(Mujereshoy) Por lo menos 1.700 mujeres por año de América latina y el Caribe son llevadas a Japón para servir en la gran industria del sexo ilícito en ese país, según reveló una investigación de la OEA. Investigadores contratados por la Organización de Estados Americanos revelaron que la mayoría de las mujeres provienen de Colombia, Bolivia, Brasil, México y Perú.

Los investigadores, dirigidos por Phillip Linderman, un especialista del Departamento de Estado en Washington, presentaron el informe en el Seminario Internacional Combatiendo la trata de personas, realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que terminó ayer 1 de mayo.

El análisis de la OEA se basa en entrevistas con víctimas, archivos de inmigración de Japón y estadísticas delictuales.

Se calcula que organizaciones delictivas como la Yakuza, la mafia japonesa, explotan a decenas de miles de mujeres indocumentadas en Japón, la mayoría de las cuales provienen de otros países asiáticos. La policía nacional japonesa estima que el sector mueve 83.000 millones de dólares al año, dice el informe de 37 páginas.

Linderman dijo que hasta hace poco, los gobiernos de ambos lados del Pacífico prestaban escasa atención al problema. Agregó que las cifras de su informe representan probablemente apenas una fracción del número de víctimas, sobre todo de países como Perú, que apenas empiezan a abordar el problema.

“Los vínculos entre Japón y Perú son más amplios por razones históricas, migratorias y de todo tipo que los vínculos entre Colombia y Japón, y nuestra posición en el estudio preliminar es que hay muchas más víctimas aquí”, agregó.

Irene Oblitas

Linderman señaló que un ejemplo “típico” de tráfico es el de Irene Oblitas, una peruana que en 1998 tomó un avión con tres empresarios japoneses que le habían prometido trabajo en una fábrica de plástico.

Cuando llegó, las tres hombres la violaron y la vendieron a un jefe de la Yakuza, que le grabó en el pecho un tatuaje color rosa.

La obligaban a prestar servicios sexuales a veces hasta a 40 hombres por día, dijo Oblitas.

Después de ocho meses pudo escapar con ayuda de otros peruanos en Japón, según el Proyecto de Protección de la Facultad de Estudios Internacionales Superiores de la Universidad Johns Hopkins.

Oblitas, cuyo caso no aparece en el informe de la OEA, relató su historia a la prensa peruana el año pasado. Organizaciones de derechos humanos dicen que huyó a otro país sudamericano porque empezó a recibir amenazas de muerte.

Japón en la mira

Japón empezó a sufrir presiones internacionales el año pasado al recibir una baja calificación en el informe del Departamento de Estado sobre tráfico de personas.

Es el único país desarrollado del mundo que figura en una lista especial de “países a vigilar” en el informe, observa el estudio de la OEA.

En diciembre de 2004, el gobierno de Tokio “anunció un nuevo plan nacional para combatir el tráfico humano”, dice el informe.

Chieko Tatsumi, de la División de Crimen Organizado Internacional de la cancillería japonesa, que asiste al seminario en Lima, dice que su gobierno ha lanzado una campaña publicitaria agresiva para despertar la conciencia en su país acerca del tráfico.

“Creo que el pueblo japonés está prestando más atención a estos problemas”, dijo la funcionaria.

Pero ella y otras autoridades japonesas rechazan la afirmación de la OEA de que el tráfico sexual desde América Latina y el Caribe supera de lejos las cifras iniciales. El estudio completo se conocerá en los próximos meses.