Mujeres estadounidenses y latinoamericanas rechazaron la política de coerción del gobierno de George Bush contra las delegaciones de países pobres en el XXX Periodo de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la que debe evaluar el cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo.

(Mujereshoy) Desde el inicio de la reunión de dos días del Comité de Población de la CEPAL, para evaluar el cumplimiento de los consensos alcanzados en materia de derechos sexuales y reproductivos desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), surgieron las denuncias de presión política que Estados Unidos ejerce frente a las delegaciones de Guatemala, Bolivia, Puerto Rico y Perú.

Carmen Barroso, presidenta del Federación Internacional de Planificación de la Familia, Región Hemisferio Occidental (IPPF/RHO por sus siglas en inglés), expresó en conferencia de prensa que las denuncias de chantaje se condicionan con los fondos para alcanzar las metas del milenio, tal y como ocurrió hace dos semanas durante la IX Conferencia sobre la Mujer realizada en la ciudad de México.

Por su parte, Terri Bartlett, representante de la organización Population Action International (PAI), hizo énfasis en la diferencia fundamental entre discutir los asuntos por las vías legales –en este caso a través de la Secretaría de Estado encabezada por Colin Powell–, y aquellas que van contra la soberanía de los países, como el diputado conservador Chris Smith, convenciendo a los delegados de las naciones en persona.

Uno de los ejemplos de coerción

Christopher Smith, quien representa a Nueva Jersey en el Congreso federal de EEUU, envió una carta al presidente de Guatemala Óscar Berger, en la que le pide que se pronuncie en contra de “secciones problemáticas” de acuerdos sobre derechos reproductivos que se discuten en la cita de la CEPAL.

“Le exhorto a que considere instruir a su delegación a no reafirmar secciones problemáticas en documentos (ratificados) en Santiago y México”, dice la carta de Smith, quien participa como observador en las actividades de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

“Los países están siendo presionados para reafirmar sin reservas documentos previos de la CEPAL sobre población ratificados en Santiago el pasado marzo y este mes en México”, agrega el documento.

Los acuerdos citados por Smith son parte del seguimiento que las Naciones Unidas y sus diferentes agencias le han dado al encuentro de El Cairo en 1994, cuando 179 países adoptaron un ambicioso plan de 20 años para reducir el crecimiento de la población mundial –entonces, alrededor de cinco mil 700 millones, y hoy, cerca de seis mil 300 millones– con el propósito de reducir la pobreza.

Smith dijo que el documento de la CEPAL ratificado en Santiago de Chile tiene un lenguaje ambiguo, en el que no se establece si entre los “derechos reproductivos” se incluye el aborto.

“El cabildeo a favor del aborto utiliza un Caballo de Troya, en el que se manipula el lenguaje para introducir el aborto a estos países”, señaló Smith.

La congresista demócrata Carolyn Maloney, quien participa en el cónclave de la CEPAL como observadora, deploró la actitud de su colega y argumentó que la carta enviada a Guatemala “es extremadamente preocupante”.

“Deberíamos estar apoyando el derecho de naciones soberanas de combatir la pobreza”, dijo Maloney durante una rueda de prensa, en la que la Federación Internacional para la Planificación Familiar y Acción Internacional por la Población, ambas con sede en EEUU, dieron a conocer la carta.

Organizaciones no gubernamentales calificaron el documento como “un acto de presión indebida”.

Smith rechazó que se trate de presión, y dijo que pretendía “iluminar a otros países” sobre lo que se discute en la cita de la CEPAL, agregando que no sólo ha dialogado con el gobierno de Guatemala, sino con “todos los países”, y sostuvo que no tiene razón para detener su cabildeo.

Lo que está en juego

Por otra parte, cien ONG de América Latina y el Caribe hicieron pública este 29 de junio una declaración en la que reafirman el Programa de Acción de El Cairo y los acuerdos que fortalecen los derechos humanos, la justicia y el bienestar de toda la ciudadanía.

Las ONG señalan que los compromisos de El Cairo deben ser cumplidos “en la región más desigual del mundo”, refiriéndose a América Latina y el Caribe, “donde el modelo económico sigue generando una deuda externa calculada en millones y millones de excluidos, desplazados, discriminados y silenciados de los cuales la inmensa mayoría son mujeres. En la misma región que ha sabido enfrentar chantajes y coacciones prepotentes, que violan los principios de las Naciones Unidas, y que ha defendido posiciones comunes sobre la justicia, el desarrollo y la paz. En la misma América Latina y Caribe que queremos libre de racismo, libre de xenofobia, libre de sexismo y de cualquier tipo de violencia”.

La declaración convoca, una vez más, al “compromiso ético y la voluntad política imprescindible para generar los recursos y los mecanismos que conviertan los compromisos en realidades concretas. Las mujeres, nuestra región y todos sus pueblos se merecen que este Programa de Acción ENTERO, se cumpla”. (Ver documento completo en link interno.)