Desde enero de 2001, la administración Bush ha establecido una serie de políticas que socavan la salud y los derechos de las mujeres y las niñas a nivel mundial. Esas políticas, apoyadas por un Congreso controlado por el partido Republicano, están erosionando la salud y los derechos sexuales y reproductivos en cuatro formas:

• limitando o retirando el financiamiento para programas efectivos que son considerados incompatibles con los valores conservadores;
• creando nuevas fuentes de financiamiento o canalizando los fondos existentes a través de organizaciones y programas que promueven una agenda política radicalmente conservadora, sin consideración alguna a criterios científicos y de salud pública;
• censurando información, abogacía e investigación sobre estrategias de salud integrales; y
• tratando de retractarse de acuerdos internacionales previos y diluir los nuevos acuerdos que avanzan la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Todas estas acciones amenazan con frenar los avances hacia el logro del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada en 1994, y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relativos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Al amordazar la discusión pública sobre los derechos y la salud de las mujeres, estas políticas también socavan a un sector clave de la sociedad civil en momentos en que la promoción del desarrollo social, económico y democrático es crucial y una meta manifiesta de los Estados Unidos.

Desde el año 2002, la International Women’s Health Coalition ha mantenido un catálogo permanente de las políticas y los nombramientos de la administración Bush que están amenazando la salud y los derechos de las mujeres y las niñas tanto en EEUU como a nivel internacional. “La otra guerra de Bush: Ataque a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres” es una hoja informativa electrónica, actualizada regularmente y disponible en inglés (ver link externo).

La siguiente versión abreviada en español se centra en políticas e iniciativas internacionales y ofrece algunos puntos sobresalientes de la agenda nacional de Bush.

La otra guerra de Bush: Ataque a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres

Acciones internacionales

UNFPA: Fondos congelados
El Congreso aprobó –y el presidente Bush convirtió en ley– una contribución de US$34 millones del año fiscal (AF) 2002 para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el mayor proveedor mundial de servicios de planificación familiar para las mujeres.

Seguidamente, el gobierno bloqueó la entrega de estos fondos con base en alegatos por parte de un grupo opuesto a la planificación familiar, según los cuales UNFPA estaría apoyando el aborto y la esterilización coercitivos en China. Cuatro diferentes equipos investigadores –incluido uno enviado por el Departamento de Estado de EEUU– hallaron que las acusaciones eran infundadas.

Aun así, el gobierno rehusó entregar el dinero y no ha solicitado fondos adicionales para UNFPA. Sin embargo, tanto en el año fiscal 2003 como en el 2004, el Congreso aprobó US$34 millones para UNFPA. El presidente se negó a entregar los fondos de 2003 y pronto anunciará si planea liberar los del año 2004, lo cual proveería servicios para una maternidad segura, anticonceptivos, reparación de fístula y prevención del VIH/SIDA. (Más información sobre el congelamiento de fondos para UNFPA se encuentra en http://www.iwhc.org/index.cfm?fuseaction=page&pageID=699.)

Regla de obstrucción global: Represión de la libre expresión
Esta política de la era de Reagan y reinstaurada por el presidente Bush el 22 de enero de 2001, obliga a que, a cambio de ayuda estadounidense para servicios de planificación familiar, las organizaciones no gubernamentales extranjeras (ONG) que reciben fondos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) se abstengan de brindar a las mujeres información sobre la opción del aborto legal y dónde pueden obtener servicios de aborto seguro, aun cuando para ello las ONG utilicen sólo sus propios fondos.

Además, los grupos no pueden involucrarse en ningún debate público o difundir información alguna acerca de los riesgos de salud asociados al aborto inseguro, manifestar apoyo a leyes vigentes que apoyan el aborto o proveer servicios de aborto con fondos que provengan de EEUU.

Esta política reprime la libertad de expresión e impide que profesionales de la medicina ofrezcan a las mujeres toda la gama de opciones legales médicamente aceptables. Además, esta política es contraria a la ley estadounidense y sería considerada inconstitucional si llegara a ser impuesta a organizaciones basadas en EEUU.

El 29 de agosto de 2003, el presidente Bush fue aún más lejos al ampliar la Regla de Obstrucción Global a ONG extranjeras que obtienen dinero a través del Departamento de Estado de EEUU. Las organizaciones que reciben dichos fondos atienden a algunas de las mujeres más vulnerables del mundo: refugiadas y migrantes desplazadas por las guerras y las revueltas civiles.

En el año fiscal 2004, el Senado intentó poner en evidencia la excepcionalidad legal de la Regla de Obstrucción Global y sus restricciones a la libre expresión a través de una disposición en la ley de asignaciones para operaciones extranjeras del AF 2004. La administración Bush amenazó con vetar la legislación si dicha disposición se mantenía.

