En este siglo XXI, las mujeres de los países en desarrollo continúan muriendo y enfermándose al tener que recurrir a abortos inseguros. Aquellas en condición de pobreza y las que viven en zonas rurales son las más afectadas. Por ello, hoy, las organizaciones feministas y de mujeres realizan numerosas acciones para exigir la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe.

(Mujereshoy) Una jornada más de activismo se cumple este 28 de septiembre, Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, con las mujeres marchando en las calles e interviniendo en los espacios públicos con su demanda por el reconocimiento del derecho humano a decidir libre y responsablemente sobre su maternidad.

Así lo expresa la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), una de las redes sobre salud más activas del continente, en su última publicación electrónica Boletina Mujer Saludable.

En el documento, la RSMLAC señala que la jornada del 28 de septiembre encuentra a nuestra región dividida entre avances y retrocesos en este tema, puesto que todavía las mujeres continúan muriendo y enfermando e incluso siendo encarceladas y procesadas por recurrir a abortos clandestinos y peligrosos.

Para la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, uno de cuyos principios filosófico-políticos es la afirmación de la reivindicación histórica de las mujeres por la libertad reproductiva y por el control del propio cuerpo, este día constituye una fecha emblemática y un compromiso de acción permanente.

Reafirma que la penalización del aborto es atentatoria contra los derechos humanos fundamentales de las mujeres, contra su integridad corporal y psíquica, y que desconoce su calidad de sujetas morales con capacidades suficientes para decidir sobre su reproducción.

La RSMLAC entrega cifras contundentes sobre la práctica del aborto, al señalar que actualmente, se producen en todo el mundo entre 45 y 60 millones de abortos inducidos al año, de los cuales alrededor de 20 millones son procedimientos ilegales. La mayoría de estos procedimientos fuera de la ley tienen lugar en el mundo en desarrollo y precisamente por su ilegalidad, constituyen prácticas riesgosas, clandestinas y a menudo insalubres que colocan en grave peligro la vida de las mujeres.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, recuerda la RSMLAC, reconoce que al menos 70 mil mujeres mueren cada año en todo el mundo a causa de las complicaciones de abortos inseguros, lo que corresponde aproximadamente a un 13 por ciento de las 600 mil muertes maternas que se producen anualmente a nivel mundial, cifra donde las mujeres jóvenes están sobrerrepresentadas. En muchos países, las complicaciones por aborto son la causa principal de muerte y morbilidad maternas.

América Latina y el Caribe no es la excepción. En la región se estima que se realizan más de cuatro millones de abortos inducidos cada año y mueren alrededor de 6.000 mujeres y muchas más sufren secuelas irreversibles a causa de las complicaciones derivadas de los procedimientos.

Cuba, Guyana y Puerto Rico son las excepciones en un panorama regional generalmente restrictivo, puesto que aunque algunos países cuentan en sus legislaciones causales eximentes, dichas leyes rara vez se aplican en la práctica.

En el extremo más duro está Chile y El Salvador, que no permiten el aborto impune por ninguna causal y que, sin embargo, exhiben una alta tasa de aborto inducido.

Maternidad frente a los derechos

Este panorama mundial, dice la RSMLAC, no hace sino demostrar que la maternidad no siempre cabe dentro del proyecto de vida de las mujeres ni es una opción libremente elegida, sino que muchas veces se relaciona con violencias y coerciones sexuales, incluyendo situaciones de incesto; con falla o falta de acceso a la anticoncepción moderna y oportuna; con la desorientación y desinformación en temas de sexualidad y reproducción; con presiones culturales y sociales sobre las mujeres para que hagan suyo el rol de madres como única vía para reafirmar su identidad.

En consecuencia, indica la Red de Salud, la solución no es la penalización y persecución a las mujeres que abortan ni a sus redes sociales que las apoyan, sino más bien intervenir en aquellos aspectos que requieren de medidas de prevención: aumentar el acceso a la información y uso de anticoncepción moderna, incluyendo la anticoncepción de emergencia; prevenir la violencia sexual; instaurar planes y programas de educación sexual con una óptica integral y un enfoque de género, etc. Lo que debe complementarse con el acceso al aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres que eventualmente requieran interrumpir su gestación.

Para lograr esto, se requiere un cambio cultural profundo que traduzca el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho sobre sus cuerpos y sobre su reproducción, con calidad moral para tomar determinaciones en este terreno, en la certeza de que corresponden al paso más adecuado para su vida presente y futura.

Pobreza = aborto inseguro

Por otra parte, el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán” –organización a cargo de la campaña de este año– denuncia que las mujeres pobres están más expuestas a un aborto inseguro. Esto, porque el aborto, practicado en condiciones óptimas, para cuidar la vida y la salud de la mujer, es accesible sólo para mujeres y familias que cuentan con recursos económicos. Al no ser una práctica legal, en muchos países de América Latina y el Caribe, no se brinda en los servicios de salud del Estado.

¿Las políticas de planificación familiar son efectivas? Aún no. Las mujeres de bajos recursos tampoco tienen acceso a información, servicios y medios económicos para obtener un aborto seguro. Además, mujeres que viven en pueblos rurales y en provincias no tienen acceso a la información necesaria para una verdadera planificación familiar. Ellas no sólo están expuestas a mayor cantidad de embarazos no deseados sino también a abortos clandestinos e inseguros, por lo tanto a la muerte, señala la organización.

Por ejemplo, señala que sólo una de cada veinte mujeres pobres de zonas rurales tiene acceso a un profesional de salud capacitado para obtener un aborto seguro.

Lo que hay que hacer

El Fondo de Población de Naciones Unidas calcula que proporcionar atención materna e infantil estándar costaría tres dólares por persona al año, lo que reduciría la mortalidad derivada de la maternidad en personas de bajos recursos.

Está demostrado que la reducción de la mortalidad materna se relaciona con los tratamientos eficaces y accesibles así como a la calidad de la atención. Lo que falta es decisión política.

“En 2000, en los países en desarrollo sólo un 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) se dedicó al sector de salud; en los países menos adelantados, esa proporción fue incluso menor. En muchos países, los gastos aún tienden a favorecer a los hospitales y los establecimientos médicos de la capital y hubo escaso progreso hacia una distribución más equitativa de los recursos a nivel local: el porcentaje de los gastos nacionales de salud dedicado a los servicios locales de salud se ha mantenido estacionario en los países en desarrollo y ha disminuido en los países menos adelantados” (Informe del Estado de la Población Mundial 2004, UNFPA).