(Mujereshoy) La Policía Nacional de España detuvo a un grupo de 13 personas que se dedicaba a introducir ilegalmente en el país a ciudadanas paraguayas y a distribuirlas en clubes de alterne de Extremadura y zonas limítrofes del suroeste nacional para que ejercieran la prostitución.

La Delegación del Gobierno en Extremadura informó en un comunicado que dentro de la operación “Guaraní”, comenzada en su fase de investigación hace varios meses, también han sido detenidas 21 mujeres por estancia irregular en el país.

Según esta fuente, a principios de este año se tuvo noticia de que P.L.M.P., de 40 años, natural de Madrid y propietario del Club Capri, “pudiera estar dedicándose a introducir ilegalmente en España a ciudadanas de Paraguay, a las que les organizaba el viaje en avión hasta Madrid-Barajas”.

Allí, miembros de la red las recogían y las trasladaban al club, por lo que les cobraban a cada una unos 2.200 euros (alrededor de 2.900 dólares estadounidenses).

Una vez en el local, se les retiraban los pasaportes y eran obligadas a ejercer la prostitución “como única manera de obtener el dinero suficiente para pagar las deudas contraídas, siendo recluidas en el establecimiento hasta que las saldaran”.

P.L.M.P. era apoyado por un grupo de personas, que le ayudaba a captar a las mujeres, organizar su traslado al club y a vigilar su permanencia en él.

También se ha determinado que P.L.M.P. era propietario de otros dos clubes de alterne y que mantenía “estrechas relaciones” con propietarios de clubes similares en Badajoz, en Toledo, y en Ciudad Real.

Era frecuente el intercambio de las mujeres entre los clubes controlados por la organización, “para lo cual el propietario del club al que iba la chica tenía que pagar el dinero que todavía adeudaba, lo que posteriormente se lo cobraba a la mujer”.

Las detenciones se practicaron tras efectuarse registros en diversos clubes, en los que también se hallaron documentos, teléfonos móviles y unos 30.000 euros (cerca de US$ 40.000).

De los 13 miembros de la red que están acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en España, ocho son españoles, uno rumano, dos colombianos y dos paraguayos.