(Mujereshoy) El Programa de Salud de la Mujer y Género, que incluye la perspectiva de género y que, por ende, también tiene en cuenta la condición del varón, que apunta a la descentralización e incorpora medidas contra la violencia contra las mujeres, se valora como un nuevo camino, más cerca de las necesidades de las mujeres. Artículo de Isabel Villar, desde Montevideo.

Este programa de salud integral, presentado el 27 de mayo, la víspera del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, prevé, además, intercambios entre autoridades ejecutivas y legislativas para coordinar esfuerzos, así como la integración de representantes de la sociedad civil en las expresiones gubernamentales.

Sistematizando los antecedentes de un cambio en materia de salud sexual y reproductiva, la organización no gubernamental Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) recuerda que durante el anterior gobierno se creó el Programa de Salud Integral de la Mujer (SIM), ubicado en los servicios de primer nivel de atención del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Montevideo.

El SIM integró las prestaciones tradicionales de salud materna (control de embarazo y puerperio), con nuevas prestaciones, como la detección oportuna del cáncer genito-mamario, prevención de enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción gratuita, estrategias de promoción en salud y participación de las usuarias.

Este avance en la responsabilidad del Estado como garante del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos fortaleció el primer nivel de atención y trajo consigo normas para la atención integral de la salud de los y las adolescentes, otras sobre anticoncepción que están listas para publicación y difusión, y la ordenanza 369. por la que el MSP aprobó las Iniciativas sanitarias para la prevención del aborto provocado en condiciones de riesgo.

Los servicios se consolidaron en diez centros de salud de la capital, y la demanda aumentó, particularmente en anticoncepción. En el resto del país se mantuvo la atención en salud reproductiva en 50 servicios. En el marco del Programa Infamilia, dependiente de la Secretaría de la Presidencia y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se inició la capacitación de equipos profesionales no médicos, se licitó la formación de 250 médicos en salud sexual y reproductiva y género, y se proyectó la iniciación de servicios diferenciales para adolescentes.

En marzo de 2004 se creó la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, en la que coinciden representantes gubernamentales, de las sociedades científicas, de la academia y de organizaciones de mujeres. Por ser el único mecanismo institucional de participación Estado-sociedad civil para la definición de políticas y programas, el 27 de mayo Lilián Abracincas –en nombre de las organizaciones de mujeres– reclamó a las nuevas autoridades sanitarias la reinstalación de ese ámbito que se enmarca en la Comisión Intergubernamental Mercosur de Salud Sexual y Reproductiva.

Integralidad, descentralización y participación

Para las organizaciones de mujeres, los desafíos en el nuevo escenario político pasan por el desarrollo y fortalecimiento de las políticas nacionales en salud sexual y reproductiva, dirigidas a todo el sistema; la aplicación y difusión de las normativas existentes, así como la revisión y profundización de otras a partir de una concepción de derechos humanos; la creación de las que faltan en materia de violencia sexual e intrafamiliar; el desarrollo de programas y servicios integrales para adolescentes; capacitación del personal médico en género y salud sexual y reproductiva; campañas públicas de promoción y defensa de los derechos consecuentes, y cambio legislativo que incluya el aborto legal y seguro.

Exceptuando esto último, el Programa de Salud de la Mujer y Género, presentado en sociedad el 27 de mayo por su coordinadora, la doctora Cristina Grela, trae respuestas a estas demandas.

Partiendo de que la perspectiva de género es un factor determinante de salud, el programa, inserto en la Dirección General de Salud del MSP, contempla las siguientes áreas: salud sexual y reproductiva, violencia de género, enfermedades crónico degenerativas, cáncer femenino, salud mental y género, condición del varón y salud de las mujeres.

La primera novedad es el cambio de modelo, que trasciende la maternidad, aborda a la mujer en su integralidad, e incorpora la condición del varón como una variable de la salud de las mujeres, a quienes la cultura enferma de manera específica.

Contempla también grupos con necesidades especiales, como rurales, migrantes internas y zafrales; trabajadoras, con énfasis en tareas insalubres e informales; mujeres en situación de discriminación sociohistórica, como lesbianas, pobres, afrodescendientes, etc.

La salud sexual y reproductiva abarca indicadores de situación, anticoncepción, maternidad y aborto sin riesgos, salud de adolescentes (en coordinación con el área educativa), climaterio y tercera edad.

“La maternidad y aborto sin riesgos son preocupaciones fundamentalísimas”, aseguró Grela, al cabo de un panel en el que participaron la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, la senadora encuentrista Mónica Xavier, la directora del Instituto Nacional de la Mujer, Carmen Beramendi, y Juan José Calvo, oficial de enlace del Fondo de Población de Naciones Unidas.

“Que no tengamos que lamentar más muertes por aborto inseguro”, expresó la coordinadora, asumiendo que en lo que va de 2005, por lo menos dos mujeres perdieron la vida por esa causa. La idea es profundizar en los márgenes de la normativa aprobada por el MSP en 2004, “y lo que podría venir si hay avances en la legislación”.

En materia de descentralización de servicios al primer nivel, para llevarlos lo más cerca posible de la gente, Grela anunció que se está en camino de poder acceder al examen de Papanicolaou en centros de atención del MSP de todo el país, y a la colposcopía en los de Montevideo.

