En Uruguay no se aprobó el pasado 13 de abril el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva. Pero, por primera vez, una iniciativa de esta naturaleza llegó al plenario del Senado y desató un proceso que sólo puede desembocar en una solución al grave problema de salud pública y justicia social que representa el aborto.

El debate en la Cámara alta continúa, hasta agotarlo, el 4 de mayo. Pero mientras, se están buscando consensos político partidarios para que sea la ciudadanía quien decida sobre el tema, a través de una consulta popular.

Luego de 66 años de vigencia de una ley que penaliza el aborto siempre –aunque contemple atenuantes y hasta eximentes de la sanción en algunos casos–, y de cuatro iniciativas de ley para modificarla presentadas desde el retorno a la democracia, que no alcanzaron tratamiento en el plenario de ninguna de las dos cámaras, el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva fue aprobado en Diputados el 10 de diciembre de 2002, y desde el pasado 13 de abril lo está considerando el plenario del Senado.

Nunca se había llegado tan lejos a nivel parlamentario; tampoco nunca se había ampliado tanto el debate público, y eso es mérito fundamentalmente de la bancada parlamentaria femenina que no le quitó el ojo al proyecto, y de las organizaciones de mujeres y sociales, que, nucleadas en una coordinación nacional, empujaron en tal sentido.

En las dos sesiones destinadas al tema en la semana pasada, primero se recreó el contrapunto entre quienes abogan por sancionar la ley en nombre de la salud pública, los derechos de las mujeres y la justicia social, y quienes se atrincheran en la presunta defensa de una vida ideal que poco tiene que ver con la realidad de las ciudadanas. La novedad vino por el lado de las coincidencias entre legisladores de diferentes partidos con representación parlamentaria para dirimir la cuestión por democracia directa, mediante una consulta popular.

Mónica Xavier: Los costos de la inseguridad
La senadora Mónica Xavier presentó un informe que da cuenta de la realidad nacional sobre la salud reproductiva en general, y el aborto en particular. La interrupción voluntaria del embarazo está criminalizada, pero su práctica no se desarrolla como fractura social sino inserta la comunidad, lo que significa que hay consenso social de hecho, advierte la legisladora.

Por su propia naturaleza, no hay estadísticas oficiales de incidencia. Pero una amplia investigación de la Universidad para la Paz concluye que por lo menos se realizan 33.000 interrupciones del embarazo al año, lo que significa un 38,5 por ciento de abortos en el total de nacimientos más abortos, o lo que es lo mismo: en Uruguay, de cada l0 concepciones, 4 se abortarían. Sin embargo, el promedio de procesamientos por esa causa es de 16 anuales, con tendencia sostenida en los últimos 15 años.

“¿Si toda la represión no desvía a las mujeres de abortar, qué sentido tiene agregar más represión?”, se pregunta Xavier, convencida de la ineficacia de la ley vigente. No sólo porque no se aplica en su función sancionadora; también porque ha contribuido a consolidar un circuito clandestino y lucrativo de prestadores de servicios; y también porque el temor a la represalia legal hace que las mujeres oculten que se han hecho un aborto y acudan tardíamente o nunca a una consulta médica cuando padecen secuelas.

De la misma investigación surge que la mayoría de los abortos son medicalizados (81 por ciento), es decir, que se realizan en clínicas clandestinas, con participación de profesionales de la salud, lo que no habla de prestaciones homogéneas: a mayor precio mejor calidad de la prestación, y viceversa. El 19 por ciento restante corresponde a los realizados mediante prácticas de sabiduría popular (tés de yuyos, perejil, agujas de tejer, entre otras).

Un estudio sobre mortalidad vinculada con el embarazo, el parto y el puerperio en Uruguay en el quinquenio 1995-1999, muestra que en ese período murieron 17 mujeres como consecuencia de abortos provocados en condiciones de riesgo, lo que de un total de 62 muertes maternas, representa el 27,9 por ciento. Pero en el Hospital Pereira Rossel, al que acuden las mujeres de menores recursos, el porcentaje se eleva a 47 por ciento. A nivel mundial, el promedio de mortalidad materna es de 13 por ciento, en América Latina de 21 por ciento y en Sudamérica de 24 por ciento.

