(Mhoy) En julio de 2002, entró en vigencia el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI). Para ello se requirió la ratificación de 60 países. Esta noticia fue muy importante para las organizaciones de mujeres de todo el mundo, que desde entonces han ejercido un fuerte cabildeo para lograr la incorporación de mujeres a este organismo. La elección del panel de jueces se realizará del 3 al 7 de febrero próximo.

La Corte Penal Internacional será la primera corte permanente a nivel mundial autorizada para enjuiciar personas por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Fue en julio de 1998, durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas reunida en Roma, que se aprobó el Estatuto del Tribunal Penal Internacional. Éste fue el inicio de un largo y dificultoso proceso de tres años para lograr que los gobiernos lo ratificaran. En la nómina de países que dieron su visto bueno no figura Estados Unidos, como era de esperarse.

“El establecimiento de una Corte Penal Internacional Permanente, dijo en esta oportunidad la jurista costarricence Elizabeth Odio Benito, es una deuda antigua que la comunidad internacional adquirió con los pueblos del mundo. Luego de la II Guerra Mundial se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración contra el Genocidio y se acordó que la labor del Tribunal de Nuremberg y Tokio debía continuarse en una Corte de carácter permanente. Por razones políticas, su creación se pospuso hasta 50 años después”. Para las mujeres, la existencia de la CPI es un avance sin precedentes ya que por primera vez se incluye, en la definición de crímenes de guerra del Estatuto, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo y la esterilización forzados y otras formas graves de violencia sexual.

Pero nada de esto hubiera sido posible sin la acción persistente de un pequeño grupo de mujeres activistas en derechos humanos de varios países del mundo que en febrero de 1997, creó el Women’s Caucus (Grupo de presión) para hacer labores de cabildeo en las sesiones del Comité Preparatorio para el Establecimiento del CPI. “Sin un Caucus organizado, los planteamientos de las mujeres no hubieran podido ser defendidos por las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos ni por la coalición de ONG encargada de monitorear las actividades para el establecimiento del Tribunal Penal Internacional. La coalición jugó un papel importante en la creación de esta instancia”, comentó recientemente Alda Facio, feminista y abogada costarricence y una de las impulsoras del Women’s Caucus. Por otra parte, en 2002 se creó otra instancia de cabildeo para América Latina y el Caribe. Se trata del Colectivo de Mujeres Latinoamericanas por la Justicia de Género, que, entre sus tareas, debe iniciar procesos de difusión y capacitación en torno a la Corte Penal Internacional y la justicia de género y participar en los procesos de implementación del Estatuto para asegurar que se implementen los avances que establece este mecanismo en materia de violencia sexual.

El Estatuto de Roma prevé la creación de una Unidad de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaría de la CPI, y su función será ofrecer protección, seguridad y asistencia a testigos, víctimas y otras personas en riesgo, que ofrezcan sus testimonios. Además, esta Unidad debe incluir personal con experiencia en traumas, incluyendo el trauma relacionado con los crímenes de violencia sexual. De ahí la importancia de que en el proceso de selección de los jueces, se tome en cuenta la norma que establece “una representación justa de mujeres y hombres”. Sin embargo, para las feministas, es clave que, además, las juezas elegidas sean sensibles y/o comprometidas con los intereses de las mujeres, ya que el Estatuto requiere que las personas designadas tengan experticia en violencia contra las mujeres y niñas/os.

Históricamente ha habido muchas disparidades en la representación de género dentro de los organismos internacionales, como en los casos de los Tribunales Penales Ad Hoc para la ex Yugoslavia y para Ruanda, donde las mujeres fueron muy pocas en número. Actualmente, sólo hay una mujer de 16 jueces en el Tribunal Penal de la antigua Yugoslavia y 3 de 16 jueces en el de Ruanda. Sólo una mujer ha ocupado el puesto de los 15 miembros de la Corte Internacional de Justicia desde hace 80 años. En 2001, dos mujeres fueron elegidas de los 35 miembros que conforman la Comisión de Derecho Internacional en sus 55 años de historia.