Obedeciendo a las amenazas del gobierno, el Congreso retiró la disposición en la ley final de asignaciones para el AF 2004, que incluye financiamiento para operaciones extranjeras (para más información sobre la Regla de Obstrucción Global, visitar http://www.iwhc.org/index.cfm?fuseaction=page&pageID=693).

CIPD: Negación de acuerdos internacionales
Durante la Quinta Conferencia sobre Población de Asia y el Pacífico (11-17 de diciembre de 2002), la delegación estadounidense dominó las negociaciones con una agenda que descartaba las necesidades de salud de las mujeres y las niñas por encima de las objeciones de todos los demás países presentes.

El objetivo de la administración Bush consistía en bloquear la reafirmación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 1994, un acuerdo trascendental en el que los gobiernos del mundo se comprometieron a adoptar acciones integrales a favor de la salud y los derechos de las mujeres.

La delegación de EEUU se opuso a los términos “servicios de salud reproductiva” y “derechos reproductivos” alegando que tales frases “promueven el aborto” y declarando que “Estados Unidos apoya la sacralidad de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”. Aferrándose a una política de “sólo abstinencia”, también trató de eliminar todo lenguaje que mencionara el “uso consistente del condón” como un método viable para prevenir la infección por VIH. Al final, la posición de EEUU fue derrotada por 32 votos contra 1. Esta conferencia fue la primera de una serie de reuniones regionales que se llevarán a cabo en el mundo durante el año 2004, el décimo aniversario del acuerdo de la CIPD.

OMS: Financiamiento en peligro
La administración Bush ha congelado US$3 millones en financiamiento para el Programa de Reproducción Humana de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual actualmente está conduciendo investigación sobre la calidad de la prestación de servicios de planificación familiar en China.

En respuesta a ello, nueve miembros del Congreso enviaron una carta al secretario de Estado, Colin Powell, solicitando una explicación. Expresaron el temor de que éste pudiera ser un paso más en el esfuerzo por privar de financiamiento a cualquier organización internacional que brinde servicios de salud reproductiva para mujeres (ver UNFPA arriba). El Departamento de Estado negó que se haya retenido ningún financiamiento, pero los fondos del AF 2002 (que concluyó el 30 de septiembre de 2002) aún no han sido transferidos a la OMS o a su Programa de Reproducción Humana.

Adolescentes: Censura a la educación sobre la sexualidad
La administración Bush, en alianza con Irán, Irak, Libia, Sudán, Siria y el Vaticano, intentó bloquear el consenso sobre la educación de calidad sobre la sexualidad durante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones a Favor de la Infancia, realizada en mayo de 2002.

De haber tenido éxito, la delegación estadounidense habría impedido que jóvenes menores de 18 años reciban información sobre el abuso sexual (a pesar de las crecientes evidencias sobre su frecuencia), anticoncepción, condones y servicios de salud reproductiva, incluida la prevención del VIH/SIDA. El gobierno privilegiaba un enfoque sólo en la abstinencia, oponiéndose a la entrega de información y servicios integrales para los millones de adolescentes alrededor del mundo, quienes en gran medida ya han iniciado su actividad sexual, inclusive a través de un matrimonio precoz arreglado o relaciones sexuales forzosas.

CEDAW: Frenos a los derechos de las mujeres
El impulso por ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) aumentó después de que la administración Bush notificara al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que dicha ratificación era “generalmente deseable y debería ser aprobada”.

Sin embargo, cuando los conservadores radicales se quejaron de que el tratado socavaría la femineidad de las mujeres, el gobierno de Bush trató de frenar el proceso, informándole al Comité que una nueva y “minuciosa revisión es apropiada y necesaria”, además de solicitar que el Comité se abstuviera de votar hasta que la revisión fuera concluida. Aun así, el 30 de julio de 2002 el Comité votó 12 contra 7 a favor de enviar la CEDAW al pleno del Senado para su ratificación. El Senado aún debe votar al respecto.

VIH/SIDA: Promesas rotas, robarle a Pedro para pagarle a Pablo y otros trucos contables
A pesar del muy alardeado Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA, el gobierno se opuso consistentemente a los esfuerzos del Congreso por llevar los niveles de financiamiento del AF 2004 a una línea congruente con la meta de US$15 millones durante cinco años presentada por el mismo presidente (ver www.morebadnews.org). Y si bien el gobierno anunció que los fondos aumentarían después del AF 2004, el presupuesto del presidente para el AF 2005 es de US$180 millones menos que la cantidad necesaria para financiar completamente la iniciativa.

