Casi la mitad de las personas pobres de Costa Rica son niños, niñas y adolescentes, personas menores de 18 años. Forman parte del 48 por ciento de la población en condiciones de pobreza, que corresponde a 375.133 personas menores de 18 años, una cifra enorme si se considera que el total de la población de ese país es de cuatro millones.

(Mujereshoy/Casa Alianza) Por si fuera poco, se estima que 113.523 niños, niñas y adolescentes forman parte de la fuerza laboral del país. Por cada cien de ellos y ellas, 35 sufren pobreza y extrema pobreza.

Así se desprende del informe IV Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, dado a conocer este lunes 17 de mayo del 2004. La investigación fue elaborada por el Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) y el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PREDENA) de la estatal Universidad de Costa Rica.

El país experimenta un aumento en el riesgo de empobrecimiento, una población en proceso de envejecimiento incipiente y mayor desigualdad social.

Y es que en 1977, el 20 por ciento más pobre de la población recibía el 4,5 por ciento del total de la riqueza. En el 2002, ese porcentaje disminuyó a 3,7 por ciento. La diferencia pasó a las arcas del 20 por ciento más rico, que disfrutaba del 47,4 por ciento de la riqueza en 1977. En el 2002, la tajada del pastel llegó al 51,3 por ciento en el 2002.

De acuerdo al informe, las personas mayores de 60 años reciben el 25 por ciento del total de la inversión social. Por otro lado, los niños, niñas y adolescentes reciben el 36 por ciento, pese a que conforman el 38 por ciento de la población.

De esa manera, una familia de cuatro miembros estaría recibiendo en “bienes, servicios o transferencias provistas por el Estado, o dejando de gastar”, un monto cercano a los ochenta mil colones mensuales (US $185).

“Este monto mensual es similar al salario mínimo vigente en esos años para un trabajador o una trabajadora no calificada, por lo que la magnitud transferida a la población no resulta en absoluto despreciable”, indica el documento.

Sin embargo, una buena parte de los y las costarricenses no perciben los beneficios de esa inversión, en parte debido a la desigualdad en la distribución de esos fondos.

Costa Rica gasta el 85,5 por ciento de los fondos del sector Seguridad Social en pensiones, equivalente a un monto cercano a los 231,9 mil millones de colones (unos US $537 millones), es decir un 17,1 por ciento del total del gasto del Gobierno de Costa Rica.

“Este es el rubro de gasto social que con más dificultad se puede asociar con una inversión social y claramente no está dirigido a beneficiar a los niños, las niñas y los adolescentes (...) solo el 13 por ciento de la inversión de esta función (social) está canalizado hacia los programas de apoyo a grupos vulnerables”, indica el estudio.

Aunque el estudio no lo explica, informaciones periodísticas indican que las llamadas pensiones de privilegio, otorgadas a ex funcionarios públicos de alto rango, fueron la causa de desembolsos por 210 mil millones de colones, en el 2003 (unos US $486 millones), según estimaciones del Ministerio de Hacienda del país.

“Es importante hacer notar que la inversión social no es suficiente para las personas menores de edad. Pero hay algo aún más grave que esta investigación evidencia, y es que el Estado está violando su propia ley al no asignar el monto que le ordena la Constitución Política para educación”, manifestó Bruce Harris, Director Regional de Casa Alianza.

En efecto, de acuerdo con el Informe, en el 2001 el país destinó el 4,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación (incluyendo la formación profesional). La Constitución Política establece, en su artículo 78, que ese monto no debe ser inferior al seis por ciento del PIB.

El documento señala, como una de las prioridades, la reforma institucional del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución rectora de los derechos de las personas menores de edad en Costa Rica.

Dicha reforma se ha planteado en, por lo menos, cuatro oportunidades desde 1997 y hasta la fecha, pero se ha pospuesto por razones de presupuesto y oportunidad.

“Mientras tanto, los que se han visto afectados son los niños, las niñas y los adolescentes que deberían disponer de programas de rehabilitación al consumo de drogas, de atención para víctimas de abuso y explotación sexual...”, agregó Harris.