El 11 de septiembre de 1973 un sangriento golpe militar depuso al gobierno democrático del Presidente Salvador Allende. La represión del régimen, encabezada por Augusto Pinochet, incluyó persecución política, arrestos en masas, “desapariciones”, juicios sumarios, y torturas sistemáticas, ejecuciones y detenciones secretas. Dos mujeres relatan sus experiencias.

(Amnistía Internacional) El mundo entero miraba escandalizado cómo las políticas del régimen militar marcarían la vida de una generación de chilenos y chilenas y el futuro de un país. Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile y Virginia Shoppee (investigadora de Amnistía Internacional para Chile) relatan sus experiencias, historias distintas, pero unidas por el afán de verdad y justicia.

Viviana Díaz se enteró el año 2001 que el cuerpo de su padre, el dirigente comunista Víctor Díaz, fue arrojado al mar después de su desaparición y muerte. Veinticinco años tras su secuestro, el 12 de mayo de 1976. Viviana sigue hasta hoy luchando para que los responsables de las torturas y asesinatos sean enjuiciados, incluyendo a Augusto Pinochet: “Cualquier chileno acusado de un delito está en la cárcel, Augusto Pinochet, acusado de delitos de lesa humanidad, crímenes que no prescriben y que no pueden ser amnistiados está en su casa”, dice la dirigenta.

¿Cuál era la situación en Chile durante los años setenta?

Viviana Díaz: Salvador Allende, primer presidente socialista en Chile, fue electo el 4 de septiembre de 1970. A partir de allí, en Chile se dio un proceso de cambio.
En los días previos al 11 de Septiembre de 1973 se sentía que algo iba a suceder. Las políticas de Allende generaron reacciones en la derecha que la llevaría a evitar que terminara su mandato. El golpe militar cambió la historia de Chile.

¿Cuándo comenzaron las violaciones de derechos humanos?

V. D.: El 11 de septiembre comenzaron las detenciones indiscriminadas en todo el país. Miles de detenidos fueron llevados a centros deportivos que habían sido transformados en campos de concentración. Ese mismo día se instauró el estado de sitio y el toque de queda, lo que cambió la vida de todos los chilenos, y empezó a conocerse una práctica nunca antes vista en el país: la “desaparición”. Los opositores políticos que quedaban detenidos “desaparecían”. En muchos casos la detención nunca fue reconocida y el Poder Judicial –único poder del Estado que siguió funcionando después del golpe militar– pudo asumir una actitud cómplice con la dictadura y rechazar los recursos de amparo que se empezaron a interponer en los días posteriores al golpe.

¿Cuál fue la reacción de la sociedad chilena ante los arrestos masivos, las “desapariciones”, las violaciones de derechos humanos?

V. D.: A causa del terror que imperaba y el toque de queda era muy difícil dar a conocer lo que se estaba viviendo. Mi familia tenía vigilancia policial en la puerta de la casa. Nos seguían a donde íbamos, porque buscaban a mi padre. En un momento todo se paralizó, pero con la junta militar instaurada, la gente tuvo que volver a sus trabajos, a sus estudios. Solo manifestábamos los que estábamos en la búsqueda de nuestros familiares, mientras recorríamos lugares para ver si los ubicábamos.

¿Crees que en ese momento la gente sabía de las violaciones de derechos humanos?

V. D.: Todos los chilenos fuimos testigos del bombardeo a la Moneda [palacio presidencial], de cómo las fuerzas militares se apoderaron de Chile. Había una psicosis, si encontraban literatura que consideraban peligrosa, había que quemarla, había que destruir. Si te pillaban con eso, te podía costar la vida. Fueron momentos muy duros, la gente se preocupaba por sí misma. Nadie creía que había gente que estaba “desapareciendo”, es muy difícil de imaginar algo tan cruel. La gente fue llevada de su casa, de su lugar de trabajo, en presencia de testigos y después decían “nunca ha sido detenido, no hay orden de detención”. Gracias a eso, el poder judicial no dio lugar a miles de órdenes de amparo y dejó a miles de personas en la más completa indefensión.

¿Como reaccionó la comunidad internacional al ver las violaciones de derechos humanos?

