(Mujereshoy) La organización SOS Racisme de Catalunya presentó su memoria anual con 131 denuncias recibidas durante el año pasado, 83 de las cuales proceden del área metropolitana de Barcelona. La cifra aumentó en relación con el 2003, en el que hubo 116 expedientes.

Una cuarta parte de las denuncias se refiere a agresiones verbales y físicas de agentes de los cuerpos de seguridad pública contra inmigrantes, la mayoría de América Latina y Marruecos. Los 34 expedientes corresponden a agentes de la Guardia Urbana de Barcelona (15), Policía Nacional (10), Mossos d'Esquadra (4) y de la Policía Local de diversos municipios (5).

El año pasado las denuncias relacionadas con este aspecto supusieron el 26 por ciento, mientras que en el 2003 el porcentaje fue del 21,22 por ciento y en el 2002, del 22,8 por ciento.

Para Begoña Sánchez, portavoz de SOS Racisme, estos hechos tienen un carácter especialmente grave porque se trata de funcionarios que tienen que velar por la seguridad ciudadana. “Estamos ante un acoso consciente por parte de algunos agentes hacia la población inmigrante legitimado por un marco legal que criminaliza este colectivo, lo cual, a su vez, fomenta el racismo social”, considera.

Sánchez señala que una de las prioridades de la organización es encontrar vías de interlocución con los responsables policiales, que han manifestado su voluntad de implicación y resolución de estos conflictos. En ese sentido, opina que un paso fundamental es reconocer la existencia de estas prácticas racistas, algo que, según la portavoz, sigue sin admitir la Delegació del Govern.

Discriminación por particulares

Los actos racistas cometidos por particulares acumulan una veintena de las denuncias y hacen referencia a situaciones muy diversas que se producen en la vida cotidiana. Desde inmigrantes que han padecido actitudes xenófobas por parte de vecinos de su inmueble, agresiones e insultos sufridos en lugares públicos o la discriminación en el acceso a la vivienda por parte de particulares y agencias inmobiliarias, que vetan la compra o el alquiler a personas de un determinado origen.

Reforzar las políticas de integración y mejorar el Estado de bienestar para que los inmigrantes no sean rechazados al recibir ayudas sociales son, para Sánchez, medidas urgentes y necesarias para evitar el racismo en la vida cotidiana. “Las actitudes discriminatorias por parte de particulares se están expandiendo y acabarán salpicando a los hijos de muchos inmigrantes, que ya son catalanes de hecho”, explica.

La portavoz explica que desde la Oficina de Información y Denuncias de la organización han detectado que muchas personas, por estar en situación administrativa irregular, tienen miedo a denunciar actos racistas de los que son víctimas. Por ello, SOS Racisme pide que se informe a los inmigrantes de que los antecedentes judiciales son independientes de los policiales y que el hecho de pasar por un proceso jurídico no tiene que afectar a sus posibilidades de regulación.

Agresiones de grupos de extrema derecha

La memoria también recopilado las agresiones racistas (10) producidas en Catalunya por grupos de extrema derecha, que, según Sánchez, operan principalmente a través de internet y librerías que distribuyen material de orientación nazi y partidos xenófobos. Sánchez recordó sucesos como el que se produjo el pasado año en el barrio de Can Anglada de Terrassa, en el que un joven marroquí fue golpeado y agredido con una espada japonesa en el curso de una llamada a la caza del moro, convocada por grupos radicales.

En esa línea, el informe del 2004 también recoge la oposición por parte de un sector de vecinos de diferentes poblaciones catalanas (Premià de Mar, Reus y Santa Coloma de Gramenet) a la instalación de mezquitas. “Este rechazo a los oratorios musulmanes representa una de las principales manifestaciones de racismo social y en muchos casos situaciones como éstas son aprovechadas por parte de movimientos de extrema derecha”, considera la organización.