• PANORAMA
• VIDA COTIDIANA
• ESPACIOS
• MOVIMIENTOS
• NO + VIOLENCIA
• MEMORIA
• PUNTO M
• CIBERTALLER
• Agenda
• Galería de   Maitena
• Resultado   Encuestas
VIDA COTIDIANA/Salud
24.09.2004
Google
www mujereshoy
Uruguay: De leyes, historias y abortos inseguros
Reforzar políticas de salud reproductiva
Abortos mal practicados matan a 70 mil mujeres al año en todo el mundo
Texto completo del estudio (pdf)
IPAS
Cuerpos autónomos, vidas soberanas. Mujeres y derecho al aborto libre y seguro
Aborto en Uruguay: El obstáculo presidencial
Costa Rica: Esterilización femenina se incrementa
Reconocen éxito académico y contribuciones de cinco mujeres latinas
La cesárea, una epidemia en Puerto Rico
Maternidad temprana, ¿mal de pobres?
Nueva vacuna contra el virus del papiloma humano
Sobre el aborto en Colombia
ARTÍCULO
Aborto seguro: Diez años después de El Cairo
(Foto: Campaña 28 de septiembre).
 
Con el fin de determinar los cambios relacionados con los servicios de aborto seguro que se han presentado desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y de la revisión realizada cinco años después, la organización IPAS estudió el estado actual de la salud reproductiva en la región, centrándose en el tema del aborto.

(Mujereshoy) IPAS es una organización internacional no gubernamental que lleva más de tres décadas dedicada a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el aborto; a ampliar la capacidad de la mujer de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos; y a mejorar el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluidos los servicios de aborto seguro.

Entre los programas mundiales y nacionales de Ipas figuran la capacitación, la investigación, la gestoría y defensa (advocacy), la difusión de información y la distribución de tecnologías en salud reproductiva.

En el marco del Día por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, el próximo 28 de septiembre, presentamos extractos del estudio Cumplimiento de los compromisos adquiridos a partir de la CIPD en torno a los servicios de aborto en América Latina: La agenda inconclusa.

IPAS aplicó una entrevista a personas de cinco países latinoamericanos. Los resultados del estudio reflejan las respuestas de 33 personas estrechamente relacionadas con el tema, provenientes de Bolivia, Brasil, México, Nicaragua y Uruguay.

Las personas entrevistadas representan a una variedad de sectores, tales como organizaciones multilaterales y gubernamentales, grupos médicos y de salud pública y organizaciones de mujeres y de derechos humanos. Las entrevistas se llevaron a cabo por teléfono desde mayo hasta septiembre de 2003. Los resultados de las entrevistas se utilizan para ilustrar diversos aspectos e inquietudes en torno al tema a nivel de cada país, así como para complementar los datos provenientes de otras fuentes.

Cambios y retos en los servicios de salud reproductiva de las mujeres en la región. Retos conceptuales

Las personas entrevistadas declararon de manera abrumadora que el concepto de salud reproductiva aún no se comprende bien en la mayoría de los países. Con frecuencia se define como un programa que incluye a la salud materno-infantil o los servicios de planificación familiar, pero rara vez se incluye el enfoque holístico definido en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD).

Las personas entrevistadas afirmaron que, en general, la CIPD ha tenido un impacto positivo en Latinoamérica –lo cual es notable en el lenguaje que se está utilizando en torno a políticas públicas y en el creciente número de debates públicos que se han originado respecto a la salud y los derechos reproductivos– pero reconocieron, no obstante, varios problemas.
La mayoría de las personas entrevistadas señalaron que, a pesar de que los gobiernos suelen declarar su compromiso con el Programa de Acción de la CIPD, esto no siempre se ha visto acompañado de la formulación de políticas adecuadas, programas realizables e indicadores claros y concisos para medir su eficacia. Cuando han ocurrido cambios en las políticas a nivel central en muchos países, a menudo éstos no han alcanzado los niveles municipal y comunitario.

Los administradores de servicios de salud y los directores de programas en estos niveles con frecuencia no comprenden el enfoque de la CIPD, las verdaderas implicaciones de la salud reproductiva y la manera de implementar programas eficaces. Aún se necesita que las ONG y las organizaciones comunitarias unan esfuerzos a fin de garantizar la aplicación de las políticas relacionadas con la salud reproductiva.

Además, durante la década que siguió a la CIPD, muchos de los países estudiados experimentaron cambios en su gobierno. Con frecuencia los gobiernos entrantes no están tan comprometidos con la visión de salud reproductiva heredada de sus antecesores. En algunos países, los nuevos gobiernos han mantenido el lenguaje de la CIPD, pero han propiciado considerables cambios respecto de los compromisos adquiridos a partir de esta conferencia.

Sectores de la población carentes de servicios

Numerosas personas entrevistadas –principalmente quienes provenían de organizaciones de mujeres– hicieron hincapié en la creciente necesidad de prestar servicios de salud reproductiva, incluidos los servicios de aborto seguro, para adolescentes.

Estas últimas, con frecuencia, experimentan embarazos no deseados como resultado de sus escasos conocimientos sobre reproducción o anticoncepción, así como por falta de control sobre las relaciones sexuales no consentidas. El mensaje cultural de la maternidad como fin único de las mujeres, con frecuencia contribuye a las altas tasas de embarazo adolescente.

