Guatemala se ubicó el pasado mes de marzo a la cabeza de la lista de los países más violentos para la niñez, así como para la adolescencia en Centroamérica, al contabilizar 55 ejecuciones extrajudiciales de personas menores de 23 años. Un clima de violencia al cual las investigaciones no ayudan puesto que los responsables no son señalados con rapidez.

(Mujereshoy) Las cifras obedecen sólo al departamento de Guatemala, ciudad en donde se informó de más asesinatos que en Honduras, Nicaragua y Costa Rica juntos durante ese mismo período y para esa misma parte de la población.

Diversas voces de la sociedad civil en la región han calificado esas muertes como sumamente graves, pero también advierten que más grave aún es el hecho de que las investigaciones no están señalando a los responsables con la rapidez que estos crímenes ameritan.

“¿Por qué es tan difícil meter a la cárcel a los asesinos? ¿Por qué apenas cinco por ciento de los asesinatos en el país se resuelven?”, preguntó Bruce Harris, Director Regional de Casa Alianza.

En marzo del 2004, una denuncia de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDHG), señaló a oficiales de la Policía Nacional como sospechosos del asesinato de por lo menos tres mujeres.

El año pasado, Casa Alianza documentó un total de 747 ejecuciones extrajudiciales en la capital guatemalteca, con un promedio de 60 muertes al mes.

El Programa de Apoyo Legal de Honduras registró, en todo el país, un total de 557 casos.

Según informes recopilados por Casa Alianza, 52 asesinatos ocurridos en Guatemala (94 por ciento), se perpetraron con armas de fuego.

En otros dos casos, la policía determinó que los responsables de las muertes utilizaron armas blancas, aunque los cadáveres presentaban quemaduras.

Del total de víctimas de las ejecuciones, 19 eran personas menores de edad (34 por ciento) y el 66 por ciento tenía más de 18 años, pero menos de 23.

En Nicaragua, durante todo el mes, Casa Alianza documentó 12 asesinatos de personas menores de 23 años. El 96 por ciento de las víctimas fueron de sexo masculino y la mitad de los homicidios se perpetraron con arma de fuego.

En Costa Rica, en ese mismo lapso, se reportaron dos homicidios cuyas víctimas fueron una niña y un niño menores de dos años. Autoridades de Guatemala, Honduras y El Salvador coinciden en atribuir los asesinatos a las pandillas juveniles o “maras”, pero sin presentar pruebas.

Ese argumento infundado ha justificado políticas represivas contra estos grupos. Sin embargo, la violencia continúa, señala Casa Alianza.