(San Juan de Puerto Rico) En el marco del Trigésimo Periodo de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se realiza en Puerto Rico, la declaración firmada por 21 diputadas/os de 14 países: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido Uruguay y Venezuela tuvo un tremendo impacto.

El 30 de junio, al finalizar la intervención de las mujeres, jóvenes e indígenas en la Plenaria, la Diputada Emilia Torres, de Nicaragua, leyó la Declaración Parlamentaria que evocó la “ola de movilización parlamentaria que se inició en Ottawa, Canadá, donde más de cien parlamentarios/as de 70 países respaldaron el consenso internacional de la CIPD, que garantiza a todas las personas el derecho a decidir libre y responsablemente sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.

Mencionó las reuniones de Asia Pacífico, el Foro Europeo de Ginebra, la reunión de Santiago de Chile y la de Dakar como testimonio claro de cómo los/as parlamentarias de las diferentes regiones del mundo han desempeñado un rol clave para asegurar que sus gobiernos protejan y reafirmen el Programa de Acción de la CIPD.

Afirman que si verdaderamente consideran que las personas tienen el derecho a decidir, también deben promover políticas publicas que permitan resguardar los derechos sexuales y reproductivos, tomar los pasos adecuados y velar por la asignación de recursos para alcanzar los compromisos de la CIPD.

Recordó a las delegaciones presentes que durante los 5 días de la Conferencia, más de 8 mil mujeres morirán a consecuencia de complicaciones vinculadas al parto, 30 mil adolescentes habrán contraído el VIH/SIDA y que 1.068 mujeres habrán muerto como consecuencia de los abortos en condiciones de inseguridad. Esta tragedia humana resulta completamente inaceptable, especialmente si consideramos que la misma puede ser evitada. Estas personas tienen derecho a la vida, subrayó.

No estaremos apoyando en nada al promover la abstinencia hasta el matrimonio en regiones del mundo donde las mujeres y jóvenes no se encuentran empoderadas para decir NO. De hecho, al asumir esta actitud estaríamos avalando aquellas posiciones conservadoras que no toman en cuenta las aspiraciones de las personas jóvenes y con necesidades específicas. En nuestra condición de representantes democráticamente electos, es nuestro deber prestar atención a las demandas de la gente.

Los temas deben ser tratados de manera multipartidaria, superando las diferencias entre partidos. Celebramos al respeto la declaración de más de 100 miembros del Congreso de los EEUU que en una carta del 15 de junio pasado manifiestan su decisión de reafirmar el Programa de Acción de la CIPD.

En Ottawa afirmamos que “La vida o al muerte es una decisión política”,
Nosotras/os, acá los parlamentarios/as reunidos, OPTAMOS POR LA VIDA.

Fuente: Ana María Pizarro Jiménez, via RIMA (Argentina)