(Mujereshoy) Gobiernos y entidades sociales se reúnen en Ginebra para conseguir un Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que permita presentar denuncias de violación de estos derechos en forma individual o a través de grupos. El acceso a la vivienda y el agua, así como la eliminación de la violencia contra las mujeres son algunos de estos derechos.

Hasta el próximo 5 de marzo, representantes de gobiernos y la sociedad civil se reúnen en Ginebra para debatir sobre la necesidad de crear una nueva herramienta que proteja los derechos sociales, hasta ahora no reconocidos explícitamente. Desde hace años existe el llamado Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, bajo el marco de Naciones Unidas, vela por los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, pero en ningún momento se ha creado un mecanismo similar que exija a los gobiernos la protección de los derechos sociales.

En este contexto, organizaciones de todo el planeta alzan la voz estos días para recordar a los expertos reunidos en Ginebra la necesidad de poner en marcha un Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permita presentar denuncias individuales o a través de grupos denunciando la violación de estos derechos.

En concreto, hablar de derechos sociales significa apostar por la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el acceso a un trabajo digno y el derecho a una vivienda adecuada. Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad y de edad avanzada, el acceso a la educación primaria y a la atención sanitaria y los derechos a la alimentación adecuada y al agua potable también se incluyen en el concepto de derechos sociales.

“La elaboración y adopción de este Protocolo contribuirá de forma muy significativa a la plena realización y exigibilidad del derecho a la educación, salud, vivienda y a un nivel de vida adecuado, incluyendo el derecho al agua”, afirman las organizaciones no gubernamentales, que recuerdan que la adopción de un protocolo facultativo “otorgaría a individuos y grupos el derecho a interponer un recurso internacional ante violaciones de derechos económicos, sociales y culturales”, así como la posibilidad de solicitar directamente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas reparaciones por la vulneración de estos derechos.