V. D.: Chile ha sido un país privilegiado en cuanto a la preocupación internacional. El golpe militar fue rechazado en casi todo el mundo. El rol de la comunidad internacional fue importante a todo nivel. Naciones Unidas creó una comisión investigadora que quería venir a Chile para investigar los asesinatos, torturas y “desapariciones”. Decenas de países abrieron sus puertas y acogieron a miles de refugiados.

¿Cuál fue la reacción de Pinochet ante la presión internacional?

V. D.: Pinochet se rehusó a otorgar autorizaciones para que se entrara a Chile. Él hablaba de la campaña del “marxismo internacional”, una campaña en contra de la junta militar.

¿Sentías que en algún momento se iba a hacer justicia, que la dictadura iba a terminar?

V. D.: Ninguno de nosotros imaginó que esta dictadura iba a durar casi 17 años. El golpe fue tan brutal, tan cruento, nos cambió la vida. Nosotros comenzamos una peregrinación desde el momento en que se llevaron a nuestros seres queridos. Teníamos que luchar para salvar la vida de nuestros familiares. El lema era “nuestra vida por la verdad”. Cuando íbamos a los tribunales, nuestra convicción era que en algún momento las cosas cambiarían. Luchábamos con la esperanza de que esto no podía ser eterno.

¿Qué sentiste cuando Pinochet fue arrestado en Londres?

V. D.: El 16 de octubre de 1998 va a quedar grabado en mí. Cuando escuché la noticia de que Pinochet estaba retenido en Londres sentí alegría y pena de que mi madre no pudiera compartir la noticia, ella había fallecido un año antes. En esos 503 días se iniciaron jornadas inolvidables, nos llevó a pensar que sí era posible que Pinochet fuera juzgado y condenado. No nos imaginamos que iba a volver a Chile a reírse del mundo entero. Lo fundamental es que nuestra lucha no ha sido en vano. Después de la detención de Pinochet ya nadie duda de la existencia de los desaparecidos y que eso es responsabilidad de las fuerzas armadas chilenas.

¿Hay una deuda pendiente de los gobiernos civiles en la lucha por la verdad y la justicia?

V. D.: Ha faltado voluntad política de los gobiernos civiles para juzgar a Pinochet. Los gobiernos civiles permitieron que llegara a ser senador vitalicio, a pesar de toda la evidencia de violaciones de derechos humanos en su contra.

¿Por qué crees que ocurrió esto?

V. D.: Porque la transición con los militares fue pactada, se les garantizó que nunca ninguno iba a ser sometido a un proceso judicial. La comunidad internacional continúa presionando, pero el poder judicial guarda en el escritorio todas las recomendaciones, incluyendo las relacionadas con el decreto de amnistía.

¿Se han logrado algunos pasos positivos. ¿Qué crees que va a ocurrir en los próximos años?

V. D.: Este es un tema que no va a terminar tan fácilmente, más de 1000 personas continúan desaparecidas. Los procesos están abiertos, seguiremos tratando de evitar que la impunidad se constituya en el país. Se requiere de mucha persistencia, siempre nos vemos enfrentados a presiones para evitar que Pinochet sea condenado. Cualquier chileno acusado de un delito está en la cárcel, Augusto Pinochet, acusado de delitos de lesa humanidad, crímenes que no prescriben y que no pueden ser amnistiados, está en su casa. El poder judicial debe finalmente cumplir con su rol de administrar justicia y hacerlo en línea con sus obligaciones nacionales e internacionales. Pinochet debe entregar la información que tiene sobre los detenidos y desaparecidos. El olvido no va a resolver el drama de las violaciones de derechos humanos. Nosotros seguiremos luchando para alcanzar la verdad, lograr que se haga justicia y para que se recupere la memoria histórica para educar a las nuevas generaciones.

El trabajo de Amnistía Internacional: Virginia Shoppee

Tras el golpe de Estado de septiembre de 1973, Amnistía Internacional, en su sede de Londres, comenzó a recibir cientos de denuncias y desplegó su trabajo de investigación y acción, registrando los hechos, denunciando y haciendo apelaciones a las autoridades chilenas y a la solidaridad internacional a favor de miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Virginia Shoppee, investigadora sobre Chile de Amnistía Internacional en Londres, cuenta lo que pasó.

“Una misión de delegados de Amnistía Internacional llegó a Chile en noviembre de 1973. Menos de un mes más tarde, presentamos la información recabada y pedimos el cese de las ejecuciones, la publicación de las listas de detenidos y ejecutados, la libertad inmediata de los presos de conciencia e investigaciones sobre las innumerables denuncias de tortura.”

