(Mujereshoy) El jefe de la Misión de la ONU para Guatemala, el alemán Tom Koenigs, calificó este lunes de preocupante la ola de amenazas contra activistas humanitarios y forenses que prevalece en el país, tras reunirse con el fiscal general, Carlos de León, informó la prensa local.

Koenigs dijo a los medios que uno de los principales obstáculos para combatir la criminalidad y la violencia es la falta de voluntad de las autoridades para incrementar el presupuesto de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), entre otras instituciones judiciales.

El diplomático se reunió con De León para analizar la ola de amenazas de muerte que sufren, en especial, miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), que participan en procesos de exhumaciones de las víctimas del pasado conflicto armado.

También abordaron las intimidaciones contra operadores de justicia, activistas humanitarios y fiscales del Ministerio Público (MP), entre ellos Thelma de Lam, quien dirige la Fiscalía de Derechos Humanos.

Lam aseguró la semana pasada que un vehículo del Estado Mayor Presidencial (EMP), un cuerpo elite del Ejército responsable de la seguridad del presidente, el vicepresidente y sus familias, era el que había perseguido y vigilado a los miembros de la FAFG.

Koenigs calificó de preocupante la situación y exhortó al gobierno del presidente Alfonso Portillo a actuar con prontitud para combatir la impunidad en el país.

El diplomático anunció que la misión que preside está negociando un aumento del presupuesto para el MP y la PNC con el fin de mejorar la aplicación de la justicia y el combate al crimen.

Los miembros de la FAFG y sus familiares sufren de persecución, amenazas, allanamientos y disparos en sus residencias, declaró ayer a periodistas su director, Freddy Peccerelli.

Según su versión, las intimidaciones comenzaron desde febrero de 2002 y disminuyeron un poco a finales de ese año, pero desde marzo de 2003 se recrudecieron.

El forense dijo que a raíz de las amenazas, los y las 65 integrantes de la fundación gozan desde mayo último de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La misión que preside Koenigs verifica el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en diciembre de 1996 entre el gobierno y la guerrilla, que acabaron con más de 30 años de conflicto armado que dejó unas 200 mil víctimas, entre muertos/as y desaparecidos/as.