Algunos de los retos mencionados con relación a las adolescentes en América Latina son:

a) el acceso de las adolescentes solteras o unidas (casadas o no) a los métodos anticonceptivos, incluso cuando los reglamentos establecen explícitamente una cobertura universal;

b) un aumento alarmante en la cantidad de embarazos de adolescentes;

c) una creciente necesidad de servicios de aborto seguro para las mujeres en este grupo de edad;

d) un alto índice de complicaciones, consecuencia de abortos practicados en condiciones de riesgo. En México, por ejemplo, una de las personas entrevistadas del Consejo Nacional de Población (CONAPO) señaló que el 26 por ciento de las adolescentes que viven con su pareja experimentan una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos. Asimismo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Nicaragua, el 27 por ciento de todas las adolescentes (mujeres menores de 20 años de edad) en Nicaragua son madres o están embarazadas (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2001). En Uruguay, las personas entrevistadas informaron que el 16,5 por ciento de todos los embarazos corresponden a mujeres adolescentes.

Estos retos se presentan por razones culturales, sociales e institucionales. Con frecuencia a las adolescentes se les considera “demasiado jóvenes” para tener acceso a los servicios de salud reproductiva.

Además, algunas se avergüenzan de buscar servicios debido al estigma social o temen que sus padres se enteren. Esta discriminación de facto se traduce en atención deficiente, en estigmatización y en el consiguiente abandono de los servicios de salud por parte de este grupo.

Tres casos recientes de menores pobres que fueron violadas y a quienes posteriormente se les negó acceso a servicios de aborto seguro y legal han recibido mucha atención pública. Los casos involucraban a una niña boliviana, a una mexicana (Paulina) y a una nicaragüense (Rosa).

En los tres casos era factible solicitar una interrupción legal del embarazo. En los casos de Bolivia y Nicaragua, el movimiento de mujeres y algunos aliados médicos demostraron su compromiso con los derechos reproductivos practicando los procedimientos de interrupción a las niñas cuando el sistema de salud se negó a hacerlo.

En México, Paulina, una niña de 13 años de edad, no tuvo la posibilidad de que se le practicara un aborto y se vio forzada a llevar el embarazo a término. Un grupo de defensores de derechos humanos mexicanos e internacionales está llevando este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso de Nicaragua, se originó en España una petición por correo electrónico, cuyos signatarios solicitaban la excomunión por parte de la Iglesia Católica en solidaridad con aquellas personas que habían sido amenazadas con ser excomulgadas por haber apoyado a Rosa.

En casi todos los países donde se realizó el estudio, se mencionó el problema de acceso para las mujeres que viven fuera de los centros urbanos. La distancia física de los establecimientos de salud con frecuencia puede sumarse a otras barreras culturales y sociales para la obtención de servicios de salud reproductiva.

En México, por ejemplo, la Secretaria General del CONAPO informó que existen 196,000 comunidades rurales e indígenas, de las cuales 64,000 están aisladas. Entre cuatro y cinco millones de personas (es decir, entre el 4 y el 5 por ciento de la población mexicana) viven en estas comunidades y tienen graves problemas de acceso a los servicios de salud, incluidos los de salud reproductiva.

En algunas de las zonas más remotas de Brasil, como el Amazonas, las distancias son inmensas y existen pocos establecimientos de salud que cuenten con médicos. En estos lugares, los prestadores de servicios de salud más comunes son los de nivel intermedio, tales como las parteras y las enfermeras de obstetricia, quienes con frecuencia carecen de formación en muchos de los servicios de salud reproductiva, incluida la atención del aborto.

Las poblaciones indígenas afrontan barreras adicionales, tanto culturales como sociales. Por ejemplo, en Bolivia, debido a su experiencia con las campañas de esterilización forzada que se llevaron a cabo en la década de los setenta, los grupos indígenas, que constituyen casi la mitad de la población, a menudo se muestran sospechosos de los esfuerzos por prestarles servicios de salud sexual y reproductiva. Los programas de salud reproductiva a veces son interpretados como intentos enmascarados para prevenir la reproducción de las poblaciones indígenas.

Además, muchas mujeres en la región –en particular las mujeres indígenas– carecen del apoyo y el consentimiento de su pareja respecto al uso de métodos anticonceptivos modernos.

La pobreza es una enorme barrera social que incide de diversas formas en la disminución del acceso a los servicios de salud reproductiva. En algunos de los países donde se realizó el estudio, por ejemplo en México, la pobreza parece venir de la mano con las personas que habitan en áreas rurales.

Datos de la Secretaria General del CONAPO indican que el 83 por ciento de la población rural de México y el 97 por ciento de la población indígena viven en condiciones de pobreza.

En Nicaragua, las estadísticas resultan igual de alarmantes. Entre la población rural, que representa el 46 por ciento del total de habitantes, el índice de pobreza alcanza un porcentaje del 68.5 por ciento (Ministerio de Salud de Nicaragua, 2000).

La falta de servicios de salud reproductiva y de otros servicios contribuye a incrementar los problemas de salud de las mujeres pertenecientes a estos sectores de la población.


Fuente: IPAS.

El portal de las mujeres latinoamericanas
Quiénes somos | Sobre este portal | Contacto
Todos los derechos reservados © Isis Internacional 2003

Nota: este portal de Internet fue abierto el 15 de enero de 2003