A 10 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) las desigualdades entre hombres y mujeres, ricos y pobres, desarrollados y en desarrollo se han acrecentado; ha aumentado la migración laboral, y la tendencia privatizadora disminuye las fuentes de empleo y coloca a las mujeres como “campeonas del trabajo precario”.

(Montreal, Canadá, Cimac) Ésta fue la evaluación general del Coloquio Trinacional “Los 10 años del TLCAN, balance social y perspectivas”, que se realizó en esta ciudad quebequense este fin de semana y al que asistieron 350 participantes de diferentes organizaciones sindicales, feministas, ambientales, de salud, educativas y sociales de la región.

Una de las consecuencias “nefastas” del TLCAN, firmado por Canadá, Estados Unidos y México en 1994, fue la modificación de la Constitución Mexicana –que protegía la propiedad colectiva de la tierra– para dar paso al libre comercio agrícola. Uno de los efectos es que México, uno de los principales productores de maíz, importa ahora maíz transgénico, se afirma en la declaración final de este encuentro.

Los propietarios de las maquiladoras del norte de México siguen limitando el derecho de huelga, aplican el examen de embarazo como requisito laboral y reducen prestaciones.

El traslado de algunas maquilas de México a China –donde las normas salariales y ambientales son más bajas– es otro hecho que ha afectado a las y los trabajadores de la región, afirman los críticos del modelo neoliberal.

En Estados Unidos, los trabajadores también enfrentan la desindustrialización y se ven obligados a emplearse en otros sectores, como el de servicios, con menores salarios y prestaciones.

En Canadá, el acuerdo trilateral ha afectado principalmente a los trabajadores del sector salud, donde se han empezado a privatizar algunos servicios.

Concretamente en Québec, se ha puesto en práctica una política de “nivelación normativa hacia abajo”, como lo ejemplifica el modelo “PPP” que resume la “colaboración entre el sector público y privado para proporcionar servicios, es decir, una privatización disfrazada, que deja a trabajadores y trabajadoras, la mayoría enfermeras, en una posición laboral de desamparo, sujetas a movilidad de horarios y con menores prestaciones.

Además de analizar, mediante talleres y ponencias, los efectos negativos del TLCAN, las y los participantes insistieron en la necesidad de ser más propositivos, ampliar la agenda social y exigir un debate público donde los tres gobiernos hagan una evaluación de las promesas del tratado.

Luego de cuestionar la supremacía de los acuerdos internacionales sobre la soberanía de los Estados, economistas, legisladoras y legisladores, académicas y académicos, entre otros, muchos de ellos miembros de la Alianza Social Continental y de la Marcha Mundial de las Mujeres, coincidieron en que el bienestar colectivo debe estar por encima de cualquier tratado de apertura de mercados públicos.

“El derecho de las mujeres a la igualdad debe estar reconocido antes de firmar cualquier tratado comercial”, señalan los grupos sociales de América del Norte.

Además de exigir “transparencia de las negociaciones” sobre tratados comerciales que realizan los gobiernos, las personas asistentes a este coloquio trinacional defendieron la soberanía alimentaria de las nacionales y enfatizaron que los servicios públicos (educación, salud y agua), así como la cultura, deben estar “excluidos general y permanentemente” de los acuerdos de comercio internacional, “a fin de preservar el bien común, fundamento de nuestras sociedad”.

Como una manera de revitalizar la lucha colectiva contra la liberalización comercial, las y los participantes afirmaron que el hecho de que el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) tenga problemas para arrancar en enero del 2005 significa que “vamos por buen camino y que debemos mantenernos en la misma dirección”.

Destacaron la necesidad de proponer “soluciones comunes ante problemas comunes” y se comprometieron a “reforzar nuestras redes nacionales y proseguir nuestro trabajo de formación e información sobre los desafíos creados por la imposición de este modelo de liberalización comercial”.