Según la Organización Mundial de la Salud, por cada muerte que se produce a consecuencia de un aborto en condiciones de riesgo, 50 mujeres quedan mutiladas, 100 sufren lesiones graves, 1000 cargan con algún tipo de consecuencia negativa.

A los costos en salud de las mujeres, hay que agregar el impacto económico. Xavier lo explica así:

“Si tomamos en cuenta los 33.000 abortos relevados por la investigación de la Universidad para la Paz, de los cuales el 81 por ciento se realizaría en clínicas, estos ascenderían a 26.730. Si consideramos que el precio comercial de un aborto en una clínica clandestina es de entre 500 y 600 dólares, veremos que en promedio los abortos medicalizados mueven una cifra de 14.701.500 dólares, cantidad que no paga aportes ni impuestos, que no genera inversión productiva y que no promueve el reequilibro económico, sino que más bien tiende a profundizar el desequilibrio de quienes tienen que distorsionar su presupuesto familiar para poder acceder al procedimiento”.

“Si a este cálculo –agrega– sumamos el gasto que insume al Estado y a la salud privada la reversión de los efectos de un aborto realizado en condiciones de riesgo, la cantidad a considerar es claramente mayor. Eliminar la práctica el aborto del circuito clandestino implicará, asimismo, una redistribución por lo menos parcial de esta suma en emprendimientos más provechosos para la sociedad toda, y permitirá a las mujeres recuperar con dignidad un servicio profesional que hoy día implica violencia, maltrato, penuria económica y discriminación”.

“El proyecto de ley que hoy tratamos nos ofrece una disyuntiva histórica: mantener la hipocresía de pensar que debemos seguir reprimiendo en la faz pública lo que aceptamos y utilizamos en la privada, o remover de una vez por todas los falsos esquemas y comenzar a asumir las deudas que tenemos con la sociedad. Mantener la legislación restrictiva del aborto no es un costo que esté dispuesta a aceptar como mujer, como médica o como legisladora, por lo que propongo que comencemos a comprender qué implica tener una visión de género en el ámbito legislativo, en la construcción de la equidad y la democracia”, concluye Xavier.

Walter Riesgo: Aborto no, educación sexual sí
El senador Walter Riesgo no va a votar a favor del proyecto de ley. Sus cuestionamientos se sustentan en la defensa de la vida desde la concepción. No obstante, “podría aceptar el aborto hasta antes de la anidación del óvulo fecundado”, es decir, durante los primeros 10 días de la concepción, aproximadamente.

A esta contradicción, el legislador del Partido Colorado suma desinformación cuando afirma que “Lo más peligroso de un embarazo es un aborto”, y hace responsable a esa práctica de extremo estrés, suicidio, depresión y otros horrores. Incluso sugiere que el cáncer de mama podría tener relación directa con el aborto.

Pese a que dice querer “ayudar a las mujeres”, no está dispuesto a concederles la oportunidad de interrumpir un embarazo que no desean por múltiples razones de peso, incluidas las económicas. Porque les reconoce “el derecho a no quedar embarazadas”, las remite a los métodos anticonceptivos, entre los que menciona las pastillas, el preservativo, el DIU, “y otros sistemas que como hombres no sabemos”.

Como alternativa propone la educación sexual, que “es un seguro de vida”, al tiempo que responsabiliza al Consejo Directivo Central (Codicen), órgano dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública, por la mayor incidencia del aborto en la medida que no puso en práctica políticas a este respecto.

No es la primera vez que cuando se inicia el debate público sobre el aborto, sus detractores oponen como alternativa la educación sexual. Tampoco sería la primera vez que ni bien se logra paralizar cualquier iniciativa de liberalizarlo, junto con ella se archive la de implementar políticas de educación sexual. Algo similar pasa con la garantía de acceso a la planificación familiar. Dos aspectos que sí contempla en primer término el proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, pero que parecen pasar inadvertidos para quienes se oponen a su sanción.