En 1974, un informe publicado por Amnistía Internacional fue el comienzo de una campaña internacional que exigía la investigación de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, que los responsables comparecieran ante la justicia y las víctimas y sus familiares fueran reparados debidamente.

“Allí fue cuando iniciamos un programa de ‘adopción’ de presos de conciencia. Miles de miembros de Amnistía en todo el mundo enviaron apelaciones a las autoridades chilenas pidiendo por el respeto a los derechos humanos y apoyando a los familiares de las víctimas, abogados y grupos que se formaron dentro de Chile para la protección de los derechos humanos.”

Dieciséis años más tarde desde el comienzo de esa campaña, un gobierno civil, encabezado por Patricio Aylwin Azócar, asumió el poder en Chile y a pesar de varios intentos para acabar con la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, las víctimas no encontraban justicia.

“La Comisión Rettig, la iniciativa principal del gobierno del Presidente Aylwin, tenía como fin registrar las violaciones de derechos humanos ocurridas, pero no tenía mandato para nombrar responsables ni para iniciar investigaciones ni tampoco se incluyó en sus registros a las víctimas de tortura que habían sobrevivido a su tormento.”

Mientras tanto, las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares continuaban reclamando justicia.

“Desde la detención de Augusto Pinochet en Londres, en 1998, han habido algunos progresos. Recientes decisiones judiciales en Chile han permitido que se abran casos de “desapariciones” y ejecuciones; casos que la misma justicia chilena había cerrado en oportunidades anteriores. Se han dado fallos importantes, como los relacionados con el desafuero de Augusto Pinochet: primero de su inmunidad parlamentaria y más recientemente, de su inmunidad como ex presidente para que responda ante la justicia sobre casos tan conocidos y bien documentados como la Caravana de la muerte y la Operación Cóndor. El gobierno del Presidente Ricardo Lagos creó en 2003 la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para examinar los casos de tortura de la época del régimen de Augusto Pinochet. Este fue el resultado de la perseverancia de los sobrevivientes de tortura de esa época.”

Sin embargo, miles de casos siguen pendientes de las decisiones de los tribunales chilenos.

“Estos casos requieren fallos judiciales que permitan encontrar la verdad y justicia sobre las violaciones del gobierno militar que constituyen crímenes de lesa humanidad y que, por lo tanto, deben ser juzgadas y castigadas.”

“La pesada herencia del gobierno de Augusto Pinochet continuará siendo un estigma en la sociedad chilena si las autoridades, tanto a nivel ejecutivo como legislativo y judicial, no muestran la voluntad política necesaria para responder a sus obligaciones frente al pueblo chileno y a sus compromisos internacionales.”

Entre las acciones concretas por las que Amnistía Internacional continúa haciendo campaña Virginia Shoppee citó la anulación del Decreto-Ley de Amnistía de 1978 que prohíbe juzgar violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, obstaculizando el avance de la verdad y la justicia.

“El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura señaló en mayo de 2004 que el Decreto Ley de Amnistía, entre otras disposiciones constitucionales de la época del gobierno militar, obstaculizan el disfrute pleno de derechos fundamentales. El Comité enfatizó que este decreto-ley ‘consagra la impunidad de personas responsables de torturas, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar’.”

Virginia Shoppee también hizo hincapié en la necesidad de reducir la extensa jurisdicción de tribunales militares para juzgar casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

“El Comité de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han declarado en reiteradas ocasiones que el procesamiento por tribunales militares de miembros de las fuerzas armadas acusados de violaciones de derechos humanos es incompatible con las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho internacional. Los tribunales militares deben ser tribunales especiales y exclusivamente funcionales, cuyo papel es mantener la disciplina en el seno de las fuerzas armadas y, en consecuencia, deben limitarse a delitos estrictamente militares.”

No ha sido fácil para los familiares de las víctimas de desapariciones y ejecuciones ni para las víctimas sobrevivientes de tortura persistir en su justo reclamo ante todas las instancias nacionales e internacionales. Ha sido una labor de largos años de repetidas negativas y retrocesos.

A pesar de eso, 31 años más tarde, la labor de las víctimas, sus familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos continúa, desafiando con su perseverancia a la adversidad.