El juicio oral y público que se le sigue a la joven argentina Romina Tejerina, quien mató a su bebé recién nacido producto de una violación, reabrió el debate sobre la necesidad de despenalizar el aborto en casos específicos. En Argentina sólo hay dos casos en los que el aborto no es punible: cuando la vida de la madre está en riesgo y por violación de una mujer “demente” o “idiota”.

(Mujereshoy) Romina no es “demente” ni “idiota”. Tampoco tuvo dinero suficiente para pagarse un aborto, ni la información necesaria para recurrir a otros métodos como la píldora del día después. Se quedó sola con su angustia y un embarazo no deseado: tras un aborto espontáneo, terminó matando al bebé.

Su caso terminó en un juicio oral. Algunos consideran que Romina debe ser castigada con una dura pena. Otros señalan que se trata de un grave problema social y, por lo tanto, no merece una condena judicial.

La fiscalía pide prisión perpetua

La fiscal Liliana Fernández de Montiel solicitó este viernes la pena de prisión perpetua para Romina Tejerina. En cambio, la defensa solicitó su absolución. Y para esta tarde se prevé el fallo.

Fernández de Montiel sostuvo que Tejerina asesinó a su beba “en perfecto uso de sus facultades mentales”, con lo cual rechazó el principal argumento de la defensa, que sostiene que lo hizo en medio de “un brote psicótico”.

De acuerdo con la fiscal, “Romina Tejerina comprendía la criminalidad del acto que realizaba” y que “no hubo brote psicótico ni disociación de la conciencia ni síntomas postraumáticos”.

“No hubo amnesia ni antes ni durante ni después del hecho, había precisión de datos, (Tejerina) se encontraba en perfecto uso de sus facultades mentales”, agregó.

Al escuchar el alegato de la fiscalía, Tejerina estalló en lágrimas. Sus familiares expresaron su airado rechazo a la solicitud de prisión perpetua con gritos e insultos, y la audiencia debió ser suspendida en forma transitoria.

Durante su exposición, Fernández de Montiel consideró que “no hay prueba alguna que sostenga que la beba” asesinada el 23 de febrero de 2003, “haya nacido producto de una violación”.

Además, indicó que tampoco está probado que el supuesto autor del abuso, Eduardo Emilio Vargas -vecino de Tejerían-, se haya encontrado con la mujer en un boliche de San Pedro de Jujuy, tras lo cual se habría cometido la violación denunciada.

En el transcurso de la audiencia oral y público que se desarrolla en San Salvador de Jujuy, la fiscal expresó en su alegato que la beba tenía “entre 34 y 35 semanas de gestación” cuando fue atacada a cuchilladas, por lo que la fecha de concepción debería ser entre el 4 y el 11 de julio, y no el 1 de agosto, como asegura la acusada.

Previamente, la abogada Mariana Vargas, defensora de Tejerina, sostuvo que su clienta “debe ser absuelta, que no puede ser condenada, porque sufrió un episodio psicótico en el momento” de asesinar a su bebé recién nacido.

“Todo lo que rodeaba el embarazo era muerte, y Romina no le pudo dar a ese hijo la significación de hijo y era inevitable la muerte”, sostuvo Vargas en declaraciones radiales antes de la audiencia.

La acusada, hoy de 21 años, ocultó su embarazo y también la violación hasta el día del parto, en tanto que el hombre al que acusó de violador fue sobreseído por la justicia. Desde entonces, la joven está en prisión y se la juzga por el presunto delito de “homicidio agravado por el vínculo”.

La posición frente al aborto

Muchas organizaciones están apoyando a Romina Tejerina. Tal es el caso de la Red Informativa de Mujeres Argentinas, la que impulsa la absolución de Tejerina.

Su pedido se basa en la necesidad de despenalizar el aborto en casos puntuales, para que no ocurran otros episodios como el de Romina. La organización sostiene que “es necesario pensar, debatir y poner en ejecución estrategias efectivas para que el aborto seguro deje de ser un privilegio de las mujeres que tienen recursos para pagarlo”. Y advierte que es la manera de evitar que el aborto peligroso siga siendo “la primera causa de muerte por gestación para las mujeres pobres”.

En Argentina, el tema tuvo su momento crítico a fines del año pasado, cuando el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que la despenalización del aborto evitaría las intervenciones clandestinas y sus riesgos.

Esto provocó el rechazo y la réplica del presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz del Vaticano, cardenal Renato Martino, de visita en el país.

González García dijo que con la despenalización “probablemente mejoraríamos los tratamientos” vinculados a esa intervención. Igual, admitió que es “una medida tan fuerte que no puede tomarla sólo la salud pública”.

A los pocos días, ante la controversia que se generó, el presidente Néstor Kirchner salió a aclarar que desde el Gobierno no se impulsaba ningún proyecto abortista. Y aprovechó para destacar que su posición “siempre fue clara de rechazo al aborto”, aunque agregó que en el tema “hay libertad de conciencia”.

El debate fue cobrando fuerza y a fines del mes pasado, con el respaldo de unas 70 organizaciones no gubernamentales, se lanzó una campaña para despenalizar el aborto y pedir la realización de esta intervención en el sistema público de salud.

A esto hay que sumarle el proyecto presentado el año por la senadora Vilma Ibarra, que propone modificar el artículo 86 del Código Penal. La idea es que no sea punible en varios casos específicos:

1) “Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”.
2) “Si el embarazo proviene de la comisión de un delito contra la integridad sexual”.
3) “Si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina del feto”.

La polémica está abierta y la condena o absolución de Romina Tejerina promete ahondar el debate social.