Este 13 de abril, tras 66 años de vigencia de la ley que penaliza el aborto, la Cámara de Senadores del Uruguay considerará para su aprobación el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva. Éste promueve la maternidad y paternidad responsables e incorpora el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo durante las primeras 12 semanas de gravidez.

(Mujereshoy) Este martes 13 de abril, los senadores de Uruguay tendrán la oportunidad de no desconocer la larga lucha por los derechos sexuales y reproductivos de uruguayas y uruguayos. Los integrantes de la Cámara Alta de ese país deben abocarse al estudio del Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, ya sancionado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2002.

Qué dice el proyecto

El Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva de Uruguay ha sido calificado dentro y fuera del país como una propuesta integral y avanzada en la materia, puesto que incorpora la educación sexual en la enseñanza formal, garantiza el acceso a servicios de planificación familiar y promueve la maternidad y paternidad responsables.

En tal sentido, el proyecto establece, básicamente, los siguientes puntos:

• La obligación del Estado de promover políticas sociales y educativas tendientes a la promoción de la salud reproductiva y de los derechos sexuales y a la disminución de la morbimortalidad materna. Lo obliga a brindar educación sexual laica, políticas de planificación familiar, a capacitar en derechos sexuales y en derechos reproductivos al personal sanitario y a permitir que la mujer ejerza el derecho a controlar su propia fecundidad y a adoptar decisiones relativas a reproducción sin coerción, discriminación ni violencia.

• El derecho de toda mujer a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez. Contempla que las interrupciones de embarazo que se practiquen acordes con la ley serán consideradas acto médico sin valor comercial y que todos los servicios de asistencia médica, tanto públicos como privados, tendrán la obligación de llevar a cabo las interrupciones a cargo de un médico especialista.

Para las organizaciones uruguayas que defienden los derechos humanos de las mujeres, el aborto ha sido, y es, una práctica a la que se recurre, por diversas razones, como último recurso frente a una situación de embarazo que no se puede sostener.

Uruguay tiene desde 1938 una ley que considera el aborto como un delito, como resultado de las negociaciones para la aprobación del presupuesto nacional de ese año. Sin embargo, en estos 66 años, dicha ley no ha desestimulado la práctica del aborto ni tampoco se han habilitado medidas que lo prevengan y que disminuyan su incidencia.

Diversos estudios concluyen que el aborto no se promueve en los países que tienen leyes que regulan la interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, en Francia, Italia, España, Holanda y Canadá, la prioridad es definir políticas de prevención, asesoramiento, apoyo, con servicios adecuados y orientación para que las decisiones se tomen de manera consciente y sin riesgos.

Para los organismos de mujeres y de derechos humanos del Uruguay, entre ellos la Coordinación Nacional de Organizaciones para la Defensa de la Salud Reproductiva, la aprobación de este Proyecto garantiza el respeto a las distintas creencias e ideas sobre el tema del aborto; fomenta la tolerancia y sobre todo, no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo.

Además, afirman que se estaría respondiendo, como sociedad, a una de las injusticias que golpea cotidianamente a miles de parejas, a miles de ciudadanas que tienen derecho a vivir en un país verdaderamente democrático, laico y plural, respetuoso de los derechos humanos.

Por otra parte, diversas organizaciones de mujeres y de derechos humanos están convocando a una concentración en el Parlamento uruguayo el 13 de abril, entre las 16 horas y las 20 horas, para demostrar su apoyo al proyecto de ley y defender los derechos de las mujeres. También están impulsando una campaña de firmas dirigida a los senadores y senadoras del Uruguay, instándolos a que aprueben el proyecto.

Mujeres se pronuncian

Pero no son sólo las mujeres uruguayas las que se están movilizando para lograr la aprobación del proyecto. También representantes de diversas organizaciones y redes de América Latina que participaron en el Seminario Internacional “Estrategias y acciones proactivas frente a los fundamentalismos en la región”, emitieron un comunicado en el que respaldan el proyecto de ley.

Convocado por Católicas por el Derecho a Decidir Córdoba y CISCSA (Centro de Intercambio y Servicios, Cono Sur Argentina), el Seminario se realizó en Córdoba, Argentina, el 9 y 10 de abril. En él participaron delegadas del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM regional), de Las Dignas (El Salvador) del Centro de Derechos de la Mujer (Honduras), entre muchas otras.

En el comunicado se alude directamente a la posibilidad de que el presidente del Uruguay, Jorge Batlle, vete el proyecto de ley, aun cuando éste sea aprobado por el Senado.

Al respecto, el documento indica que “El presidente Batlle no debe vetar bajo ningún concepto un proyecto de ley que anteriormente ha sido aprobado por legisladores y legisladoras que representan a todos los ciudadanos y ciudadanas del Uruguay siendo estos consultados en forma amplia y democrática.”.

“Exhortamos a la comunidad internacional a estar atentos al costo social y humano de estas decisiones políticas unilaterales, apoyadas y sostenidas por corrientes fundamentalistas, que no toman en cuenta necesidades y derechos cotidianos de la ciudadanía.”.

“Defendemos este proyecto legislativo ya que promueve y garantiza la Salud Sexual y Reproductiva de todos los uruguayos y uruguayas, incluyendo población adolescente y evitando así la muerte de mujeres por causa del aborto de riesgo. Si esto sucede a partir del veto anunciado, estaremos atentas para exigir al Presidente Batlle a que asuma la responsabilidad sobre las consecuencias ante las respectivas familias y sus hijos”, finaliza el comunicado dado a conocer el pasado 10 de abril.