La Corte Suprema de Justicia de Chile deberá dictaminar en mayo si una madre lesbiana tiene derecho a criar a sus tres hijas en el hogar que formó con otra mujer tras separarse del padre de las niñas, en un fallo que sentará un precedente que podría ser histórico para los derechos de las minorías sexuales.

(Mujereshoy) Discusiones y debates de todo orden ha generado en la algo abúlica y conservadora opinión pública chilena, el caso de la jueza Karen Atala, la madre lesbiana que tras asumir públicamente su opción sexual lucha por obtener la custodia legal de sus tres hijas. El litigio entre Karen y su ex esposo, Jaime López, tiene como ingrediente especial el hecho de que ambos además son funcionarios del Poder Judicial, poniendo en una trascendente situación a este poder de Estado, que con su dictamen podría sentar un precedente importante en los hasta hoy invisibilizados derechos de las minorías sexuales.

"Esperamos que la Corte Suprema no ceda al chantaje conservador y, a la luz de la legislación internacional, no discrimine a la madre por la opción sexual que ha manifestado", dijo a IPS Ximena Zavala, directora de la Fundación Instituto de la Mujer, una de las tantas organizaciones que siguen este caso con gran interés.

Atala, de 40 años, es jueza del Tribunal de Garantías de la ciudad de Los Andes, a 77 kilómetros al noreste de Santiago, adonde se mudó en febrero de 2003 con su pareja, la historiadora Emma de Ramón (42).

La relación entre ambas comenzó en la sureña ciudad de Temuco tres meses después de que Atala se separó definitivamente de López, un abogado de 39 años que trabaja en la Defensoría Penal Pública de esa ciudad.

Atala y López se casaron en 1993. Una conflictiva vida matrimonial los llevó, a fines de 2000, a requerir una terapia familiar que se prolongó por más de un año.

Atala tenía un primer matrimonio fracasado, del cual nació un hijo que hoy tiene 18 años. El terapeuta que supervisó el tratamiento familiar, estableció su lesbianismo y le aconsejó asumir esa identidad sexual que venía reprimiendo desde la niñez.

Las tres hijas de Atala y López, ahora de nueve, siete y cuatro años, quedaron bajo la tuición de ésta luego de la separación, hasta que el padre recurrió a la justicia, en noviembre de 2002, al enterarse de que la madre y De Ramón compartían la misma vivienda junto a las niñas.

Las tres pequeñas se trasladaron a Los Andes con su madre y de Ramón, pero el 8 de mayo de 2003 un juez concedió a López la tuición temporal de sus hijas, que debieron retornar a Temuco.

Atala podía visitarlas solo cada 15 días. Inició entonces una batalla legal por recuperar plenamente a sus hijas y, en octubre, obtuvo un primer fallo favorable de un magistrado, pero su ex esposo interpuso un recurso que derivó el caso a la Corte de Apelaciones de Temuco.

El 30 de marzo, y por un veredicto unánime e inédito en Chile, el tribunal otorgó la crianza de las niñas a la madre.

"De todos los informes emanados de diversas instituciones, es posible concluir que la opción sexual de la madre, esto es, el lesbianismo, no constituye por sí sola una causal de inhabilidad. Se ha acreditado que la homosexualidad es una conducta normal y que no es manifestación de ninguna patología que la inhabilite", señaló el dictamen.

La corte de Temuco consideró cinco informes especializados. Uno de ellos, de la Universidad Católica, establece que no se puede afirmar que hijos o hijas criadas por madres lesbianas tengan desventajas sicológicas y sociales o presenten comportamientos atípicos en el desarrollo de su identidad sexual.

La Organización Panamericana de la Salud corroboró que la homosexualidad no es un desorden sicológico y el Departamento de Sicología de la Universidad de Chile señaló que el lesbianismo es una forma normal de sexualidad, y que no existe diferencia entre hijos o hijas criadas por lesbianas y los de familias conformadas por un padre y una madre.

La sicóloga Soledad Larraín, que redactó ese informe, citó un estudio de enero de 2003 de la estadounidense American Psychological Association, con base en 50 investigaciones de casos similares.

"Son los conflictos en la familia y no la estructura de ésta lo que afecta a los hijos", señaló la especialista.

El Servicio Nacional de la Mujer envió al tribunal un informe documentado en análisis de la Comisión Nacional de la Familia, según el cual la solidez del grupo familiar radica en la alianza de afectos, más que en la consanguinidad y los conceptos sociales tradicionales.

Por último, el Servicio Médico Legal desvirtuó uno de los argumentos centrales de López al indicar, luego de peritajes sicológicos, que las tres niñas no presentan alteraciones con respecto a los roles sexuales.

El tribunal de apelaciones aplicó también la Convención de Derechos de los Niños y Niñas, y consideró la opinión de las tres menores, que si bien expresaron deseos de que su madre y padre se reconciliaran, manifestaron preferencia por vivir con la madre.

La contundente victoria judicial de Atala fue sin embargo neutralizada por los abogados de su ex marido, que presentaron ante la Corte Suprema una queja contra los magistrados de Temuco, acompañada de un "recurso de no innovar", lo cual paraliza el juicio por la tuición mientras no se resuelva el primer asunto.

Lorena Fries, abogada de Fundación La Morada, dijo que el recurso de queja ante la Corte Suprema "debiera terminar en una sentencia favorable para Karen Atala", y expresó su pleno acuerdo con el dictamen de la Corte de Apelaciones de Temuco.

"No se puede tratar de desvirtuar la capacidad de Karen Atala como madre por su opción sexual y eso quedó claro en los fallos", subrayó Fries.

"La opción sexual no es por cierto determinante en la capacidad de una mujer para ser madre. Eso está claro", opinó Mirta Ossandón, subdirectora del Programa de Acción con Mujeres, una entidad femenina independiente.

Una "decisión de 'no innovar' por parte de la Corte Suprema nos preocupa en la medida en que pueda ser una señal de desacuerdo con lo determinado por las instancias (judiciales) anteriores", indicó Ximena Zavala.

"Nos parece valiente y digna la posición de Karen Atala, en el contexto de una sociedad que, a pesar de todo, se abre lentamente a la tolerancia y al respeto a la diferencia", agregó la directora de la Fundación Instituto de la Mujer.

"Según la información que tenemos, en este largo proceso judicial a la señora Atala se le han exigido exámenes que a su ex cónyuge no se le han pedido. Esto viene a poner una vez más en evidencia la tutela permanente que existe sobre la sexualidad y la salud reproductiva de las mujeres", alegó Zavala.

"Lo que es realmente grave para los hijos es vivir en un hogar en donde predomina la violencia como forma de relacionarse entre las personas, cuando en una familia lo que se percibe constantemente es el doble estándar en los valores y las prácticas cotidianas", añadió.

"Lo que puede preservar un buen entorno para los hijos es la transparencia de las relaciones, el respeto mutuo y el compromiso de padre y madre con esos hijos. La vida sexual de los padres les pertenece solo a ellos mismos", concluyó la dirigente.

Si el esperado fallo de la Corte Suprema es desfavorable para la jueza Karen Atala, el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual (Movilh) llevará el caso ante la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abriendo un nuevo flanco en este ya histórico juicio.