En un tenso ambiente político, muchas organizaciones civiles exigen que Hormando Vaca Diez, presidente del Senado, renuncie a sus ambiciones presidenciales y que se nombre como mandatario al presidente de la Corte Suprema, quien, de acuerdo a la Constitución, está obligado a llamar a elecciones generales.

(Mujereshoy) En un intento por evitar más confrontaciones en Bolivia, el presidente Carlos Mesa pidió al jefe del Senado, Hormando Vaca Diez, que renuncie a sus ambiciones presidenciales. “Es una exhortación ante un país que está al borde de la guerra civil”, afirmó en un ardoroso mensaje televisado.

“En tu mano está mostrarle a Bolivia un rasgo de generosidad que hará historia, que te hará mucho más próximo a este pueblo que el seguir insistiendo en un camino imposible”, dijo. Hasta ayer Vaca Diez no había renunciado a la sucesión constitucional que lo haría presidente, a pesar de ser rechazado por todos los sectores sociales que actualmente paralizan el país.

Según la legislación boliviana, ante una dimisión presidencial debe asumir el cargo el jefe del Senado. Si éste renuncia a su privilegio, se hace cargo el titular de la Cámara de Diputados y, si no, el presidente de la Corte Suprema. Este último está obligado a convocar a elecciones anticipadas.

Ayer, el centro de La Paz volvió a ser escenario de otra multitudinaria manifestación y, ahora, pide la renuncia de Vaca Diez a la sucesión constitucional. Diez convocó a sus colegas a reunirse el próximo jueves en Sucre, porque en La Paz no habría seguridad.

Mesa aboga por una solución rápida para evitar un vacío de Estado y critica la decisión de Diez: “Él convoca al Congreso en la capital, Sucre, el próximo jueves, lo que da un tiempo de 48 horas en medio de una escenario de convulsión, en medio de un escenario explosivo, que ya marca un día más de espera en un país que está al borde de una guerra civil”.

Para la agencia Bolpress, la renuncia de Carlos Mesa o la dimisión de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Hormando Vaca Diez y Mario Cossío, respectivamente, no garantizan la pacificación del país y tampoco el adelantamiento de las elecciones presidenciales, que sólo prolonga la agonía.

Los sectores sociales movilizados en casi todos los departamentos de Bolivia desconfían del simple movimiento de fichas políticas, como siempre se ha hecho, y después de 20 años de sucesivas derrotas frente a los gobiernos de turno ahora se mantienen inflexibles en sus demandas principales: la nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea Constituyente.

“El cabildo (del lunes) ha sido claro y ha pedido el gobierno popular. No podemos estar de acuerdo con que sea presidente Hormando Vaca Díez, tampoco Mario Cossío, seguramente quedará en última instancia Eduardo Rodríguez (presidente de la Corte Suprema) el que convoque, aunque también la población en muchos casos no está de acuerdo con aquello. Entonces, por ahí no va a quedar otro camino que el mismo pueblo conforme un gobierno popular, como se habló ayer en el cabildo. Todos tenemos que unirnos en torno a un fin, el de que algún día tenemos que ser gobierno. Ni con las elecciones ni con la renuncia de Carlos Mesa se solucionan los problemas; sin embargo, si es que aquello se diera, creo yo que todos los sectores vamos a tener que unirnos y conformar una sola fuerza, porque si no estaríamos trabajando para los mismos políticos, para los mismos ladrones que desde hace años nos están gobernando”, dijo a Bolpress Abel Mamani, líder de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, por ahora la vanguardia de lucha popular en Bolivia.

Críticas

Ximena Machicao, actual coordinadora general de la Red de Educación Popular entre Mujeres, en tanto ciudadana boliviana, criticó la cobertura de una agencia informativa sobre la situación en Bolivia al considerar “absolutamente irresponsable en hacer solo a unos los culpables de todo y liberar de manera sesgada la responsabilidad de los dirigentes de los movimientos sociales, de los cívicos, de los gremiales, sindicatos y otros, que quieren acabar con la democracia, pero que no quieren acabar con la pobreza de las grandes mayorías, que quieren enfrentarnos a una guerra civil racista sin sentido y que no quieren solucionar los problemas en un Estado de derecho unitario”.

Para Machicao, “nadie niega que son absolutamente justas las reivindicaciones y demandas de la mayoría de la población boliviana históricamente excluida y discriminada, nadie, pero esas demandas sólo podrán ser solucionadas en un sistema democrático transformado, donde se respeten los derechos de todas y de todos los bolivian@s y no con posiciones fundamentalistas que es la actitud actual y la consigna perversa de todos los sectores en conflicto radicalizados que nos están encaminando a mayores grados de violencia, muerte y destrucción”.

“Los medios de comunicación, las agencias de información –prosigue diciendo la ex directora ejecutiva del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer de Bolivia–, tienen que ser responsables y tratar de generar equilibrios que ayuden a la pacificación del país y no hacer todo lo contrario. Casi siempre se equivocan y quedan en la absoluta impunidad y en cómplices abiertos de situaciones que ningún país debería vivir, como son los enfrentamientos armados, las guerras civiles, que posiblemente hoy nos toque vivir como país, como ya sucedió en muchos países de nuestra región. Ya nadie dice nada, pasan anecdóticamente, no nos sorprende, hay que dejar que pase el tiempo para olvidar, estamos en la crónica roja y se justifica ‘ideológicamente’ de un lado o del otro, como siempre se justificaron las guerras y los conflictos armados: ‘hay que matar al que piensa diferente a nosotros, porque es la única manera de tener el control del poder total para gobernar’…”

“Este pensamiento es fascista, fundamentalista y no importa de qué sector social venga –señala Machicao– es fascista y del fascismo sabemos todos en esta humanidad, por los costos nefastos que esta humanidad tuvo que pagar en el pasado, en el presente y que seguramente las nuevas generaciones tendrán que pagar en el futuro”.

“Defender la vida humana como principio político es una posición ética irrenunciable y si esto fuera posible de hacer, se podría devolver la esperanza a millones de millones de personas que quieren vivir en condiciones de igualdad, de equidad, de justicia, pero también quieren vivir en paz, en libertad, con dignidad y respeto, esto además de ser un derecho humano indiscutible, es una apuesta a la vida y por la vida y por la urgente necesidad que tengo de mantener cierta esperanza para que Bolivia no se desangre”, termina diciendo Ximena Machicao.

ONG piden elecciones generales inmediatas

Por su parte, un conglomerado de organizaciones no gubernamentales (ONG) hizo llegar a todos los medios de comunicación un comunicado en el que exige convocar a elecciones generales para renovar el Poder Ejecutivo y el Legislativo, como única manera para pacificar el país.

Las ONG señalan que ante la dramática situación que vive el país, “exigimos al Congreso Nacional que permita la única solución política posible en las actuales circunstancias: Elecciones Generales para renovar el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo, salida que requiere la renuncia a la sucesión presidencial por parte del Presidente del Congreso Nacional, Hormando Vaca Diez y del presidente de la Cámara de Diputados Mario Cossío, para que asuma la presidencia el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, con el claro mandato de convocar a elecciones nacionales a la brevedad posible.”

“Esta es la única alternativa que permitirá restaurar condiciones básicas de convivencia social y política, que hagan posible encarar la realización de la Asamblea Constituyente y el referéndum autonómico y como parte central de esta agenda, la definición de una política nacional de consenso en relación a nuestros hidrocarburos”, continúa el comunicado.

De acuerdo a las ONG, la situación actual requiere fomentar el dialogo como base de la resolución de conflictos; respeto y tolerancia a las ideas de todos y todas los bolivianos; sumar esfuerzos para construir un país sin racismo, sin excluidos y con ciudadanos y ciudadanas con iguales derechos; demandar a los medios de comunicación ser instrumentos de paz y no de violencia.

Finalmente, las organizaciones exhortan a los líderes sociales y políticos a deponer las actitudes intransigentes.

La carta pública está firmada por más de 120 organismos sociales, entre los cuales se encuentran la Coordinadora de la Mujer, CIPCA, CIES, Centro Juana Azurduy, IFFI, CEDEFOA, CEPROMIN, Centro Gregoria Apaza, Fundación La Paz, la Casa de la Mujer, Promujer, Procosi, Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE), Red Nacional de Trabajadoras de la Información y Comunicación Red-Ada, Plataforma de la Mujer, Foro Político de Mujeres, entre muchos otros.