(Mujereshoy) La Relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Susana Villarán, quien actualmente se encuentra en Guatemala, manifestó su preocupación por los niveles de impunidad existentes en el país centroamericano, así como por la inacción del sistema judicial frente a la violencia generalizada.

La vicepresidenta de la CIDH realiza, desde el domingo último, una visita oficial al país, para conocer la situación de los derechos humanos. Durante estos días, ha tenido reuniones con el Presidente de la República, Óscar Berger, funcionarios de justicia y dirigentes sociales.

Una de las mayores preocupaciones mostradas por la funcionaria internacional es el alto índice de feminicidios (asesinato de mujeres sólo por el hecho de serlo) y de violencia contra la mujer, las amenazas contra defensores de los derechos humanos y periodistas, así como la falta de investigación de esos hechos por parte de la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial.

Según la Relatora Villarán, existen deficiencias en la investigación en relación con las amenazas, hostigamientos y los asesinatos de defensores. Agregó que, a pesar de la gravedad de estos hechos, el Estado no ha actuado de manera diligente.

Este panorama preocupa desde hace mucho tiempo a la Comisión; en el último informe rendido sobre Guatemala, se hacía referencia a los altos niveles de impunidad, preocupación que ha sido trasladada al mandatario Berger, señaló Villarán.

La funcionaria internacional agregó que a pesar de que se ven esfuerzos para combatir el problema, estos son insuficientes, ya que no están a la altura de los desafíos que tiene Guatemala respecto a la violencia generalizada.

La relatora, quien en diciembre próximo dejará su cargo, señaló que en Guatemala sólo el cinco por ciento de las denuncias llegan a tener sentencia, lo que implica que un 95 por ciento de los delitos denunciados quedan en total impunidad.

Aprovechando la visita de Villarán, el Colegio de Abogados de Guatemala (CANG) le hizo llegar su preocupación por la situación de violencia e impunidad que vive el país, especialmente por el creciente número de asesinatos de abogados y mujeres.