(Mujeres hoy) Por primera vez, la capital mexicana establecerá un plan para “controlar” la actividad de las trabajadoras sexuales -llamadas coloquialmente en el norteño país latino “sexoservidoras”-, tanto en la vía pública como en sectores más privados.

Sin embargo, la iniciativa no surge exactamente de la necesidad de velar por los derechos de estas mujeres, sino de la aplicación de la nueva Ley de Cultura Cívica que ya está operando en el Distrito Federal de México.

El nuevo panorama tiene como uno de los principales objetivos uniformar la forma en la que se regula la actividad del “sexoservicio”, que hasta el momento se lleva a cabo a través de distintos convenios con vecinos sin criterios específicos.

Aunque no se habla de establecer zonas de tolerancia entre las 3 mil trabajadoras que operan en la vía pública, se precisará en un documento la forma en que los vecinos pueden quejarse de esta actividad.

Pero no solo hay restricciones. Afortunadamente, el plan contempla el censo y el apoyo a las trabajadoras sexuales a través de distintas iniciativas.

Por ejemplo, se busca que quienes ejercen el trabajo sexual reciban una credencial como trabajadoras no asalariadas para que obtengan los beneficios de ley.

En las mesas de trabajo para lograr estas acciones, participan el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Desarrollo Económico (Sedeco), de Salud y Desarrollo Social y 100 trabajadoras sexuales.

El trabajo conjunto de las partes involucradas ha hecho que se prioricen otros objetivos de la iniciativa, entre los que se cuentan la necesidad de erradicar los abusos a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, las vejaciones y el mal trato, así como prácticas de extorsión por parte de policías y de lenocinio, controlado por mujeres. Al mismo tiempo, se busca brindar alternativas de empleo a quienes piensen en el retiro.

Entre las demandas de las trabajadoras sexuales, se incluye la creación de un albergue para las mujeres de la tercera edad.

La coordinadora de este proyecto es Luz Rosales, directora del Instituto de la Mujer, quien explicó que históricamente ha habido discriminación en contra de las mujeres que ejercen el trabajo sexual.

“Tenemos que cuidar que se respeten sus derechos humanos y también ofrecerles alternativas, como que reciban una credencial como trabajadoras no asalariadas para que obtengan los beneficios que estipula la ley”, explicó.

Luz Rosales detalló que se distribuirán algunas circulares entre estas mujeres para que conozcan las reglas de cómo actuará el gobierno de la ciudad con ellas para evitar la discriminación.

A partir del incremento de los operativos policíacos para retirarlas de la vía pública, previa denuncia vecinal, las mujeres se han quejado del mal trato y golpes de los que son víctimas por parte de policías.

El secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, subrayó que los operativos van a continuar en las 16 delegaciones, siempre que haya una queja vecinal.

De enero a la fecha, cerca de 2 mil 400 trabajadoras sexuales han sido remitidas ante un juzgado cívico, según estadísticas de la Dirección de Justicia Cívica del Distrito Federal.