(Mujereshoy) Hace 8 años que existe el instrumento legal en Bolivia que busca sancionar y detener la violencia intrafamiliar, y aunque se calcula la escalofriante cifra de que 7 de cada 10 mujeres sufrirían algún tipo de agresión en ese país, sólo unos cinco agresores recurrentes han pisado un recinto penitenciario para cumplir condena en todos estos años.

Esta es una de las revelaciones que surgieron durante el Taller Nacional sobre la Ley de Violencia Intrafamiliar que se llevó a cabo en La Paz el pasado 4 de agosto. La iniciativa, convocada por el mismo Defensor Público de ese país, surge en el marco de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que fue ratificada por Bolivia mediante la Ley Nº 1599 de octubre de 1994.

Sin embargo, la escasa eficacia de la Ley contra la Violencia y la escalofriante realidad descrita por el propio Defensor del Pueblo Boliviano, Waldo Albarracín, han generado una alianza entre el funcionario y distintas organizaciones de la sociedad civil para proponer la reformulación de dicho instrumento legal.

La estrategia pretende exigir al Estado el cumplimiento de sus responsabilidades para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar y generar una plataforma de vigilancia social que pueda velar por la protección de derechos humanos de las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar.

“La debilidad en los servicios encargados de su atención, limita la sanción a los hechos de violencia de esa naturaleza”, señaló Albarracín.

Como ejemplo de tal situación, durante el Taller se señaló el debilitamiento en los Servicios de Brigadas de Protección a la Familia por falta de apoyo institucional para su fortalecimiento, así como los escasos y también debilitados servicios legales integrales municipales existentes, como factores que contribuyen a la inadecuada atención de violencia intrafamiliar.