña bien sus afanes.

Este cargo no existe más que en Puerto Rico, con funciones parecidas. Por eso, para Reyes esta tarea le representa un compromiso, además de una responsabilidad seria. Ella considera que la “Tolerancia Cero”, proclamada desde las más altas autoridades del Ministerio Público, va a dar confianza a las mujeres y a exigir a las y los fiscales.

“Si yo quedo bien en el desempeño de este cargo, quedamos bien todos y más si logramos que el Ministerio Público comprenda que si comete un error va a tener que asumirlo, porque hay monitores y hay que rendir cuentas”, explicó Roxanna a SEMlac.

En esto de monitorear y rendir cuenta, la magistrada tiene una idea desde hace tiempo y ahora a punto de materializarse: el Observatorio de la Violencia contra la Mujer que, según Reyes, le permitirá saber cuándo una negligencia o incumplimiento en la atención a las víctimas ha sido determinada por la Policía o por el Ministerio Público.

Y lo dice porque la gran mayoría de las discrepancias en ese orden de cosas radica en que, con frecuencia, es la policía la que mal atiende a las mujeres, pero otras tantas son los fiscales que hacen oídos sordos:

“Al estarlo monitoreando, yo puedo ver dónde están los errores”, explica la Procuradora General Adjunta, quien elogia la iniciativa de la Red de Defensoras Voluntarias:

“Ya se creó una oficina legal para atender a víctimas. Así como los infractores tienen a los defensores que dependen de la Suprema Corte de Justicia, las víctimas tendrán defensores que dependerán de la Procuraduría.

Ya hay 10 capacitándose en la escuela del Ministerio Público. Claro que no es una cifra suficiente. Cuando se logre articular una Red en todo el país será muy importante: todo lo que tienda a defender a las mujeres gratuitamente es un enfrentamiento a la violencia de género”.

Y ese es también el sentimiento y la convicción de Clara Luna:

“Yo, como directora de Defensoría de la Secretaría de Estado de la Mujer, tengo la ambición de que esta Red se pueda extender al país, porque es una forma de prevenir la violencia con el compromiso de a quienes podamos involucrar. Si no hay un compromiso, entonces va a seguir la misma apatía, la misma indiferencia, y ellas van a seguir muriendo en manos de los agresores”.


Editado por Mujeres Hoy.

Fuentes: Bolivia: Condenada a 20 años de cárcel por querer dejar a su marido; República Dominicana: Mujeres solidarias con otras mujeres. SEMlac, noviembre, 2007.