Aun dentro de estos insuficientes niveles de financiamiento, los “nuevos” recursos que el presidente Bush prometió en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2003 no son, de hecho, enteramente nuevos. En una prestidigitación contable, el mandatario aumentó su demanda presupuestaria del AF 2005 para Programas de VIH/SIDA a US$421 millones más que el nivel de financiamiento del AF 2004, a la vez que redujo en US$415 millones su solicitud para Programas de Sobrevivencia y Salud de la Infancia. Un financiamiento completo para Sobrevivencia y Salud de la Infancia, que incluye salud materna, planificación familiar y fondos para programas existentes de VIH/SIDA, es fundamental a fin de combatir la diseminación de la pandemia.

Comisión de Derechos Humanos: Oposición al derecho a la salud
En una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU realizada en Ginebra en abril de 2003, Estados Unidos se quedó solo al oponerse a una resolución que urgía a los países comprometerse a realizar el derecho universal a los más altos niveles alcanzables de salud física y mental.

La resolución llama a las naciones a aumentar sus esfuerzos para eliminar la discriminación en los cuidados de salud, prevenir la violencia, promover la salud sexual y reproductiva, adoptar medidas orientadas a proteger el derecho fundamental a la salud de sus ciudadanas y ciudadanos, así como ayudar a los países en desarrollo a alcanzar los más altos niveles de salud. Entre los 43 países que votaron, Estados Unidos fue el único que votó en contra de la resolución.

Mujeres refugiadas: Negación de servicios críticos
En agosto de 2003, la administración Bush retiró oficialmente el financiamiento para un consorcio de ocho organizaciones no gubernamentales que atienden a mujeres refugiadas, una de las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas.

El consorcio ha trabajado desde 1995, con apoyo del gobierno de EEUU, brindando cuidados para emergencias obstétricas, servicios de prevención del VIH/SIDA, anticoncepción de emergencia y educación para prevenir la violencia contra las mujeres en países asolados por la guerra tales como la República Democrática del Congo, Ruanda y Eritrea.

Sin embargo, en octubre de 2002 la administración Bush congeló el financiamiento de EEUU debido a preocupaciones no claras ni manifiestas acerca de una organización miembra del consorcio, Marie Stopes International. En agosto de 2003, el gobierno le presentó un ultimátum al consorcio, dejar fuera a Marie Stopes International o renunciar a todo el apoyo estadounidense.

Reconociendo que las actividades conjuntas de todas las organizaciones miembras son cruciales para una atención de calidad, el consorcio optó por rechazar el financiamiento de EEUU. Al bloquear estos fondos, la administración Bush ha socavado un esfuerzo concertado, en las condiciones más difíciles, para prevenir la diseminación de enfermedades, propiciar que las mujeres den a luz con seguridad y brindar cuidados a sobrevivientes de violación sexual.

Servicios internacionales de planificación familiar y salud reproductiva: Recortes de ayuda
En su presupuesto propuesto para el AF 2003, el presidente Bush recortó US$21.5 millones de los US$425 millones del año previo de ayuda internacional de EEUU para planificación familiar y salud reproductiva. A pesar de la creciente necesidad del mayor grupo de mujeres en edad reproductiva, el mandatario ha continuado solicitando la misma cantidad cada año. Con la inflación y costos que van en aumento, sus propuestas se traducen en un mayor recorte en los fondos. En respuesta a ello, el Congreso ha aprobado US$47.5 millones adicionales durante tres años.

Acciones nacionales: Puntos sobresalientes

Penalización del aborto: La llamada Ley de Prohibición del Aborto por Nacimiento Parcial
El 5 de noviembre de 2003, el presidente Bush convirtió en ley una legislación que limita el acceso de las mujeres al aborto y aplica penalizaciones criminales contra médicos y médicas que lo realicen. El “aborto por nacimiento parcial” es una fabricación política que carece de cualquier referente médico y, contrario a lo que erróneamente afirman muchos que lo apoyan, no es un término para un raro procedimiento de aborto de etapa avanzada conocido como “dilatación intacta y extracción”.

El lenguaje de la prohibición es tan vago y acientífico que puede ser construido para aplicarse a numerosos procedimientos de aborto en cualquier etapa del embarazo. Es más, en violación de múltiples dictámenes judiciales, no contiene una excepción orientada a proteger la salud de la mujer. En una disminución aún mayor del derecho legal de las mujeres a controlar su propio cuerpo, la ley permite que un hombre demande a su esposa en una acción civil por daños si ella se realizara el procedimiento sin su autorización (si la mujer es menor de 18 años, sus padres pueden demandarla). Inmediatamente después de que Bush firmó la ley fueron presentadas tres demandas que cuestionan su constitucionalidad. En cada caso los jueces han emitido órdenes de restricción que bloquean temporalmente la implementación de la ley.

