(Mujereshoy) A medida que avanzan las discusiones sobre el proyecto de Código Penal, cuya última versión será presentada a la Cámara de Diputados en junio de 2005, se profundizan las diferencias entre sectores de la iglesia católica e instituciones fundamentalistas en contra de las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los derechos de género.

Obispos, miembros de pro-vida y del movimiento Familia Cristiana dijeron a la comisión legislativa que estudia el proyecto que el aborto “no se incluye en el capítulo dedicado a ‘Los atentados contra la vida de las personas’” y que, en cambio, está en el “capítulo relativo a las infracciones consistentes en colocar en peligro la vida de las personas”.

Además, los sectores de la iglesia se quejan de que “los redactores del anteproyecto decidieron sustituir la expresión crimen de aborto por la engañosa denominación de interrupción ilegal del embarazo”.

Mientras, la Coalición de Organizaciones no Gubernamentales por un Código Penal Moderno y Consensuado plantea la despenalización de la interrupción del embarazo en algunos casos específicos: cuando peligra la vida de la madre, en caso de embarazo producto de una violación o de incesto, de malformaciones congénitas graves del feto y del embarazo como resultado de una fecundación humana no consentida.

Sergia Galván, del Colectivo Mujer y Salud, informó que la Coalición se basa en que la penalización del aborto en todas las circunstancias en que se produce se convierte en discriminación o injusticia social frente a las mujeres pobres, que no tienen otro camino que interrumpir su embarazo de manera clandestina en condiciones insalubres y peligrosas.

Doscientos mil abortos cada año

De 20 países de América Latina y el Caribe, 15 tienen al menos una causa de despenalización del aborto, relacionada con situaciones consideradas extremas como embarazos que resultan de violación o incesto o por razones terapéuticas.

Según datos de la Secretaría de Salud Pública y el Banco Mundial, citados por el documento que elabora la Coalición de ONG, en República Dominicana alrededor de 550 mujeres corren riesgo de morir a causa de las malas condiciones en que interrumpen sus embarazos.

Además, los datos indican que cada año se producen más de 200.000 abortos y que el mayor porcentaje es inducido.

El documento que contiene la posición de las ONG sobre el aborto indica que las complicaciones por aborto constituyen la tercera causa de muerte materna en el país.