(Mujereshoy) La defensora guatemalteca de derechos humanos Hilda Morales pidió a la comunidad internacional no dejar aisladas ni solas a las mujeres guatemaltecas y que se exija al gobierno atender la discriminación y violencia que se comete contra ellas.

En una entrevista para la revista Izquierda Radical, Hilda Morales, quien el pasado mes recibió en Madrid el premio Embajadora de Conciencia 2004 por parte de Amnistía Internacional, sostuvo que no todas las mujeres víctimas de violencia de género se atreven a denunciar y el número de feminicidios no hace más que aumentar.

Agregó que las mujeres en Guatemala, como en todo el mundo, siempre han sido víctimas de violencia tanto en el ámbito familiar como en el público, a pesar de que desde 1996 existe una ley que facilita la presentación de las denuncias de violencia intrafamiliar que persigue la emisión de medidas de seguridad a favor de las víctimas.

La profesora de Derechos Humanos y Derecho Familiar en la Universidad de San Carlos y Derechos de la Mujer en la Universidad de Rafael Landivar indicó que en Guatemala crece el número de homicidios contra las mujeres y la violencia contra éstas se ha exacerbado, como lo muestran los cadáveres mutilados y con señales de violación.

Por ello, reiteró su llamado a no dejar aisladas ni solas a las mujeres guatemaltecas, que las tengan presentes y así lo hagan saber a las autoridades de Guatemala. Ello, con el objeto de que éstas pongan atención al problema de la discriminación y de la violencia contra las mujeres.

Hilda Morales señaló que su objetivo más inmediato es que en un país donde un agresor puede redimir su culpa si contrae matrimonio con la agredida, se reconozca a las mujeres el derecho a demandar cuando son víctimas de abusos.

Morales apuntó que después de la adopción –en 1994– de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se esperaba que los países americanos emitieran normas internas para cumplir con ella.

Sin embargo, añadió, los países que empezaron a darle cumplimiento, entre ellos Guatemala, se circunscribieron a emitir leyes sobre “la violencia intrafamiliar” o “violencia doméstica”, excluyendo la violencia cometida en el ámbito público, como el acoso sexual.

Sostuvo que las iniciativas de las organizaciones de mujeres se llevan adelante por el trabajo voluntario, tenaz, y generalmente sin remuneración alguna, como sucede con la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de las Mujeres, en cuya integración participan el Estado al más alto nivel y tres delegadas de la Red de la No Violencia contra las Mujeres, pero que no hay recursos suficientes.

La defensora de los derechos humanos de las mujeres recordó que a lo largo de estos años ha tenido que enfrentar desde descalificaciones de sus propios colegas abogados –hombres y mujeres–, amenazas de muerte y de lesiones, hasta la frustración que conlleva buscar la interlocución con el Estado.

Las instituciones –añadió– deberían llevar a cabo acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y para que se aprueben leyes que impidan que ésta quede impune, “ya que en Guatemala la legislación penal estimula y perpetúa la violencia contra las mujeres”.

Explicó que en ese país la ley contempla que los delitos sexuales “no son de impacto social y por lo tanto pueden ser perdonados por la víctima o bien se permite y hasta se estimula que el agresor, el violador, contraiga matrimonio con la agredida para que él quede libre de responsabilidad penal o de la pena si ya hubiere sido condenado”.

Sostuvo que en Guatemala no existen apoyos de las instituciones del Estado para las mujeres que deciden abandonar a quienes las maltratan: “El apoyo consiste en entregar una orden, un papel, para que la policía las acompañe a sacar sus objetos personales de su casa. Después las mujeres verán qué hacer para protegerse”.

Morales estimó que el miedo y la dependencia económica, social y emocional de sus maridos o parejas impide muchas veces que se realicen las denuncias, pero también porque no hay confianza en el sistema de justicia.