En un histórico fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado de Guatemala por la muerte de Myrna Mack Chang, antropóloga y activista de los derechos humanos salvajemente asesinada por un miembro del Ejército, en septiembre de 1990. El crimen aún está impune.

(Mujereshoy). El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llega en un momento difícil. En mayo de este año, la justicia guatemalteca absolvió de toda responsabilidad en el asesinato de Myrna Mack, al teniente coronel Juan Valencia Osorio, al general Edgard Godoy Gaitán, así como al coronel Guillermo Oliva, y ordenó su inmediato excarcelamiento.

Myrna Mack, quien era reconocida internacionalmente por sus investigaciones sobre el impacto de la guerra en las comunidades indígenas de Guatemala, fue asesinada el 11 de septiembre de 1990 por el sargento del ejército, Noel de Jesús Beteta, quien le propinó 27 puñaladas.

En 1993, Beteta fue condenado a 25 años de cárcel por el Poder Judicial. Al mismo tiempo, fueron acusados de autores intelectuales los tres oficiales ya mencionados. En octubre de 2002, Valencia Osorio recibió una condena de 30 años de prisión, en tanto Godoy y Silva, aunque resultaron absueltos en primera instancia, permanecieron en prisión aguardando la realización del juicio en su contra.

La orden de la Sala Cuarta de Apelaciones, de anular el fallo condenatorio de los tres militares, argumentando supuestas contradicciones, causó indignación en la opinión pública guatemalteca y fue una bofetada para la familia Mack, en especial para Helen Mack, hermana de Myrna, quien batalla desde hace trece años porque se haga justicia a su hermana.

La otra cara de la moneda

La contrapartida de este fallo, considerado una aberración y una demostración más de la impunidad que campea en ese país centroamericano, es sin lugar a dudas la sentencia de la CIDH que tiene carácter vinculante para Guatemala que, en 1978, ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos.

En la práctica, el Estado guatemalteco fue conminado por la CIDH a iniciar una efectiva investigación, “con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales y demás responsables de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack”.

Los puntos resolutivos de la sentencia de la Corte enfatizan la responsabilidad de investigar y sancionar a todos los responsables de este crimen y ordenan que el Estado debe “remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen en impunidad el presente caso”.

Además de la investigación de los hechos, se ordena al Estado realizar una serie de medidas reparatorias, como publicar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llevar a cabo un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en presencia de las más altas autoridades del país.

Igualmente, deberá establecer una beca de estudios que lleve el nombre de Myrna Mack Chang, darle su nombre a una calle o plaza reconocida y organizar cursos de derechos humanos y derecho internacional humanitario dirigidos a los miembros de las fuerzas armadas. En cuanto a la indemnización por daños y prejuicios, la Corte estableció el pago de la indemnización más alta de la historia de su jurisprudencia.

Este fallo es el resultado del trabajo incansable de las organizaciones de derechos humanos y de los movimientos de mujeres, y en especial de Helen Mack, quien nunca cejó en su empeño por denunciar ante la comunidad internacional, el alevoso crimen de su hermana y el estado de impunidad vigente en Guatemala.

En febrero de este año, Helen presentó el caso ante la CIDH con el objetivo de poner en evidencia “que en Guatemala la brutalidad de la doctrina de la seguridad nacional estuvo en su máxima expresión.

Es indudable que el juicio entablado por este organismo al Estado guatemalteco, cuyo fallo es el que acabamos de conocer, sienta un precedente para la región.