Cinco casos de violación a los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres se presentaron en el primer Tribunal Regional ético político para hacer visible la discriminación que afecta a cientos de miles de latinoamericanas. El tribunal quiere impulsar en toda América Latina el respeto de los derechos de las mujeres.

(Mujereshoy) El Tribunal Regional por los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de las mujeres, una experiencia inédita sobre la exigibilidad de esos derechos en la región, se realizó en Lima, en uno de los salones del Parlamento peruano, el pasado 15 de julio.

Se trata de un tribunal regional de carácter simbólico, en el que participan seis países sudamericanos. Su objetivo es llamar la atención de los gobiernos de Bolivia, Chile, Colombia, Argentina, Perú y Ecuador sobre la necesidad de mejorar las condiciones políticas y jurídicas de las mujeres en esos países.

El tribunal agrupa a especialistas de varias disciplinas, como médicos, historiadores y sociólogos, y buscará ampliarse en los años siguientes. El propósito es mostrar –a través de casos de violencia y discriminación– las graves injusticias que se cometen contra las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado, y que merecen justicia y reparación.

El tribunal mostró cinco casos: la existencia de centros siquiátricos de rehabilitación que pretenden curar la homosexualidad femenina en Ecuador, el rechazo recibido por una mujer que deseaba abortar un feto anacefálico, la esterilización forzosa de las mujeres portadoras del virus del SIDA en Chile; la violencia física y sicológica ejercida por los patrones sobre una mucama en Bolivia y la violación de los derechos elementales del trabajo en una empresa bananera en Colombia.

El tribunal simbólico está basado en tribunales nacionales de los seis países, organizados por asociaciones no gubernamentales de defensa de la mujer, en programas acordados con los gobiernos.

Para Ana Lucía Herrera, coordinadora regional de esta articulación, este tribunal busca “crear conciencia y reflexión, a través de estos ejemplos simbólicos, sobre el futuro de la mujer en América Latina”.

Herrera indicó que este Tribunal es un producto de tres años de trabajo en que se ha generado un proceso de apertura para la actoría política de las mujeres de la región en la defensa de sus DESC.

“Esta iniciativa nació como un proyecto político feminista para aportar nuestra visión y perspectiva en la lucha por la exigibilidad y judicialización de nuestros DESC”, puntualizó, la también representante del Taller Comunicación Mujer de Ecuador. Junto con esta institución, otras seis han venido trabajando laboriosamente para llegar hasta la culminación de este importante hito que es el Tribunal Regional, acumulando en sus países experiencias de articulación, sensibilización y producción de conocimientos.

Estas son la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos y Corporación Casa de la Mujer de Colombia, Corporación Humanas de Chile, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género de Argentina, y Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, DEMUS, de Perú.

El jurado del Tribunal Regional estuvo integrado por un equipo multidisciplinario y de reconocida trayectoria en el campo de los derechos humanos, en dimensiones como el proceso de rendición de cuentas, la protección del derecho a la identidad sexual, la experiencia en el uso del sistema interamericano de DDHH, así como la inclusión de la perspectiva de la academia y de la sociología.

Las juezas y jueces fueron Mariclaire Acosta, experta en DDHH de indígenas, trabajadores migrantes, campesinos y mujeres; Luisa Cabal, directora del Programa Internacional del Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York; Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas; Roberto Gargarella, abogado y sociólogo, doctor en derechos en universidades de Buenos Aires y Chicago, y Alejandra Sardá, coordinadora del programa para América Latina y el Caribe de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas.

Este Tribunal establecerá las responsabilidades que le compete al Estado por no crear las condiciones necesarias para la concreción y goce de los DESC en la vida de las mujeres de la región de América Latina. E igualmente, señalará en forma específica las que compete a los sectores públicos por cargar sobre la población femenina obligaciones que no le corresponden y que se originan en el recorte presupuestal del gasto social en los países.