(Mujereshoy) Ex presas políticas de la dictadura chilena, organizaciones de Mujeres como Corporación La Morada, Fundación Instituto de la Mujer y el Memch; y de Derechos Humanos, como la Comisión Ética contra la Tortura y la Coordinadora de ex Presos Políticos, realizaron este lunes 15 un llamado a las mujeres víctimas de violencia sexual por parte de agentes de Estado durante la represión política a denunciar estos hechos como tortura ante la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.

La comisión fue constituida por el gobierno chileno para realizar un catastro y posterior reparación a todas las víctimas de la represión. Las organizaciones piden que se generen las condiciones sociales que permitan en este proceso el reconocimiento de la violencia sexual contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. Hechos que se agravan en los contextos de conmoción interna como los vividos durante la dictadura chilena (1973-1990), hasta el punto de constituir un método específico de tortura en contra de las mujeres.

Las entidades demandantes exigieron que:

- Se creen los mecanismos necesarios y óptimos que acojan a las mujeres que sufrieron esta experiencia, como incorporar en las fichas que registran las denuncias, las agresiones físicas y psicológicas constitutivas de violencia sexual.
- Las autoridades tienen que hacer un reconocimiento explícito de que la violencia sexual fue un método de tortura sistemático y generalizado aplicado en contra de las mujeres, como una forma de contribuir a su reparación.
- A cuatro meses de su funcionamiento, esta Comisión, que tiene por objetivo determinar y elaborar un informe detallado sobre quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y tortura por razones políticas, sólo ha recibido 14 mil denuncias; un número reducido de casos considerando el universo que manejan los organismos de derechos humanos que hablan de 300 mil persona víctimas de tortura.

Investigación sobre violencia sexual como tortura

La Corporación La Morada y la Fundación Instituto de la Mujer realizaron una investigación sobre el tema que demuestra que la violencia sexual en contra de las mujeres avala lo anteriormente expresado y refuerza la necesidad de abrir un espacio para este tipo de denuncias.

El estudio concluyó, entre otros aspectos, que al estar “naturalizada” la violencia sexual en la sociedad chilena; a muchas de las mujeres que estuvieron detenidas durante la dictadura les cuesta aún identificar este tipo de agresiones como una forma de tortura.

De acuerdo a dicha investigación, la violencia sexual provino de funcionarios de todas las ramas de la Defensa, de policías, de conscriptos, de agentes de organismos de inteligencia, de gendarmes y civiles que colaboran en tareas represivas.

Los lugares donde ejerció violencia sexual superan el centenar, estos lugares fueron: los cuarteles, las comisarías, los campos de concentración, los estadios, los centros de tortura reconocidos como Villa Grimaldi, la Venda Sexy o Londres 38, y están también los barcos de la armada, Colonia Dignidad y el estacionamiento subterráneo de la Plaza de la Constitución.

En el período de la DINA y de la CNI se utilizaron perros para violar y vejar a las mujeres y se utilizaron ratas que eran introducidas por la vagina a las mujeres. Fueron objeto de violencia sexual mujeres embarazadas cuyo destino y el de sus hijos o hijas no se conoce, niñas de 14 años que tuvieron al hijo de la violación y abuelas de 68 años violadas frente a sus hijos.

En los relatos sobre tortura, muchas de las mujeres no incluyen los actos de violencia sexual. Asocian la “verdadera” tortura a la aplicación de corriente eléctrica, a colgamientos, a golpes sistemáticos y permanentes en el contexto exclusiva de la detención y del interrogatorio.

Las organizaciones pidieron a la Comisión Valech a que en su informe final incluya un capítulo específico sobre la violencia sexual como método de tortura aplicado en contra de las mujeres.

En el ámbito del Derecho Internacional este tipo de violencia ya ha sido incorporado en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. También existe registro de estos casos en el Informe del Esclarecimiento de la Verdad de Guatemala, y en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú.