Paul Schaefer, abusador sexual de niños y estrecho colaborador de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, fue detenido en Argentina. El ex soldado nazi alemán, jerarca de la Colonia Dignidad, donde mujeres y hombres fueron torturados y desaparecidos, deberá rendir cuentas por crímenes contra los derechos humanos y 26 casos de abusos sexuales a menores.

(Mujereshoy) Paul Schaefer es el fundador de la Colonia Dignidad (hoy llamada Villa Baviera), la que funcionó como campo de concentración en la época de la dictadura chilena de Augusto Pinochet.

Schaefer, detenido en un barrio cerrado de unas 18 casas ubicado en la zona de Tortuguitas, a unos 40 kilómetros de Buenos Aires, y en el que se hacía pasar por una especie de abuelo alemán de Heidi, afrontará ahora un trámite de extradición, medida legal solicitada por el gobierno chileno.

Schaefer es buscado también en Alemania por el delito de abuso sexual de niños, mientras que la Justicia chilena le imputa los cargos de corrupción y abuso sexual de niños, denegación de libertad, sustracción de menores, desaparición de personas, complicidad en secuestros y torturas.

Más allá de estos delitos, la base de las acusaciones tiene que ver con la creación de Dignidad, una colonia que fue refugio de nazis en un momento en que éstos se sentían de nuevo en peligro después de la detención del genocida Adolf Eichmann en Buenos Aires, en 1961. Hay evidencias de que en esa época se creó un conjunto de colonias para ir pasando criminales de guerra de uno al otro lado de la cordillera. Por ejemplo, el creador de cámaras de gas, Walter Rauff, y el integrante del séquito de Hitler, Walter Hoeckner, transitaron por Dignidad.

Según la investigación que realizó el comisario de Interpol, Luis Fuensalida, los primeros indicios sobre la presencia de Schaefer en el país vinieron de Chile y situaron al nazi en el campo La Solita, de Chivilcoy. La propiedad fue adquirida a fines del 2002, lo que podría significar que Schaefer pudo haber llegado al país en esa época. Según los testimonios, siempre estuvo rodeado de un pequeño grupo de alemanes, de los que ayer fueron detenidos tres. De Chile desapareció en 1998, cuando las fuerzas policiales chilenas entraron a la colonia para detenerlo y no lo encontraron.

Sobre el campo de Chivilcoy se mantuvo una estrecha vigilancia a partir de octubre del año pasado y, aunque nunca se lo pudo divisar, surgieron indicios de que Schaefer estaba vinculado con la propiedad. La mayor evidencia se obtuvo en diciembre y provino de los medicamentos que los alemanes compraban en el pueblo, especialmente remedios para insuficiencias renales y pulmonares, males que aquejan al anciano nazi. Un elemento adicional se obtuvo a partir de las repetidas visitas a La Solita de una camioneta Trafic roja acondicionada para transportar a una persona en silla de ruedas.

El seguimiento de la Trafic llevó al barrio cerrado de Tortuguitas, a unos diez kilómetros de la Panamericana. Estaba con otros tres alemanes, dos hombres y una mujer, viejos colaboradores y con pedido de captura en Chile. Todos ellos durmieron anoche en las sencillas habitaciones, sin barrotes, que constituyen la alcaidía de Interpol en la calle Cavia.

Los especialistas opinaban ayer que las cosas quedaron ahora en manos del gobierno argentino, que tiene la voluntad de enviar a Schaefer cuanto antes a Chile. El Ejecutivo podía basarse en el hecho de que el genocida estaba sin documentos, que por lo tanto entró en forma ilegal al país y que correspondería expulsarlo hacia su último lugar de residencia, o sea Chile.

Teóricamente era un trámite sencillo, de Migraciones. Esto es lo que pedía anoche tácitamente el presidente de Chile, Ricardo Lagos, quien celebró la captura. “Es una razón por la cual estamos todos contentos”, dijo Lagos. “Creo que es muy importante que se haya producido este hecho y habla también de la perspicacia con que se ha venido trabajando”, agregó.

Sin embargo, los especialistas en materia judicial, tanto de la Casa Rosada como de Migraciones, coincidían en que las cosas no son tan fáciles, porque Schaefer está detenido a las órdenes de un juez y en virtud de un pedido de extradición.

Es más: existen dos requisitorias, una de Alemania y otra de Chile, y teóricamente prevalece la más antigua, la de Alemania. Ese proceso puede tardar dos y hasta tres años –así lo indican las últimas experiencias–, lo que, considerando que Schaefer tiene 84 años y un estado delicado de salud, puede significar que termine sus días sin ser sometido a la Justicia. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, trabajaba anoche para encontrar una solución a estos dilemas.

Adriana Bórquez, víctima de torturas de la dictadura en Chile, presentó querella

En enero de 2005, el juez con dedicación exclusiva a casos de DD.HH. en la Séptima Región acogió a trámite la acción judicial por violaciones a los derechos humanos presentada a favor de Adriana Bórquez, ex presa política que permaneció en cautiverio durante la dictadura en dependencias de la ex Colonia Dignidad.

La causa fue derivada al juez con dedicación exclusiva para casos de violaciones a los derechos humanos, juez Gerardo Bernales, tipificada por los delitos de detención ilegal, secuestro, torturas, y asociación ilícita, hechos que se encuentran en una etapa investigativa.

“Ella habría sido detenida por personas indeterminadas a rostro cubierto, con armas, habría sido trasladada en vehículo, algunos de los cuales han sido identificados como vehículos fiscales a un lugar determinado, que nosotros ya conocemos pero es parte de la investigación, donde estuvo detenida por tres meses”, especificó el magistrado.

Esta acción judicial se acumula a la presentada por otros 22 ex presos políticos, quienes sostienen haber sido detenidos y trasladados hasta la actual Villa Baviera, donde fueron sometidos a una serie de apremios ilegítimos.

Reacciones en Chile

“Es una demostración de que la justicia tarda, pero llega”, dijo el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez a propósito de la aprehensión de Schaefer, lograda este jueves en un operativo conjunto de 30 policías chilenos y argentinos en una localidad a unos 40 kilómetros de Buenos Aires.

Schaefer, prófugo desde que el 20 de mayo de 1997 eludió una vasta diligencia policial para arrestarlo, era el “hombre más buscado de Chile”, como fundador en 1961 de la Colonia Dignidad, un misterioso y controvertido enclave agroindustrial de emigrantes alemanes situado al este de la ciudad de Parral, 340 kilómetros al sur de Santiago.

Desde sus orígenes, Colonia Dignidad fue denunciada como centro de rituales nazis por emigrantes que se fugaron del lugar, y tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 el lugar sirvió de centro de detención, torturas y desapariciones de militantes de izquierda, según testimonios de víctimas ante organismos internacionales.

“Con la detención de Paul Schaefer podemos llegar a establecer una verdad más contundente, con sus testimonios (acerca) de que la Colonia Dignidad y la DINA estaban vinculadas”, señaló el abogado Gutiérrez a radio Cooperativa de Santiago.

La DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), policía secreta de los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) disuelta en 1978, contó con el apoyo de Schaefer y de la infraestructura de Colonia Dignidad, que incluía un aeródromo, para sus labores represivas.

El arresto de Schaefer fue posible gracias a una orden de captura internacional que emitió el juez Joaquín Billard, de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien investiga la desaparición en 1974 desde Colonia Dignidad de Álvaro Vallejos, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

El ex soldado nazi fue visto en junio de 1997 en un hotel de Bariloche, sur de Argentina, donde eludió también a la policía y se mantuvo oculto hasta que las autoridades recibieron nuevos datos sobre su paradero de los periodistas del programa Contacto, del Canal 13 de Santiago.

Esta información, más los antecedentes aportados por los trabajadores del condominio Las Tortuguitas, donde se ocultaban Schaefer y sus cuatro guardaespaldas también alemanes, permitió materializar la captura de acuerdo a la orden del juez Billard.

Gutiérrez destacó que la acción del magistrado demuestra la efectividad de los jueces asignados con dedicación exclusiva a casos de violaciones de derechos humanos.

El juez Hernán González, a cargo de 26 casos de abusos contra menores en Colonia Dignidad, condenó en noviembre de 2004 a diferentes penas a 20 directivos del enclave y dictó un sobreseimiento (cierre) temporal del juicio a Schaefer en este proceso hasta establecer su paradero.

Ahora, el magistrado podrá hacer efectivos los cargos que representan la faz más sórdida no solo de la personalidad de Schaefer, sino de las prácticas que implantó en Colonia Dignidad con los hijos de los emigrantes alemanes como con niños de las familias campesinas llevados a la escuela agrícola de ese lugar.

Paul Schaefer Schneider, de 83 años, nacido el 4 de diciembre de 1921 en Sieburg, Alemania, ingresó a temprana edad a la juventud del partido nazi y sirvió durante la segunda guerra mundial en el ejército de su país, donde alcanzó el grado de cabo, y creó en 1959 la Misión Social Privada, una supuesta entidad de beneficencia.

Allí fue acusado en 1959 de abusos sexuales contra niños, ante lo cual huyó de Alemania con sus colaboradores, para aparecer en 1961 en Chile, donde el gobierno de la época, encabezado por el conservador Jorge Alessandri, lo autorizó a crear en Parral la Sociedad Benefactora Dignidad en un predio agrícola.

Heinz Kuhn, un joven colono, huyó de la colonia en 1968, pero sus denuncias sobre rituales nazis y retención de personas contra su voluntad fueron desatendidas por las autoridades chilenas, aunque quedaron registradas posteriormente ante la justicia alemana, que en 1996 formalizó también cargos contra Schaefer por abusar sexualmente de menores.

Kuhn, quien regresó a Chile para establecerse en la ciudad de Los Ángeles, 540 kilómetros al sur de Santiago, celebró este jueves la captura de Schaefer. “Me siento como un soldado cuando se gana la guerra”, declaró a la prensa.

Nuevas denuncias y fugas en los años 80 fueron igualmente ignoradas por la justicia y el gobierno de Pinochet, lo cual reforzó las sospechas de colaboración entre Colonia Dignidad y el régimen dictatorial.

Una vez restablecida la democracia, en marzo de 1990, la colonia y Schaefer siguieron contando con una virtual protección, tanto de los tribunales como de dirigentes políticos de derecha, que restaron crédito a las denuncias y destacaron la obra benéfica de Colonia Dignidad.

Entre los principales defensores de Colonia Dignidad se contó en esos años al actual presidente del Senado, Hernán Larraín, del partido Unión Demócrata Independiente, la mayor fuerza de la oposición derechista.

Solo en 1997, y luego de profundos cambios en la composición del Poder Judicial, los tribunales acogieron las denuncias contra Schaefer, quien sin embargo eludió los operativos policiales de captura gracias a una poderosa “red de protección”, según el senador socialista Jaime Naranjo.