Por otra parte, con el fin de continuar el análisis del impacto negativo del TLCAN se propuso realizar reuniones sectoriales. La primera de ellas sería sobre el sector agrícola en México en los próximos seis meses. Después se realizarían encuentros similares para analizar específicamente el impacto en las mujeres y el sindicalismo.

Sindicalistas piden “renegociar” el TLCAN

Por su parte, las organizaciones sindicales de América del Norte pidieron una “renegociación” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) porque a diez años de su implementación las fuentes de empleo se han reducido.

“Esto no se resuelve con cláusulas laborales. Si no hay empleo no hay derechos laborales que garantizar y el tratado ha generado desempleo, por eso hay que renegociarlo”, afirmaron los líderes sindicales participantes en el Coloquio Trinacional.

“En la década de los noventa, los salarios de los trabajadores norteamericanos no han aumentado considerablemente”, afirmó Sara Anderson, del Instituto de Estudios Políticos de Estados Unidos, quien agregó que en su país también se está dando una lucha “intestina” por mejorar las condiciones laborales.

Denunció que algunos empresarios, como los del sector farmacéutico, presionan a los congresistas para que apoyen iniciativas que los favorecen. “En nuestros países todo se discute a puertas cerradas”, acotó.

La investigadora resaltó que el movimiento sindical estadounidense celebró el triunfo de los trabajadores quebequenses frente a la multinacional Wal Mart.

Alberto Arroyo, de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio, hizo eco de las palabras del director de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el sentido de que los “TLC” son el esfuerzo de crear una constitución mundial de los derechos del capital, es decir que los gobiernos pretenden construir un marco constitucional que garantice el comercio, por encima de la soberanía de los Estados.

Denunció que en México la Comisión Nacional de Competencia cuenta con absoluta autonomía para determinar políticas comerciales. “En este momento no tenemos una banca nacional, el 95 por ciento del mercado financiero está en manos de extranjeros y esto lo decidió dicha Comisión”.

Se refirió al poder de las trasnacionales, las que pueden demandar a los Estados si consideran que sus políticas están limitando sus ganancias.

Concretamente propuso presionar trilateralmente hacia una “renegociación” del tratado de América del Norte y señaló que si John Kerry gana las elecciones en Estados Unidos habría la posibilidad de abrir la discusión, ya que el candidato demócrata prometió 120 días de debate público en torno al TLCAN y al ALCA. “Esto no sería un cambio de rumbo radical, pero sí la opción de abrir la discusión”, anotó.

Por su parte, Bruce Campbell, director del Centro Canadiense de Políticas Alternativas, señaló que los ataques del 11 de septiembre al centro financiero de Nueva York “justificaron la presión para conseguir aplicar medidas de unión monetaria y aduaneras que benefician el comercio” y afirmó que el ALCA “es un vehículo para crear una constitución extranacional, con una lista de restricciones para los gobiernos”.

Los panelistas coincidieron en que las políticas macroeconómicas afectan directamente a los trabajadores y a las trabajadoras porque los derechos laborales están sujetos al capital. El proceso de privatización está fragmentando el mercado laboral, afirmaron.

El Coloquio tri-nacional se realizó el 17, 18 y 19 de septiembre en la Universidad de Québec en Montreal (UQAM), en Canadá.

Algunas de las participantes fueron Beatriz Luján, del Centro de Estudios y Taller Laboral/FAT, de México; Alexandra Spieldoch, del Center of Concern/Red Internacional Género y Comercio, de Estados Unidos; Rusa Jeremic, de KAIROS-Canadian Ecumenical Justice Initiatives, de Canadá; y Lyne Kurtzman y Gisèle Bourret, de la Fédération des Femmes du Québec.

El coloquio fue apoyado por los miembros de la Red Quebequense frente a la Integración Continental (RQIC), los miembros de Common Frontiers Canadá, del Observatorio de las Américas/UQAM, del Ministerio de Relaciones Internacionales del Gobierno de Quebec
(MRI), del Fondo John Holmes/Ministerio de Asuntos Extranjeros del Gobierno de Canadá, y del Patrimonio Canadiense.