Los países de América Latina han adoptado leyes y políticas para proteger los derechos de la mujer y dar mayor acceso a servicios de salud reproductiva, pero todavía existe insuficiencia de recursos, prejuicios de género y deficiencias en los servicios a la población pobre y adolescente. Así lo señala el último informe del Fondo de Población de Naciones Unidas.

(Mujereshoy) El informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) analiza los avances logrados en el plan adoptado hace diez años en El Cairo –Conferencia sobre Población y Desarrollo– para buscar un equilibrio entre el número de la población mundial y los recursos disponibles, impulsar el respeto de los derechos de la mujer y erradicar la pobreza.

Titulado El Consenso de El Cairo, diez años después: Población, salud reproductiva y acciones mundiales para eliminar la pobreza, el documento pasa revista a los adelantos y a los obstáculos para que los países apliquen el Programa de Acción, casi a mitad de camino hacia la meta, fijada para 2015.

Se examinan los vínculos entre población y pobreza, la protección del medio ambiente, la migración y urbanización, la discriminación contra mujeres y niñas y las principales cuestiones de salud reproductiva, entre ellas el acceso a anticonceptivos, la salud de las madres, el VIH/Sida, y las necesidades de los adolescentes y de la población en general en situaciones de emergencia.

El documento destaca avances. Por ejemplo, la reducción de la mortalidad materna en Honduras y México, al tiempo que refleja las enormes lagunas que se dan en Haití y las deficiencias en el resto de la región, principalmente en Centroamérica y en los países más pobres de Suramérica.

Por cada 100.000 niños nacidos vivos en Latinoamérica mueren 190 madres, una cifra inferior a las 400 muertes de promedio mundial, pero aún elevada, puesto que en los países desarrollados es solo de 20.

Los índices más altos se dan en Haití (680 muertes), Bolivia (420), Perú (420), Brasil (260), Guatemala (240) y Nicaragua (230).

En América Latina y el Caribe mueren 32 niños por cada mil nacidos vivos, una cifra por debajo de los 56 fallecidos de media mundial, pero superior a los 8 de los países desarrollados.

Las tablas reflejan además grandes diferencias en la región, ya que en países como Cuba es de tan solo 7 fallecimientos, una cifra similar a la de Estados Unidos, mientras que en Haití se eleva a 63, en Bolivia a 56, en Guatemala a 41 y en Nicaragua a 36.

Unos 2.800 millones de personas viven en el mundo con menos de 2 dólares al día, recuerda el informe, y subraya que la salud deficiente, la desigualdad entre sexos y un rápido crecimiento de población perpetúan y exacerban la pobreza.

El descenso de la fertilidad en Brasil, México y otros países de la región ha llevado a un incremento del producto bruto per cápita, según el informe, que subraya un incremento de la planificación familiar desde 1994, de manera que el 70 por ciento de parejas en América Latina y el Caribe tiene acceso y utiliza métodos anticonceptivos.

En Uruguay, Cuba y Chile todos los partos son asistidos por personal adiestrado y en Costa Rica, El Salvador, Panamá, Argentina, Venezuela y República Dominicana superan el 90 por ciento.

Sin embargo, en Honduras solo el 56 por ciento tiene asistencia adecuada, en Guatemala el 41 por ciento y en Haití no llega al 25 por ciento.

Las mujeres más pobres tienen menos probabilidad de recibir atención especializada en el embarazo y el parto, una circunstancia que en países como Panamá se intenta revertir con la formación de comadronas que trabajen en áreas rurales y con pueblos indígenas.

Uno de los principales desafíos en el mundo es la prevención del Sida y del contagio del VIH, una pandemia que en las dos últimas décadas ha costado 20 millones de vidas e infectado a 38 millones.

En República Dominicana, un 2,5 por ciento de varones entre 15 y 49 años padece el virus, frente al 0,9 por ciento de mujeres; en Haití sufren el virus el 4,8 por ciento de hombres y el 6,4 por ciento de mujeres entre esas edades, mientras que en Honduras la incidencia es del 1,7 y del 2 por ciento, respectivamente.

Los países de Latinoamérica han sido especialmente activos en educar a las fuerzas armadas para impedir que la enfermedad se propague con rapidez, pero el informe advierte del riesgo para jóvenes con escaso acceso a información y servicios que pueden evitar el contagio y los embarazos no deseados.

Especialmente vulnerables a este último problema son los jóvenes separados de sus familias y el informe alude a Colombia, donde la violencia y los desplazamientos de población han ido acompañados de un aumento en embarazos de adolescentes y de abortos de riesgo.