El jueves 3 de junio, cerca de 300 activistas de distintas colectividades sociales se dieron cita ante el edificio de los Tribunales de Santiago de Chile para protestar por el fallo de la Corte Suprema que quitó la tuición de sus hijas a Karen Atala, una jueza que no quiso ocultar su lesbianismo.

(Mujereshoy) “Corte(n) la Suprema. Vergüenza Nacional”, decía una enorme banderola llevada por un grupo de feministas que acudió a esta manifestación de protesta, sumándose a la amplia convocatoria favorecida por la confluencia de distintas expresiones de los movimientos de gay y lesbianas, feministas, y otros colectivos de la sociedad civil.

“Este fallo significa un gran retroceso”, dijo Patsili Toledo, abogada feminista de la Corporación La Morada, una de las organizaciones convocantes. En igual sentido se pronunció la diputada del Partido Por la Democracia (PPD) Carolina Tohá, calificando de discriminatorio el fallo de la Corte Suprema, al negar a una madre la tuición de sus hijas sólo por ser lesbiana.

El debate comienza

Cuando en marzo de este año un veredicto de la Corte de Apelaciones de Temuco otorgó la crianza de sus hijas a Karen Atala, una joven jueza que había iniciado una pelea legal con su ex marido para obtener ese derecho, esta decisión provocó una gran polémica nacional, que no estuvo exenta de homofobia.

Polémica recogida y amplificada por los distintos medios de comunicación, que no se distinguieron por abordar el caso con objetividad y seriedad. De inmediato surgieron voces de indignación para calificar de “degenerada” a una mujer que se atrevía a contar públicamente que tenía una relación de pareja estable con otra mujer, “dañando moralmente” a sus hijas.

Sin embargo, la sentencia de la Corte de Temuco desvirtuó estas opiniones. “De todos los informes emanados de diversas instituciones, es posible concluir que la opción sexual de la madre, esto es, el lesbianismo, no constituye por sí sola una causal de inhabilidad. Se ha acreditado que la homosexualidad es una conducta normal y que no es manifestación de ninguna patología que la inhabilite”, estableció el dictamen. (Ver link interno).

Conocida esta sentencia, el ex marido de Atala, Jaime López, también funcionario del Poder Judicial, presentó ante la Corte Suprema una queja contra los magistrados de Temuco, instancia que finalmente falló a favor de López.

En la línea de mira internacional

Si el caso Atala ha provocado polémica en Chile, su repercusión se ha hecho sentir fuera de las fronteras del país, luego que organizaciones como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Móvil), hiciera llegar a la Relatora de Violencia Contra la Mujer de Naciones Unidas, Christina Saunders, una copia del fallo de la Corte Suprema.

En una carta dirigida a Saunders, esta organización pide el pronunciamiento de esta instancia, pues, a su juicio, este fallo es contrario a los derechos humanos y constituye una violencia contra las minorías sexuales, especialmente contra las lesbianas.

Otra voz que se escuchó en estos días es la de José Miguel Vivanco, director de la respetada organización Human Rights Watch, con sede en Washington. Vivanco hizo una fuerte crítica a la decisión de la Corte Suprema chilena. Dijo que en derecho internacional, el Estado tiene responsabilidad por las acciones de sus tres poderes, en este caso por las del Poder Judicial.

Al mismo tiempo, el Programa para América Latina y el Caribe de la Comisión de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC, por sus siglas en inglés), a través de su vocera, Alejandrá Sardá, al tiempo de expresar su condena por el fallo, desvirtuó los calificativos que ponen en tela de juicio la calidad de madre de Karen Atala.

“Estamos en desacuerdo con ese fallo, porque una madre que se muestra ante sus hijas como una mujer compleja, con intereses y amores varios que a veces entran en conflicto; que asume la responsabilidad de luchar por lo que siente y desea, aún sabiendo que el castigo por hacerlo puede ser serio, les está dando una hermosa lección ética que las preparará para ser mujeres del siglo XXI”.

Sardá trajo a colación ejemplos de casos parecidos en Estados Unidos, Sudáfrica y Colombia, donde jueces y juezas emitieron fallos que pueden considerarse históricos. En 1999, la Corte Europea de Derechos Humanos revirtió un fallo de la Corte Suprema de Portugal, que había privado a un padre gay de la tenencia de su hija, con argumentos similares a los de los jueces chilenos.

En New Jersey, Estados Unidos, hace 25 años, la Corte Suprema dictaminó que no existía ningún impedimento para que una madre lesbiana cuidara de sus hijas. Uno de sus argumentos fue: “Es razonable pensar que (las niñas) saldrán de la situación mejor equipadas para… percibir que la mayoría no tiene razón en sus juicios morales y mejor preparadas para… no verse limitadas por el sentimiento o prejuicio más popular en ese momento en su ambiente social”.

En términos parecidos, el Tribunal Superior de Sudáfrica favoreció, en 1998, a una madre lesbiana que convivía con otra mujer. Recientemente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar opinó a favor de que una mujer transgénero siguiera manteniendo contacto con sus hijos, ya que ellos “no corren ningún peligro en su integridad moral y física”.

En Chile, el caso de Karen Atala ha tenido la virtud de poner en el tapete un tema “tabú”, al poner en evidencia ancestrales prejuicios y valores caducos que no calzan con los aires de modernidad tan pregonados.