Educación sexual exclusivamente sobre abstinencia: Incremento de fondos para programas no probados
Existen fuertes evidencias de que las personas jóvenes que reciben una educación integral sobre la sexualidad inician su actividad sexual más tarde que otros(as) adolescentes, tienen menos parejas y más probabilidades de usar anticonceptivos cuando sí tienen relaciones sexuales. Es por ello que ocho de cada 10 madres y padres apoyan estos programas de calidad para sus hijas e hijos.

Sin embargo, los fundamentalistas religiosos se han opuesto continuamente a la enseñanza de la educación sexual, y cuando no lograron cambiar la opinión del público estadounidense, adoptaron la nueva estrategia de subvertir el currículo mismo. Empezaron a pugnar por la llamada instrucción de “sólo abstinencia hasta el matrimonio” en vez de la previamente exitosa estrategia combinada de abstinencia, habilidades de negociación en las relaciones e información sobre los beneficios de la anticoncepción, incluidos los condones, para prevenir los embarazos no planificados y las infecciones de transmisión sexual (ITS), entre éstas el VIH/SIDA.

En un principio, el gobierno federal otorgó fondos limitados para el nuevo y no probado enfoque de educación exclusivamente sobre abstinencia, el cual no brinda información de salud pública a las personas jóvenes, sean o no sexualmente activas, e instituyó una serie de medidas para evaluar su efectividad.

Sin embargo, la administración Bush, con ayuda de sus aliados en el Congreso, ha aflojado de manera drástica los requerimientos de evaluación, mientras a la vez ha solicitado consistentemente incrementos significativos al financiamiento. Las demandas presupuestarias del presidente tanto para el AF 2003 como para el 2004 incluyen un incremento de US$33 millones para tales programas, que se han superado en su solicitud para el AF 2005, ascendiendo el financiamiento federal total a US$272 millones.

Conforme los fondos aumentan, continúa sin haber una evidencia confiable de que los programas sobre abstinencia retrasen el inicio de la actividad sexual o reduzcan los embarazos en la adolescencia. Un nuevo estudio de un programa sobre abstinencia en el estado de Minnesota reveló que durante el curso del año se duplicó la tasa de jóvenes que reportaron tener actividad sexual y aumentó en un 7,5 por ciento la de adolescentes que dijeron que probablemente tendrían relaciones sexuales antes de terminar el bachillerato. Más aún, el enfoque de “sólo abstinencia” tiene un valor insignificante para los dos tercios de adolescentes estadounidenses que han tenido relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años.

Instituto Nacional del Cáncer (NCI): Información censurada
El 25 de noviembre de 2002, el Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute o NCI, por sus siglas en inglés) colocó en Internet una hoja informativa denominada “Eventos reproductivos precoces y cáncer de mama”, cuyo propósito era reemplazar la hoja “El aborto y el cáncer de mama”, que había desaparecido varias semanas antes del sitio del NCI.

La hoja original, basada en un crítico análisis de una serie de diversos estudios, desvirtuaba el mito de que los abortos espontáneos o inducidos incrementan el riesgo de las mujeres de desarrollar cáncer de mama. En contraste, la nueva hoja afirma que los estudios son “inconsistentes”, sin mencionar que se descubrió que los estudios iniciales que sugieren un vínculo entre el aborto y el cáncer de mama eran científicamente infundados y que estudios más grandes y mejor diseñados, incluido uno publicado en el New England Journal of Medicine, no hallaron vínculo alguno entre el aborto y el cáncer de mama.

El 18 de diciembre de 2002, un grupo bipartidario de representantes del Congreso le escribió a Tommy Thompson, secretario de Salud y Servicios Humanos, solicitando una explicación y calificando el cambio de las hojas informativas como “nada más que la creación política de incertidumbre científica”. El 3 de marzo de 2003, la Junta de Asesores Científicos y la Junta de Consejeros Científicos del NCI concluyeron que no existen evidencias de que el aborto incremente el riesgo de desarrollar cáncer de mama.



Compilado por Ellen Marshall para la International Women’s Health Coalition. Última actualización: 24 de febrero del 2004. Esta versión al español fue traducida por Laura E. Asturias en febrero del 2004. La versión completa en inglés se encuentra en http://www.bushsotherwar.org. Para obtener más información, contactar a Sue Hornik en el número 1-212-979-8500 o en la dirección shornik@iwhc.org.