Ciudadanía y responsabilidad del Senado

(Mujereshoy) Un día antes de la tan esperada votación en el Senado del Uruguay y que mantuvo pendiente a toda América Latina, la periodista Isabel Villar escribió el siguiente artículo que contextualiza la situación sobre el proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva.

El 63 por ciento de las personas encuestadas por Equipos Mori manifestó estar a favor de la aprobación de una ley que incluya educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, y que permita a la mujer recurrir a un aborto en los primeros tres meses de embarazo, condiciones que satisface exactamente el texto legal que debe ser votado en la Cámara alta uruguaya este 4 de mayo.

También es mayoría el porcentaje de quienes rechazan el anunciado veto del presidente Jorge Batlle (61 por ciento). La encuesta se realizó entre el 28 y el 30 de abril por encargo de la Coordinación Nacional de Organizaciones que apoya la iniciativa.

Igual porcentaje es el de las personas que creen que los partidos políticos deberían definir su posición en relación a estos temas. A su vez, el 57 por ciento quiere que la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos y la regulación del aborto sean discutidos en la próxima campaña electoral.

Estos datos confirman lo que ya había mostrado la última actualización de la Encuesta Nacional de Factum, correspondiente al cuarto trimestre de 2003. En esa oportunidad, el 63 por ciento de la ciudadanía apoyaba la despenalización del aborto, el 29 por ciento se manifestaba en contra y el 8 por ciento declaraba no tener opinión al respecto.

Factum explicaba entonces, basándose en su investigación permanente, que el apoyo a la despenalización del aborto había ido creciendo con el tiempo: hace 10 años era del 55 por ciento, en febrero de 2001 de 56 por ciento, en 2002 –mientras se discutía el proyecto de ley en la Cámara de Representantes– ascendía al 58 por ciento, para alcanzar al 63 por ciento el año pasado.

También son significativos los porcentajes de quienes no opinan: mientras que lo habitual en cualquier tema es que oscilen entre el 15 y el 20 por ciento, respecto del aborto en 2000-2001 eran del 6 por ciento, y del 7 en 2002, lo que muestra que la ciudadanía tiene posturas definidas.

En los partidos: Distancia entre cúpulas y votantes

Siempre de acuerdo a la Encuesta Nacional de Factum, a fines de 2003 la aprobación, según preferencia partidaria de las personas encuestadas, mostraba en el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), 7 a favor por dos en contra, 5 a 3 y 6 a 4 en el Partido Nacional, por mitades en el Partido Colorado, y 7 a 3 entre las personas indefinidas.

En diciembre de 2002, Factum revelaba que entre los votantes del EP-FA el 70 por ciento estaba a favor de la ley y un 25 por ciento en contra. En el Partido Colorado ya aparecía el empate (45 y 45, con un 10% de indefinidos). En el Partido Nacional aprobaba un 53 por ciento, con un 40 en contra. En todos los casos, la referencia es a votantes comunes, lo que demuestra que es en los partidos tradicionales donde la masa de votantes se despega más de las cúpulas.

Cuando la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa (el 10 de diciembre de 2002), ninguna bancada partidaria tuvo votación homogénea. Ahora, la situación más complicada es la del gobernante Partido Colorado. Por ejemplo, el senador Julio Herrera vota la ley, aunque adhiere a que se consulte después a la ciudadanía. Otro senador, Juan Adolfo Singer, la aprobaría pero no en año electoral.

Por su parte, Alejandro Atchugarry, también del mismo partido, intentó quitarle la responsabilidad de encima tanto a su sector como al resto del sistema político, proponiendo una enmienda constitucional, alternativa que hasta ahora no ha prosperado.

En el Partido Nacional hay más homogeneidad: todos se oponen. El Herrerismo tampoco acepta que el tema se incorpore a la constitución, los demás podrían admitir otras formas de consulta a la ciudadanía.

En el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría todos, menos Eleuterio Fernández Huidobro votan a favor; tampoco se rechaza la consulta popular, pero se exige que primero la ley se vote en el Senado.

Tanto el Partido Colorado como el Nacional registran antecedentes de posiciones diferentes a las actuales. El senador Atchugarry promovió en l994 una iniciativa muy similar al proyecto que actualmente se discute. La entonces diputada blanca Ana Lía Piñeyrúa firmaba la misma iniciativa.

Un “delito” consentido

Una encuesta realizada por People’s Tendences entre el 22 y el 31 de marzo de 2004 muestra que el 76 por ciento de la población uruguaya conoce a alguna persona que se ha hecho un aborto. Solo el 12 por ciento dice lo contrario, y otro 12 por ciento “no sabe, no contesta”. La misma consultora registra una progresión creciente de apoyo a la modificación de la ley vigente que penaliza el aborto: en septiembre de 1993 era del 52 por ciento, de 57 por ciento en septiembre de 2000, y de 54 por ciento en marzo de 2004.

Los primeros guarismos reiteran lo sabido: la enorme mayoría de la gente está en contacto con personas que “cometen el delito” de aborto, y lo consiente. Tampoco las autoridades lo persiguen, como lo demuestra el escaso número de procesamientos por esa causa.

La responsabilidad del Senado

A la luz de estos datos, ¿qué le falta al Senado para estar en condiciones de aprobar el proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva? ¿O tal vez habría que preguntar qué le sobra, por influencia del año electoral?

El senador oficialista Rubén Correa Freitas, quien recibiera el encargo de su sector político para elaborar fórmulas de consulta a la ciudadanía, alegó que 30 senadores no pueden resolver por su cuenta un asunto tan delicado.

Por supuesto que las encuestas no sustituyen la opinión de la ciudadanía expresada en ejercicio de la democracia directa, pero sí permiten una aproximación a lo que piensan y quieren quienes han delegado en legisladores y legisladoras la potestad de representarlos. En este sentido, ya se sabe que la mayoría está a favor de que la ley se apruebe, lo que descarga la responsabilidad del Senado, que tanto parece preocupar a Correa Freitas y a muchos de sus pares.

La despenalización del aborto ha sido tradicionalmente concebida como riesgo de pérdida de votos. Sin embargo, cuando las encuestas desagregan datos por intención de voto, se muestra que la mitad y más de todas las comunidades partidarias se pronuncian por la aprobación del proyecto de ley o, lo que es lo mismo, a favor de sus principales regulaciones.

Si en una compulsa electoral el 50 por ciento más uno de los sufragios emitidos es suficiente para elegir al presidente de la República en primera vuelta, y la mayoría simple para hacerlo en la segunda, ¿por qué no es suficiente para decidir prevenir –y por lo tanto disminuir– los 33.000 abortos, a lo menos, que se realizan cada año las uruguayas?

Ampliación de la base social

Como ya lo advirtieran públicamente voceras de la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Ley de Salud Reproductiva, el rechazo a la iniciativa por parte del Senado, lejos de asegurar votos, podría restarlos.

“La ciudadanía, en su mayoría, está a favor del proyecto de ley. Apostamos a que las y los senadores representen a esa mayoría”, expresa el comunicado de la Coordinación en el que da a conocer los datos de la encuesta de Equipos Mori, última medición disponible sobre del tema.

La Coordinación está integrada por las organizaciones de mujeres de todo el país, numerosas organizaciones sociales mixtas, la Central Única de Trabajadores (PIT-CNT), personalidades de la Iglesias Metodista, Valdense y Afroumbandista, Mundo Afro, y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).



* Isabel Villar, periodista directora del suplemento La República de las Mujeres (asociada de nuestro portal), del diario La República, Uruguay.


Fuente: Isabel Villar. La República, Uruguay.