También es novedosa la introducción de la violencia intrafamiliar y sexual como problema de salud, particularmente apuntando a su prevención. Consultorios ginecológicos, controles pediátricos, emergencias son referencias privilegiadas para detectar el problema. Que funcione depende en gran medida de capacitar al personal desde una mirada de derechos humanos.

En Uruguay no hay estadísticas, pero según datos de otros países, al menos un 30 por ciento de las mujeres que se atienden por cualquier otra causa, sufren diversos problemas de violencia en su hogar. El programa se propone aplicar, en lo que le es pertinente, el “Plan Nacional de Violencia Doméstica”, elaborado por el Consejo Consultivo que creó la Ley 17.514.

Presupuesto para el nuevo modelo

El Programa Salud de la Mujer y Género se elaboró “desde donde se atiende a la gente, no detrás de un escritorio”, lo que asegura la inclusión de acciones posibles y aceptables, enfatizó Grela. Y ese lugar es fundamentalmente el Hospital de la Mujer, que junto con el Hospital Pediátrico integra el complejo Pereira Rossell.

El 27 de mayo, a media tarde, las autoridades del centro hospitalario dieron la bienvenida a una delegación de la Bancada parlamentaria Femenina, integrada por Nora Castro, presidenta de la Cámara de Representantes, las diputadas Daniela Payssé, Sandra Etcheverry y Rosa Quintana (suplente de Roberto Conde), y la senadora Mónica Xavier.

El primer tema fue el presupuesto, prioritario en la agenda de operadores y legisladores. El director del centro, doctor Fernando Tomassina, precisó que se considerarían satisfechos con un 25 por ciento por encima de la asignación de l999, aunque alcanzaría para cubrir apenas los objetivos estratégicos. Si bien el Pereira Rossell experimentará un alivio en prestaciones de primer nivel que se descentralizarán, le llegarán crecientes consultas de mayor complejidad como centro de referencia de 2do. y 3er.nivel, aunque Ima León, directora del Hospital de la Mujer, aclare que se planea una coordinación con otros centros hospitalarios para evitar duplicaciones

En los últimos 3 años, la emergencia pediátrica vio crecer su demanda en un 25 por ciento, informó Beatriz Silva, directora del Hospital Pediátrico.

En ginecología ya hay servicios que no se pueden brindar, y lo mismo pasará con otros que prevé el nuevo programa, planteó a las legisladoras León, poniendo como ejemplo a los de salud sexual y reproductiva, por falta de tecnología y recursos humanos. A ellos se suma la preocupación por la anarquía reinante: la ausencia de protocolos de atención, la deja librada a cada técnico dentro de su consultorio.

La notable inversión en infraestructura ya realizada en el Pereira Rossell, que se traduce, entre otras cosas, en block quirúrgicos bien equipados, salas de recuperación, y la substitución de las colectivas de internación por otras con sólo dos camas y por lo tanto con mayor privacidad y confort. Un recorrido por las instalaciones permitió verificarlo, al tiempo que se puso en común la preocupación por la falta de enfermeras suficientes.

Coordinación institucional

Ya había caído la noche, cuando otra delegación de la Bancada Femenina se apersonó en el despacho de la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, que la recibió acompañada por el subsecretario del ramo, Miguel Fernández Galeano, la responsable de las unidades asistenciales de Montevideo, Miriam Contera, y la directora del Programa Nacional de Sida, María Luz Osimani. Esta vez las visitantes fueron las senadoras Margarita Percovich y Mónica Xavier, y las diputadas Nora Castro, Beatriz Argimón, Daniela Payssé, Lilián Kechichián y Rosa Quintana.

Aquí también el diálogo comenzó por el presupuesto quinquenal que se está elaborando para ser votado este año, y del cual depende el alcance efectivo de los cambios propuestos. Las legisladoras llevaron a la ministra su voluntad de apoyar las demandas presupuestales que requieren los objetivos, ejerciendo presión en tal sentido donde sea necesario.

También le fue entregado a la jerarca un informe sobre costos actuales de los tickets para exámenes preventivos de cáncer uterino y de mama (PAP y mamografía). Está vigente la ley que concede a las trabajadoras públicas y privadas un día de licencia con goce de sueldo para practicárselos, aunque reglamentada deficientemente. Pero el obstáculo para hacer efectivo el derecho es económico, y en tal sentido se manejó la posibilidad de implementar un ticket de copago preventivo que abata costos.

Por ley también está establecido el derecho al acompañamiento en el parto, pero no se conoce lo suficiente, y tanto parejas como madres de parturientas encuentran dificultades en los servicios, que tampoco contemplan debidamente el pudor de las usuarias y la necesidad de prevacía en la consulta.

Otro tema fue la urgencia de que se incluya a Uruguay en el Fondo Global de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, que en este momento asciende a 4.500.000 de dólares, y que por su carácter no reembolsable ayudaría mucho en la prevención de la pandemia. En 2002 ingresaron en él casi todos los países de América Latina, obteniendo un promedio de 20 millones cada uno. Uruguay fue excluido por tener un PBI alto, aunque si se lo compara con la deuda externa o el volumen de exportaciones, el resultado es mucho más terrible que el de muchos de los actuales beneficiarios.