(Mujereshoy) Niños, niñas y jóvenes de la calle continúan siendo asesinados por escuadrones de la muerte en Honduras. En los últimos seis anos, cerca de 520 niñas, niños y jóvenes han sido víctimas de esta violencia.

Según informaciones de prensa, la organización no gubernamental Compartir acusó al gobierno de ser indiferente a los crímenes.

La conclusión es que un 23 por ciento de las muertes son de responsabilidad de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de Comités de Seguridad Ciudadana.

El coordinador del Programa de Apoyo Legal para los niños de la calle, de la organización de derechos humanos Casa Alianza, Gustavo Zelaya, cree que estos grupos formados por el Ministerio de Seguridad hondureño son en realidad paramilitares. El informe anual de Casa Alianza señala que existe falta de investigación en casi la totalidad de las ejecuciones.

La Ley de Control de Armas y la normativa sobre la prohibición de uso de fusiles de asalto no han sido suficientes para contener los crímenes. Casa Alianza estima que un 78 por ciento de los casos fue a causa de la utilización de armamento bélico, particularmente el fusil automático AK-47.

Alianza informa que sólo en 2004 fueron asesinados 395 menores de 23 años, la mayor parte en los centros penitenciarios y de internamiento para menores de edad. Sólo en enero de este año 34 muertes, entre ellas de 10 niños y 24 menores de 23 años, se registraron a causa de la violencia en Honduras, según el informe de la organización humanitaria estadounidense Casa Alianza.

Para agravar aún más la situación, la atención a los casos por parte del gobierno no es suficiente. La Unidad Especial de Investigación del gobierno federal sólo atendió 400 de los miles de casos de muertes de infantes, ocurridos desde enero de 1998, y únicamente 88 denuncias fueron remitidas a la Fiscalía General de la República. Solamente tres han culminado con juicios en los que se ha condenado a los autores.

El presidente Ricardo Maduro ha reconocido que en muchos hechos han participado agentes de la policía, pero sólo dos de ellos han sido declarados culpables. El comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, reveló que en Honduras operan justicieros particulares y estatales que realizan una especie de “limpieza social” de presuntos maleantes. Para Custodio, la nación vive la más grave ola de violaciones a los derechos humanos desde el decenio de 1980.

Con sede en Nueva York, Casa Alianza es una organización sin fines de lucro, dedicada a rehabilitar y defender a los niños de la calle en México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Es la filial de Covenant House en América Latina.