Rechazo e indignación provocó en sectores del feminismo chileno el fallo judicial que condena por injurias a Odette Alegría, por haber acusado al ex Director de Investigaciones, Nelson Mery, de haberla sometido a vejámenes sexuales mientras estuvo detenida en 1973. Un fallo a todas luces polémico.

(Mujereshoy) El fallo en primera instancia condena a Odette Alegría a 60 días de presidio remitido y al pago de dos millones de pesos (aproximadamente 3 mil 200 dólares) como indemnización, por el delito de injurias y calumnias graves contra Mery. Según Lamberto Cisternas, el magistrado que expidió la sentencia, Alegría no pudo comprobar sus aseveraciones con respecto a Mery.

Pero Laura Soto no opina lo mismo. Soto, abogada de Odette Alegría, y también diputada del Partido por la Democracia (PPD) que forma parte del gobierno de la Concertación, aseguró tener varias cartas bajo la manga, que usará para apelar el fallo ante los tribunales superiores.

La abogada asegura que posee una serie de antecedentes proporcionados por personas que habían testimoniado reservadamente ante el ministro que sigue la causa en la ciudad de Linares, lugar donde estuvo detenida Alegría, y que por temor a represalias no fueron dados a conocer. “Me da frustración, me da vergüenza que en plena democracia volvamos a hacer una víctima a Odette Alegría”, dijo.

Por su parte, en una Declaración pública, la Corporación de Desarrollo de la Mujer, DOMOS, la Corporación La Morada y el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos A.G. Chile, expresaron su “más categórico rechazo e indignación ante esta resolución que manifiesta nuevamente la facilidad con que nuestro sistema de justicia deja en la impunidad a aquellos que fueron responsables de las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile.”

En meses pasados, el caso de Odette Alegría saltó a las primeras planas de los periódicos, cuando ella señaló a Nelson Mery, máxima autoridad de la Policía de Investigaciones en ese momento, como uno de los agentes que la maltrataron y sometieron a vejámenes sexuales mientras estuvo detenida en 1973, en la Escuela de Artillería del Ejército de Linares, ubicada a unos 306 kilómetros al sur de la capital chilena.

A raíz de la denuncia de Alegría, Nelson Mery se vio obligado a renunciar a su cargo en espera del fallo. Pero, en todo momento, negó rotundamente haber conocido a Odette Alegría, y menos todavía haber abusado de ella.

Mery es reconocido como el jefe policial que logró importantes éxitos en la investigación de los crímenes de la dictadura militar. Fue nombrado como jefe de la Policía de Investigaciones, en 1990, por el primer presidente elegido en democracia, Patricio Aylwin, y luego ratificado por los gobiernos de Frei y de Ricardo Lagos.

Ciertamente, el peso que tiene el historial de Mery ha sido decisivo en este caso. Así lo destacan las firmantes de la Declaración, al señalar que es muy difícil para quienes sufrieron torturas y maltratos del aparato dictatorial de Pinochet, “acceder al necesario establecimiento de la verdad y el ajusticiamiento de sus victimarios que actualmente cuentan con un alto grado de poder e influencia social.”

Esto es muy claro, advierten, tratándose de las mujeres que fueron objeto de apremios sexuales. “El acceso a la justicia y a la posibilidad de probar los crímenes cometidos en su contra, se ve especialmente dificultado en tanto entran en juego aquellas nociones que invisibilizan, subvaloran y/o someten a duda, los actos de violencia cometidos en su contra, en especial cuando estos tienen carácter sexual.”

Es la palabra de una mujer frente a la palabra de un hombre poderoso y/o con prestigio.

Durante treinta años fue prácticamente imposible levantar esa especie de pacto de silencio sobre la violencia sexual que sufrió una gran mayoría de presas políticas. La masividad de las violaciones a los derechos humanos impidió sacar a luz esta violencia. Como bien ha señalado Ximena Zavala, directora del Instituto de la Mujer, “la desaparición de su compañero o familiar superaba con creces la tragedia de la mujer violada o abusada sexualmente.”

Hoy día, gracias al valor de Odette Alegría que, de alguna manera, abrió el camino, otras mujeres se atrevieron a hablar. Recientemente, un grupo de ex presas políticas, acompañadas por organizaciones feministas, así como por la Comisión Ética contra la Tortura y la Coordinadora de Presos Políticos, hicieron un llamado a las mujeres víctimas de violencia sexual durante la dictadura a denunciar estos hecho, ante la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech.