Cada año, miles de personas bolivianas de entre 6 y 20 años de edad son vendidas, transportadas, retenidas, obligadas a trabajar y a prostituirse contra su voluntad. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) considera que Bolivia no ha tomado las medidas para prevenir el tráfico ilegal de personas.

(Mujereshoy) Las organizaciones defensoras de derechos humanos de más de 20 países de América Latina y Europa se encuentran reunidas en La Paz en el seminario taller “Estrategias contra la Trata y el Tráfico de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres”, para formular recomendaciones y estrategias tendientes a combatir y frenar la trata de personas.

La trata de personas es el tercer delito más común a nivel internacional, después del tráfico de órganos y de armas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ubicó a Bolivia, en un estudio sobre el tráfico ilegal de personas que concluyó en enero pasado, en el denominado “tercer nivel”.

Según la ministra de Desarrollo Sostenible de Bolivia, Irma Peredo, esta calificación implica que “el país no tomó medidas y acciones de prevención, tratamiento y recuperación de las víctimas de trata y tráfico de personas”.

Peredo dijo que por esas razones el gobierno de transición del presidente Eduardo Rodríguez tiene la “firme decisión” de establecer mecanismos nacionales e internacionales para combatir la trata y el tráfico de personas.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales consideran el fenómeno de la trata y el tráfico de personas como una actividad criminal encubierta con conexiones transnacionales.

“Lo preocupante es que dentro de esa actividad criminal, Bolivia empieza a ser un país de tránsito y de origen donde se producen esos hechos”, dijo la ministra, al precisar que particularmente jóvenes mujeres de Beni y Pando han sido víctimas de esas redes de prostitución.

Estudios sobre el tema evidenciaron que a los canales conocidos de reclutamiento para redes de prostitución, como falsas agencias de empleo o agencias matrimoniales, muchas de ellas a través de la Internet, se suma el hecho de que hay casos en que los mismos familiares son los que intervienen en la venta de la víctima.

La titular del Ministerio de Desarrollo Sostenible puntualizó que su despacho, mediante el Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad, ha iniciado un proceso de construcción de las bases para afrontar ese flagelo, que comenzó con una investigación realizada sobre tráfico de niños, niñas y adolescentes con fines de violencia sexual comercial y pornografía en la red Internet.

“La problemática del tráfico de niños, niñas y adolescentes con fines de violencia sexual comercial, cuya demanda en el país no se ha podido cuantificar con exactitud debido, se ha incrementado con gran fuerza en los últimos años debido especialmente a la crisis económica que golpea al mundo y al país en particular”.

Trata de personas está vinculada al crimen organizado

El consultor Erick Roth, participante del seminario taller, señaló que la trata de personas está vinculada con actividades del crimen organizado, con la corrupción, y muchas veces con la protección oficial pagada.

Roth, en base al documento elaborado en concordancia con la Organización Internacional para las Migraciones OIM/Bolivia y la Organización de Estados Americanos (OEA), precisó que las redes de trata de personas han desarrollado procedimientos y estrategias extremadamente sutiles que comprometen las definiciones convencionales del problema y que obligan a la consideración y el debate de estas otras formas que afectan el “consentimiento” de las personas a ser desplazadas con fines de explotación disfrazando su condición de víctimas.

El expositor subrayó que la trata de personas no se encuentra adecuadamente tipificada en la legislación boliviana, lo que dificulta el control del problema por la vía jurídica.

Por otra parte, apuntó que Bolivia en este momento presenta una imagen de franca desatención de los convenios y tratados internacionales, y que existen varios acuerdos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes no ratificados.

Además, señaló, el proceso operativo que garantiza el cumplimiento de los derechos es mínimo, en razón de la falta de recursos financieros y humanos.

Para el consultor, la migración como práctica social es para la población boliviana una estrategia económico-social de sobrevivencia en la búsqueda de mejores niveles de vida, particularmente en las áreas rurales. En ese contexto, la trata intra-nacional es un problema de gran magnitud, particularmente del campo a los principales centros urbanos.

Consideró, además, que la trata de personas está estrechamente ligada a problemas tales como la explotación sexual comercial, la explotación laboral, la servidumbre doméstica y el comercio de recién nacidos, por lo que e

Recomendó una mayor mayor coordinación entre los distintos actores (públicos y privados) y señaló que el viceministerio de Niñez, Juventud y Tercera edad debe liderar la formulación de políticas mientras que las oficinas de las Defensorías deben dirigir el proceso operativo.

El consultor también precisó que en tanto país de origen, destino y tránsito de migrantes, Bolivia tiene como destinos internos los principales centros urbanos del país, mientras que los externos son Argentina, Brasil y Europa (España).

Respecto a Bolivia como origen en la trata interna y explotación sexual comercial, dijo que los factores que la impulsan son la búsqueda de mejora de los niveles de vida, la vulnerabilidad, el sistemático abuso y maltrato, las violaciones, las relaciones familiares conflictivas.

Las estrategias de reclutamiento incluyen empresas de colocación laboral (agencias de empleo), engaño, promesas de altos ingresos económicos, fuentes laborales engañosamente atractivas que no son cumplidas; influencia social y familiar (presión de padres, consentimiento de padres); coerción económica, extorsión y endeudamiento.

Respecto al perfil de las víctimas de esta práctica, anotó que éstas son mujeres adolescentes, jóvenes y adultas, con bajos niveles de educación y con necesidades básicas insatisfechas.

Las consecuencias para las víctimas son muchas y graves, entre las que señaló la interrupción de la escolaridad, los embarazos no deseados, la exposición a enfermedades de transmisión sexual, el impacto negativo en la autoestima, los sentimientos de culpa, el autoconfinamiento, las disonancias cognitivas, la dependencia y el inicio de consumo de drogas legales e ilegales.