Rafael Michelini: Se salvarán más vidas
En la segunda sesión que el Senado dedicó al tema, el 16 de abril, se escucharon cinco intervenciones a favor de la iniciativa, mayoritariamente inclinadas por una consulta a la ciudadanía. Con elocuente pragmatismo, el senador Rafael Michelini (de Nuevo Espacio) pinta un cuadro de situación: “Si la ley no se vota hoy, ¿qué es lo que tenemos?: miles de abortos”, se trate de 15.000, de 33.000 o de 150.000, que son las cifras manejadas en diferentes ámbitos y momentos. Parte de una realidad: “No hay ninguna sociedad en el mundo que haya eliminado la interrupción del embarazo. No hay dios que pueda cambiar la decisión de una mujer en tal sentido”.

Michelini está convencido de que legalizar su práctica es la única vía para disminuir la incidencia del aborto. Pone el ejemplo, muy frecuente, de una adolescente con miedo a revelar a sus padres que está embarazada. Abortará de cualquier manera antes que sea visible su secreto. Si accediera a asesoramiento profesional, podría conjurar los miedos, obtener apoyo y decidir tener el hijo.

“Me aferro a la vida, a salvar la mayor cantidad de vidas. El proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva salvaría más vidas que la ley de 1938 vigente”, asegura Michelini.

Que decida la ciudadanía
“La sociedad uruguaya va a tener que optar, que decidir, mirar hacia su interior, luchar contra su propia hipocresía, la nuestra, la de todos, y adoptar una decisión, y esa la aceptaremos todos, sagradamente, como se acepta un veredicto popular”, dice Julio Herrera (Foro Ballista, Partido Colorado), dispuesto a aprobar el proyecto de ley para que ese camino quede expedito.

Si se presenta una iniciativa en tal sentido, Alberto Cid (de Encuentro Progresista) “estaría dispuesto a apoyarla calurosamente, porque sería la forma de leudarlo definitivamente”. Cid fundamenta su apoyo al proyecto en su propia experiencia como médico: “Nos tocó asistir a jóvenes y mujeres de todas las edades con un aborto incompleto que iban al servicio de emergencia del Hospital Pereira Rossel, donde debíamos completar aquel aborto incompleto llevado adelante en condiciones realmente lamentables”. Para el legislador, la ley actual “ha demonizado el aborto”, pero el objetivo es evitar exponer a la mujer a “un aborto en condiciones inseguras, que la mutile o la mate”.

Para Marina Arismendi “No es motivo de temblores que se hable de pronunciamiento popular. Siempre defendimos los plebiscitos”. “Acá no existe nadie que esté a favor de la muerte. No estoy a favor del aborto. Ojalá nadie tuviera que pasar por la experiencia, que es traumática siempre”, dice la senadora de Encuentro Progresista al tiempo que convoca a dejar de susurrar en los corredores y desnudar el problema.

José Korzeniac, senador del mismo partido político que Arismendi, rechaza categóricamente cualquier diatriba que le impute estar contra la vida, y asume que para él la vida humana comienza con la concepción. Sin embargo, apoya el proyecto de ley por su contenido social y ético, enmarcado en el Derecho Penal, que en su versión moderna prioriza “que las conductas no deseables se reduzcan o al menos se produzcan de la mejor manera posible” por sobre el castigo.

“La ley actual es obsoleta: no generará nada bueno ni para las mujeres ni para los embriones”, sentencia Korzeniac, quien también prefiere que el tema de sea resuelto por una manifestación del cuerpo electoral, camino al que pone dos condiciones: conocer previamente qué piensan cada uno de los senadores y senadoras, y que la consulta no esté inserta “en los procesos de elección de los gobernantes de este país”.

Hubo un planteo del Partido Colorado a la bancada de senadores del Frente Amplio/Encuentro Progresista sobre la posibilidad de instrumentar un mecanismo de consulta popular vía enmienda constitucional, que encontró buena disposición en la coalición de izquierda. Las condiciones de esta última serían que concluya el proceso en el Senado con la votación del proyecto de ley, y que la decisión la tomen los órganos políticos ante una propuesta de texto y fechas probables de realización de la compulsa.